El  informe escrito en colaboración con los estudiantes de TERRA NYU Bridgette Keane y Jeremy Zullow, evaluó la implementación y el nivel de cumplimiento gubernamental y corporativo con las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia de Los Cedros hasta junio de 2024.

La evaluación se basa en una combinación de métodos cualitativos, incluyendo dos visitas de campo a Los Cedros (en octubre de 2022 y mayo de 2024) y una revisión sistemática de fuentes primarias y secundarias, así como entrevistas con actores clave en la ejecución de la sentencia. Se asignaron puntajes de cumplimiento para evaluar el nivel actual de implementación de cada orden judicial. Cada puntaje va acompañado de un análisis de los factores que constituyen el estado de implementación de cada orden.

El informe muestra que la ejecución de los derechos de la naturaleza y fallos como el de Los Cedros pueden ser herramientas efectivas para proteger ecosistemas en peligro cuya supervivencia y florecimiento son esenciales para enfrentar la triple crisis ecológica del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. A diferencia de muchos otros bosques y ecosistemas que han sucumbido a la presión de la minería y otros proyectos extractivos en diferentes partes del mundo, Los Cedros sigue siendo una fuente de agua y vida para humanos y no humanos. El estudio encontró que las operaciones mineras efectivamente cesaron en Los Cedros al mes después de la sentencia y no queda infraestructura minera en la zona. Como la evidencia y evaluación ofrecida en el informe muestran, el resultado final de interés es que Los Cedros está efectivamente libre de operaciones mineras y continúa sirviendo como un punto clave de biodiversidad y una fuente de agua limpia, aire y bienestar para humanos y no humanos por igual. Como sugieren las visitas a terreno y las conversaciones con una amplia gama de actores, sin la sentencia, Los Cedros probablemente habría experimentado la degradación ambiental y la extinción masiva de especies, como otros bosques convertidos en sitios de minería en la región, en Ecuador y en todo el mundo.

Sin embargo, los resultados de la implementación de otras órdenes judiciales han sido mixtos. Las medidas de reparación de la Corte se dirigieron en gran medida al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE, por sus siglas en español), que fue encargado de supervisar la implementación de la sentencia de la Corte. Por ejemplo, MAATE debía preparar—y la Defensoría del Pueblo debía informar sobre—un nuevo plan de manejo con la participación de las comunidades locales. Si bien se publicó un nuevo plan de manejo, MAATE no ha facilitado la participación comunitaria y ha sido lento en implementarlo.

En cuanto a las medidas de no repetición, si bien MAATE y la Defensoría del Pueblo realizaron un monitoreo inicial in situ, desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2023 y una capacitación para funcionarios públicos sobre las implicaciones de la sentencia, poco se ha hecho desde mediados de 2023 para asegurar que las autoridades gubernamentales y judiciales ecuatorianas respeten los derechos de la naturaleza y los principios ambientales delineados en la sentencia y la Constitución ecuatoriana. Además, MAATE no ha tomado acciones significativas para actualizar procesos legales y administrativos más amplios, como la toma de decisiones para licencias ambientales, para proteger mejor Los Cedros y los derechos de la naturaleza en general, según lo mandado por la Corte. En contraste, la Defensoría del Pueblo ha cumplido en gran medida con sus responsabilidades, acompañando y reportando consistentemente sobre el proceso de cumplimiento y, en ocasiones, instando a MAATE a adherirse a la sentencia.

En resumen, la sentencia ha sido notablemente efectiva en términos de su impacto inmediato y directo en la protección del bosque como sujeto de derechos frente a la amenaza de la minería a gran escala. Ha sido menos efectiva, sin embargo, en términos de sus efectos indirectos sobre la participación de la comunidad local y el fortalecimiento de la regulación y procedimientos administrativos sobre los derechos de la naturaleza en general.