Retomando la visión de Sartori –Elementos de teoría política– y Mounk –El pueblo contra la democracia– podemos concluir razonablemente que la democracia representativa se basa en la idea de convertir los intereses y preferencias de la ciudadanía en decisiones políticas a través de los representantes por ésta electos.

Así, para entender qué opciones políticas pueden convertir esa agenda de intereses en acciones de gobierno concretas, es indispensable que partidos y candidaturas den a conocer al electorado su plataforma electoral integrada por propuestas de carácter político, económico y social, que se harán realidad una vez que se alcance el poder.

Es en este sentido que la elección de personas legisladoras o titulares de los ejecutivos resulta idónea, pertinente y consustancial con el tipo de cargo y funciones a desempeñar representativamente, pues esa intervención en la designación permite que política e institucionalmente los intereses populares sean traducidos en políticas públicas legítimas.

Sin embargo, esta fórmula participativa no guarda idoneidad ni pertinencia alguna para designar a las personas detentadoras del Poder Judicial de la Federación, sencillamente, porque éste no tiene la finalidad de materializar las voluntades ciudadanas mediante sentencias populares del agrado de las mayorías, sino la de salvaguardar la Constitución federal como expresión racionalizada de la voluntad nacional, lo que en muchísimos casos implica dictar criterios contramayoritarios en defensa de minorías.

Precisamente, para asegurar esa finalidad, la Constitución establece principios que rigen el desempeño de la función judicial. Así, para ser ministra o ministro de la SCJN la norma suprema exige que la persona a designar haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o bien, se haya distinguido por su honorabilidad y competencia en el ejercicio de la actividad jurídica.

Mientras que, para jueces, juezas y magistrados, es indispensable que cumplan con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. En suma, la Constitución federal exige un perfil técnico especializado y neutral políticamente para ser persona juzgadora constitucional.

En conjunto, estos principios del constitucionalismo mexicano informan el bloque de la garantía institucional de independencia judicial que, como ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia acuñada en los Casos Reverón Trujillo vs. Venezuela y Cordero Bernal vs. Perú, es la piedra esencial para el ejercicio de la judicatura, en tanto garantiza que sus integrantes no se vean sometidos a posibles restricciones o injerencias indebidas.

Luego, si mediante las sentencias no resulta posible materializar las demandas y preocupaciones sociales:

– ¿Qué es exactamente lo que el voto va a legitimar?

– ¿Qué tipo de mandato podrá dar el electorado a las personas juzgadoras distinto a cumplir con la Constitución y el sistema jurídico?

– ¿Qué plataforma electoral podrán ofrecer las candidaturas que no sea ejercer la función de manera técnica y neutral políticamente?

– ¿Bajo qué parámetros la ciudadanía que no tiene dominio del derecho podrá reconocer quién cuenta con el perfil idóneo para proteger de mejor forma la Constitución?

– ¿En la campaña se podrán ofrecer sentencias del gusto popular que dejen al descubierto los DDHH y otros principios?

Partiendo de la desconexión de origen entre la participación popular y el quehacer judicial ya expuesta, el modelo de votación es impertinente –como ya se demostró en Bolivia-, y pareciera que se busca legitimar mediante el voto popular la designación que de manera previa dirigirá el régimen hegemónico, para asegurarse de que sean electas ciertas personas allegadas a sus intereses.