Dos días después, el 18 de septiembre, la JEP dictó otra sentencia histórica en el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, concretamente en el subcaso del Batallón La Popa en la Costa Caribe de Colombia.

Entre 2002 y 2005, los oficiales de La Popa ejecutaron al menos a 135 civiles –campesinos, afrocolombianos y jóvenes indígenas– que luego fueron falsamente reportados como guerrilleros muertos en combate. El tribunal identificó dos patrones macrocriminales: la complicidad con grupos paramilitares para que estos entregaran a las víctimas y la persecución sistemática de civiles vulnerables para inflar los resultados de combate.

Doce oficiales fueron condenados a sanciones propias de cinco a ocho años. No se trata de los comandantes del Ejército, ya que el macrocaso nacional determinará la responsabilidad de quienes ocuparon cargos más altos, y los que se nieguen a reconocer los hechos se enfrentan a penas de hasta veinte años de prisión. Pero este subcaso es importante: establece la responsabilidad de agentes del Estado, desmonta la narrativa de las «manzanas podridas» y pone al descubierto la criminalidad sistemática dentro de las estructuras militares.

Sus sanciones combinan restricciones de libertad con proyectos de reparación, que incluyen: (i) un Plan Conmemorativo de la Costa Caribe, que comienza con un mausoleo de 700 osarios en Valledupar; un Centro Cultural Wiwa y una Casa de Armonización Kankuamo para la restauración cultural indígena; casas multifuncionales para apoyo psicosocial y memoria comunitaria, y proyectos productivos y de medios de vida para fortalecer las comunidades.

Lo que hace que la sentencia sea extraordinaria no son sólo las sanciones, sino la forma en que se presentaron al público. La lectura pública de la sentencia se convirtió en sí misma en un acto de reparación simbólica. No solo incluyó un razonamiento jurídico, sino que inició con una evocación poética:

«La tierra seca se le quedó atascada entre los dedos de los pies… Observado por una brisa solitaria, el abuelo Mario cerró los ojos y esperó… Abrazó esa imagen mientras la cuerda se tensaba en su garganta enrojecida».

El poema remite al caso de Carlos Mario Navarro, joven indígena wiwa ejecutado por soldados del Batallón La Popa en 2004, y evoca el suicidio de su abuelo tras conocer la noticia de su muerte. A través de este relato, la sentencia incorpora una dimensión narrativa que reconoce la profundidad del daño ocasionado y su transmisión intergeneracional. En el texto judicial se nombran una a una las víctimas y se explicita el reconocimiento del dolor de cada familia, configurando el fallo como un acto de memoria y de acompañamiento institucional al duelo colectivo.

Al incorporar la poesía y los testimonios dentro del lenguaje judicial, el tribunal dotó la sentencia de un carácter ritual y conmemorativo. La decisión se configuró como un espacio simultáneo de sanción, duelo y reconocimiento, en el que la función judicial asumió también una dimensión simbólica orientada a la reparación y a la reconstrucción del sentido colectivo de la justicia.