Una institución viciada de origen. El poder judicial recién elegido en México
12 de Junio de 2025
«La elección judicial en México, promovida por el partido gobernante, MORENA, carece de legitimidad democrática y constitucional, marcada por manipulación, baja participación, opacidad en candidatos y advertencias internacionales sobre su modelo.»
El 1 de junio fue un día histórico para México. El pueblo mexicano -o, más exactamente, alrededor del 13% del electorado– acudió a las urnas para elegir democráticamente por primera vez a sus jueces. Los 2681 cargos públicos recién elegidos, que se darán a conocer en las próximas semanas, prestarán servicio en el poder judicial local y federal, incluida la Corte Suprema, y resolverán todo tipo de litigios.
Para muchos, incluyéndome, la elección judicial sin precedentes que tuvo lugar el pasado domingo representa la culminación de los esfuerzos de MORENA, el partido en el poder, por capturar al poder judicial. Es una parte central de un intento más general de socavar o incluso eliminar las instituciones que sirven de contrapeso a su poder y que, de otro modo, salvaguardarían el Estado de Derecho. Sin embargo, para quienes creen en la narrativa del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la enmienda constitucional que somete los nombramientos judiciales al voto democrático fue un paso indispensable para superar la principal causa de los fracasos del sistema de justicia mexicano: sus jueces corruptos y privilegiados. La enmienda acabaría por fin con el nepotismo en el poder judicial y rompería sus vínculos con la élite económica y el crimen organizado. Garantizaría, en cambio, que los jueces sirvan al pueblo mexicano. Y, sobre todo, lograría el principal objetivo planteado en la iniciativa de la reforma judicial: dotar a la judicatura de la legitimidad e independencia necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones en la democracia constitucional mexicana.
Sólo el tiempo dirá si la enmienda estará a la altura de estas expectativas. Ya he argumentado anteriormente en este blog que un análisis de su contenido no sólo debería causar escepticismo, sino también profunda preocupación. En esta ocasión, en lugar de centrarme en el contenido de la reforma, me enfocaré en el procedimiento mediante el cual fue adoptada y en el reciente proceso electoral que autorizó. Afirmaré que, no obstante la promesa de MORENA de que la reforma otorgaría a México una judicatura fortalecida, lo que está obteniendo es un poder judicial recién electo cuya legitimidad ha sido viciada de origen.
En teoría, una fuente importante de legitimidad del nuevo poder judicial es el hecho de que surgió a través de una enmienda constitucional. Los intentos similares de socavar el poder judicial en otras jurisdicciones se han realizado normalmente a través de procedimientos legislativos ordinarios, como en Polonia e Israel, o incluso a través de actos claramente ilegales. El hecho de que la reforma judicial mexicana se adoptara a través de un proceso que requería una super mayoría de 2/3 de los votos de los presentes en ambas cámaras del Congreso, además de la aprobación de la mitad de las legislaturas estatales, sugiere un amplio apoyo de diferentes fuerzas políticas. También sugiere que MORENA sigue parcialmente comprometido con el ideal del Estado de Derecho; aunque adoptó un cambio institucional radical que amenaza seriamente el sistema de pesos y contrapesos, lo hizo a través de los mecanismos legales existentes establecidos en la Constitución mexicana.
Sin embargo, atribuir legitimidad procesal al poder judicial recién elegido por estas razones sería un error. Aunque la Constitución mexicana es muy rígida en teoría, en realidad ha sido extremadamente flexible en la práctica (ha “sufrido” más de 700 enmiendas desde que fue aprobada en 1917). Además, dejando eso de lado, aquí está en juego una preocupación más fundamental: como ya se ha explicado en este blog, la aprobación de la reforma constitucional sólo fue posible por medio de la manipulación del sistema electoral y la presunta extorsión a miembros de la oposición.
El artículo 54 de la Constitución establece un límite a la sobrerrepresentación: ningún partido puede obtener un porcentaje de escaños en la Cámara de Diputados que supere en 8% los votos nacionales que obtuvieron en la elección. Esta prohibición, sin embargo, no se aplica explícitamente a las coaliciones, lo que permitió a MORENA y sus aliados cometer lo que los expertos han llamado un fraude constitucional. Se presentaron como coalición con la estrategia electoral deliberada de evitar la prohibición constitucional y maximizar los escaños que obtendrían. Aunque la estrategia se ajusta a una interpretación literal -y superficial- de la disposición constitucional, socava su propósito. Y lo hizo de manera extremadamente exitosa: mientras MORENA y sus aliados obtuvieron el 54.7% de la votación nacional, ganaron el 72.8% de los escaños en la Cámara de Diputados, más que suficiente para aprobar una reforma constitucional en esa Cámara.
