Esta no es la primera vez que la CIDH decide que un Comisionado no debe conocer las situaciones de un determinado país. En 2007 en la Resolución 03/07, la CIDH decidido que el entonces Comisionado Freddy Gutiérrez Trejo, de Venezuela, fuera relevado de sus atribuciones de Comisionado Relator temático y de país.  Esta resolución sería el primer antecedente en que la CIDH de forma pública, no sólo retira de las funciones de Relator a una persona Comisionada, sino que, además, reafirma el compromiso ético y legal de éstas. Si bien las situaciones en que se dictaron las resoluciones en comento son diferentes, lo cierto es que guardan una interrelación, dado que las resoluciones versan sobre la calidad que debe tener una persona que es Comisionada, y sobre sus deberes e imparcialidad para el cargo.

La CIDH, o al menos su Junta Directiva, conoció de alegaciones de falta de independencia, imparcialidad y potencial conflicto de interés por parte del Comisionado Bernal Pulido en su carácter de Relator de El Salvador, inclusive antes que éste buscara su reelección. Según el Informe Final del Panel Independiente para Evaluar Candidaturas a los Órganos del SIDH 2025, de mayo del 2025, al evaluar las credenciales del Comisionado Bernal Pulido, señaló que al menos treinta y seis (36) organizaciones de la sociedad civil de El Salvador y Honduras solicitaron a la Junta Directiva que se releve al Comisionado Bernal Pulido de Relator de El Salvador por tres razones:

A) Sus votos disidentes afectaron su integridad como Relator y las decisiones sobre la situación de derechos humanos del país.

Las organizaciones indicaron que su voto disidente en el Informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador desacreditó el testimonio de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, cuestionando su legitimidad y alegando que la CIDH no siguió un rigor metodológico para la selección de aquellos que fueron incorporados al documento.

Asimismo, afirmaron que la situación de graves violaciones de derechos humanos de El Salvador a consecuencia del régimen de excepción, en donde se han cometido detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre otros aspectos, permitían arribar a la conclusión a que llegó la CIDH en su informe y que el voto de Bernal Pulido es incompatible con el análisis de derechos humanos.

B) Sus posiciones públicas que desacreditan el trabajo de la sociedad civil y contradicen conclusiones y recomendaciones de la CIDH sobre ese país.

En intervenciones públicas el Comisionado Bernal Pulido favoreció las posturas estatales, incluso cuando contrarían las recomendaciones de la CIDH. Destacaron, por ejemplo, el testimonio que rindió en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos sobre el estado de excepción en El Salvador, en el que afirmó que el estado de excepción “ha sido una política efectiva para disminuir la criminalidad de las pandillas”, sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas en ese contexto contradiciendo el informe de la CIDH.

En una audiencia pública del 191° periodo de sesiones de la CIDH sobre institucionalidad democrática en El Salvador, pareció justificar la figura de la reelección, aun cuando en ese país la reelección se realizó incumpliendo las normas constitucionales. Es paradójico que sólo dos horas después de dicha audiencia, en una sobre reforma judicial en México, manifestó la reforma sería un caso de manual de constitucionalismo abusivo para desmotar los contrapesos en dicho país. Lo que pondría de manifiesto su doble estándar frente a realidades de características similares

C) Desinterés por promover un diálogo constructivo, poca apertura para escuchar las preocupaciones de las víctimas de violaciones a derechos humanos y escaso contacto con la sociedad civil salvadoreña.

Las organizaciones señalaron que el voto en comento las deslegitimó, colocándolas “en una posición de mayor desprotección frente un gobierno que acosa e intimida de forma permanente”. Lamentablemente, se desconoce la respuesta de la CIDH a dicha carta, pero a la fecha Bernal Pulido continúa siendo Relator para El Salvador. Pero la imparcialidad tiene por objetivo prevenir potenciales conflictos reales o aparentes, y mantener la apariencia de neutralidad.

Emitir una resolución interpretando el artículo 17 de su Reglamento a la luz de una percepción de parcialidad es un acto de transparencia de la CIDH para con todas las personas usuarias del Sistema Interamericano. La imparcialidad, de una persona que ostenta un cargo tan relevante para la efectividad de los derechos humanos en la región no puede ser tomado a la ligera y debería al menos evitar cualquier atisbo de cuestionamientos.

Lamentablemente, desconocemos de qué forma la CIDH procedió para garantizar la apariencia de neutralidad del Comisionado Bernal Pulido ante lo planteado por 36 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, resoluciones anteriores de la CIDH nos recuerdan que el compromiso ético y legal, así como la percepción de imparcialidad y la apariencia de neutralidad, son imperativos y no negociables, mucho menos cuando se trata de la credibilidad del máximo órgano de monitoreo de derechos humanos en las Américas.

En momentos de graves retrocesos en materia de derechos humanos en las Américas, es importante que la CIDH atienda de forma expedita cualquier cuestionamiento que pueda afectar la credibilidad e imparcialidad de alguno de sus miembros y, por ende, la suya. La responsabilidad institucional también implica realizar los ajustes necesarios para que quienes han sufrido violaciones a derechos humanos cuenten con relatores independientes e imparciales, y no meros espectadores del declive democrático y de las graves violaciones de derechos humanos en un Estado.