Esta estrategia, sin embargo, no les bastó para obtener la super mayoría requerida en el Senado, donde obtuvieron 83 de los 128 escaños. MORENA logró convencer a dos miembros de la oposición para que cambiaran de partido y votaran a favor de la enmienda. Pero, para aprobar la reforma judicial, aún necesitaban asegurarse de que un miembro más de la oposición votara a favor de la enmienda o no asistiera a la sesión de votación. La evidencia recopilada sugiere que MORENA logró estos objetivos de manera ilegal. Daniel Barreda, Senador del partido Movimiento Ciudadano no asistió a la sesión. Él alega que su padre fue detenido esa misma mañana y que, cuando acudió a auxiliarlo, lo incomunicaron y lo amenazaron: si acudía al Senado a votar la reforma judicial, su padre sería procesado penalmente. Adicionalmente, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), informó repentinamente que se encontraba enfermo y solicitó que su padre y suplente se incorporaran a la sesión en su lugar. Su padre anunció que votaría a favor de la reforma judicial. Momentos después, Miguel Ángel Yunes Márquez se recuperó “milagrosamente” y aportó el último voto que MORENA necesitaba. Se sospecha que MORENA ofreció detener las investigaciones penales contra el senador y su familia a cambio de su voto.
El desprecio que MORENA mostró a la Constitución y al proceso político continuó durante la selección de candidatos a juzgadores. Esto es así porque 1/3 de los candidatos que se postularon el pasado domingo, 1 de junio, no fueron realmente seleccionados en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución reformada.
De acuerdo con este artículo, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno debían establecer comités de evaluación con la tarea de elaborar una lista de los mejores candidatos para cada puesto disponible. Los candidatos que se presenten a las elecciones se determinarían entonces por sorteo a partir de estas listas. Aunque este sistema no es un sustituto adecuado de la experiencia, los cursos y los exámenes que se exigían en el anterior sistema de carrera basado en los méritos profesionales, intentaba garantizar que los jueces elegidos tuvieran las cualificaciones mínimas necesarias para desempeñar sus funciones.
Se instalaron los comités de evaluación de cada poder del Estado y comenzaron a evaluar a los candidatos. Pero jueces federales emitieron medidas cautelares ordenando suspender la evaluación hasta que resolvieran varios amparos en los que se evaluaba la constitucionalidad de la reforma judicial y de la remoción masiva de jueces. Los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo se negaron a acatar la medida cautelar, la cual adujeron era ilegal. Por el contrario, el comité del poder judicial decidió suspender su proceso de selección hasta que la medida cautelar fuera modificada o revocada por una autoridad competente.
El Tribunal Electoral, que recientemente ha resuelto sistemáticamente a favor de los intereses de MORENA, no tiene facultades para revisar las decisiones tomadas en los juicios de amparo. Sin embargo, declaró que las medidas cautelares eran inválidas y, a continuación, instruyó al Senado para que se saltara el proceso de evaluación exigido por la Constitución y seleccionara a los candidatos del poder judicial por insaculación. Lo hizo a pesar de que MORENA había añadido una disposición transitoria en la reforma que obliga a interpretarla literalmente y prohíbe modificar sus términos o su eficacia (por temor a que los jueces interpretaran la enmienda de manera contraria a la intención de MORENA).
Como resultado, la única rama del gobierno que no estaba controlada por MORENA -el poder judicial- en realidad no seleccionó a ninguno de los candidatos que se presentaron a la elección, en contravención de la propia enmienda. Y, aunque MORENA afirmó que la reforma judicial rompería los lazos del poder judicial con las élites y garantizaría finalmente la independencia de la institución, varios candidatos de la elección tienen, de hecho, vínculos estrechos con importantes miembros del partido.
Asimismo, aproximadamente 1/3 de los candidatos se presentaron con discursos que se asemejan mucho al de MORENA. En cuanto a los vínculos entre el poder judicial y el crimen organizado, los líderes de MORENA reconocieron que los comités habían cometido “errores humanos”, después de que se descubriera que varios candidatos habían sido condenados penalmente o estaban siendo investigados por colaborar con los cárteles de la droga. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral determinaron que era demasiado tarde para revisar si estos y otros candidatos cumplían los requisitos constitucionales para acceder al cargo antes de que se celebraran las elecciones.
El hecho de que las elecciones tuvieran lugar el primero de junio tendría que calificarse como un milagro si sus implicaciones no fueran tan perjudiciales. El Instituto Nacional Electoral sólo dispuso de 8 meses para organizar unas elecciones que han sido calificadas de “kafkianas”. Lo hizo con 52.9% menos dinero del que consideraba necesario debido a la brutal reducción de su presupuesto por parte de MORENA y sus aliados. Las graves limitaciones presupuestales, combinadas con la complejidad sin precedentes de la elección, hicieron que fuera muy diferente a las anteriores. El Instituto sólo pudo darse el lujo de instalar 84’000 casillas (cosa que logró), menos de la mitad de las que se instalaron en la elección federal de 2024. Los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla no contaron los votos emitidos en sus casillas, y el Instituto tampoco pudo publicar resultados preliminares el día de la elección. No obstante, las elecciones se desarrollaron relativamente en paz y, al menos por ahora, sin irregularidades manifiestas.
Sin embargo, hay razones para dudar si la elección proporcionó a los nuevos magistrados la legitimidad democrática que MORENA ha prometido. Sólo alrededor del 13% del electorado participó en las elecciones, es decir, un 48% menos que en las elecciones federales de 2024. Este nivel de participación realmente hace que sea inexacto, si no engañoso, afirmar, como lo hace la actual presidenta, que el pueblo mexicano -y no simplemente una pequeña proporción de la ciudadanía- ha seleccionado a sus jueces. También socava en gran medida el argumento de que existió un fuerte mandato democrático para aprobar la reforma judicial.
Adicionalmente, esta elección requirió que los ciudadanos cumplieran con una tarea extremadamente onerosa – y yo diría irrazonable -. Un votante promedio de Ciudad de México, por ejemplo, tuvo que rellenar 9 boletas diferentes y elegir 50 nombres de entre casi 300 candidatos. Esto plantea dudas sobre qué tan significativa fue la participación democrática en esta elección: para la mayoría de los votantes, hacer una evaluación responsable e informada de los candidatos era simplemente imposible. Estas dificultades se vieron agravadas por errores en 3/4 de las boletas para elegir a los jueces federales, que aumentaron la probabilidad de votos nulos. Las papeletas defectuosas permitían votar simultáneamente por candidatos competidores, contenían espacios insuficientes para votar por todos los cargos sometidos a elección o hacían menos probable la victoria de algunos candidatos, entre otros problemas.
Bajo estas condiciones, no es de extrañar que muchos votantes llevaran consigo hojas de referencia (acordeones) físicas o digitales a la casilla, que les indicaban cómo llenar sus boletas. Estos acordeones se habían distribuido masivamente en los días previos a las elecciones y favorecían predominantemente a candidatos con estrechos vínculos con MORENA. La oposición también ha acusado a miembros de MORENA de organizar y financiar la distribución de estos documentos. Elecciones como ésta corren el riesgo de debilitar el compromiso de la ciudadanía con la democracia y la ya frágil creencia de que puede tomar decisiones políticas significativas a través del proceso electoral.
El poder judicial recién elegido es fruto de una enmienda constitucional que fue posible gracias a la manipulación del sistema electoral y a presuntas amenazas a miembros de la oposición. Al menos 1/3 de los candidatos que se presentaron a las elecciones fueron seleccionados contraviniendo el procedimiento establecido en la propia enmienda constitucional. Muchos de ellos tienen fuertes vínculos con la élite política que está actualmente en el poder y, al menos algunos de ellos, con el crimen organizado. Y la culminación de este proceso, que tuvo lugar el domingo pasado, da mala fama a la democracia. Si el nuevo poder judicial ha de cumplir las promesas que MORENA ha hecho, tendrá que superar los pecados originales sobre los cuales fue construido.
Ahora que los resultados han sido anunciados, existe información adicional relevante. En primer lugar, los candidatos electos para los cargos en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, y el Tribunal de Disciplina Judicial fueron los que aparecían en acordeones que favorecían las preferencias de MORENA. En segundo lugar, en la elección para Ministros y Ministras de la Corte Suprema, el 22% de los votos fueron nulos o dejados en blanco, esto es, sin que los votantes apoyaran alguna candidatura o manifestando explícitamente su rechazo a la elección judicial. Ningún candidato a cualquiera de los cargos en la judicatura obtuvo más votos que los votos para ese cargo que fueron dejados en blanco o anulados. Finalmente, la Organización de Estados Americanos (OEA), que envió observadores a la elección, ha recomendado que el modelo de selección de jueces adoptado en México no se replique en otros países de la región. Esperemos que el resto del mundo escuche y siga esta recomendación.
Este artículo se publica como producto de la alianza entre Agenda estado de Derecho y Verfassungs Blog.
Citación académica sugerida: Gaxiola Lappe, Jorge. Una institución viciada de origen. El poder judicial recién elegido en México. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-poder-judicial-recien-elegido-en-mexico/
Palabras clave: Elección judicial; México; legitimidad democrática; MORENA; reforma constitucional.
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Candidato a doctor en derecho por la Universidad de Nueva York. Su investigación se centra en la intersección del derecho y la filosofía, con particular énfasis en la relación entre libertad de expresión, reputación y democracia, así como la manera en la que el derecho lidia con la difamación y la desinformación. Previamente, Jorge fue secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y profesor de teoría de derecho en la Escuela Libre de Derecho.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
