En la primera de ellas, la sentencia recaída al amparo en revisión 79/2023, se analizaron los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, una entidad federativa de México, que criminalizan el aborto de manera absoluta.

Un primer tema relevante en esa decisión es que se reconoció el interés legítimo de las asociaciones quejosas (GIRE y Morras Help Morras) para acudir al juicio de amparo, sin necesidad de que las normas hubieran sido aplicadas en su contra, por tres motivos:

i. los artículos impugnados violan los derechos humanos a la igualdad y a la salud en su dimensión colectiva;

ii. esas asociaciones se dedican a promover y defender los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes, además de brindar acompañamiento a quienes desean abortar; y

iii. las normas impugnadas obstaculizan el desarrollo de su labor y objeto social, al existir la posibilidad de ser criminalizadas por tal motivo.

Con base en lo sostenido en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, se reconoció que la elección de interrumpir un embarazo es exclusiva de las mujeres y las personas gestantes, lo que se desprende de su derecho a decidir, relacionado con los derechos a la dignidad humana, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la salud.

Asimismo, se precisó que la decisión tiene cabida dentro de un breve plazo cercano a la concepción para equilibrar la protección del no nacido y la autonomía reproductiva. Cabe aclarar que no se estableció una temporalidad específica para llevar a cabo esa decisión; es decir, no especificó cuántas semanas implica ese “breve plazo cercano a la gestación”.

Se explicó que, en todo caso, el diseño legislativo para fijar dicha temporalidad debe ser razonable, de manera que no se anule el derecho a decidir, pero que considere el incremento paulatino en la protección del no nacido conforme avanza el proceso de gestación. 

Otro aspecto esencial de esta sentencia son los efectos de la concesión del amparo. Uno de los principios del juicio de amparo en México es el de la “relatividad de las sentencias de amparo” o “efecto inter-partes”. Desde un entendimiento tradicional, dispone que la concesión del amparo sólo beneficiará a las partes que acudieron al juicio.      

Sin embargo, en los últimos años, la SCJN ha modulado este principio cuando las personas acuden al juicio de amparo con un interés legítimo de naturaleza colectiva. Lo que se busca con eso es que la protección de los derechos humanos de las personas no se vea frustrada con una aplicación restrictiva de ese principio.

Así, desde un entendimiento “tradicional” o “estricto” del principio de relatividad de las sentencias, el efecto de la concesión en el amparo en revisión 79/2023 se hubiera limitado a que las normas penales reclamadas no fueran impuestas o aplicadas a las asociaciones quejosas o sus representadas.

Sin embargo, para que la concesión se tradujera efectivamente en la protección de los derechos colectivos que representaban las quejosas, se estimó necesario modular ese principio y establecer unos efectos amplios que protegieran de manera idónea los derechos de las mujeres y personas gestantes en Aguascalientes en su generalidad.

De esa manera, se ordenó al Congreso de Aguascalientes que los artículos declarados inconstitucionales fueran derogados. Este efecto fue el que se estimó idóneo para garantizar que las violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes que conllevan la existencia de las normas que criminalizan el aborto en Aguascalientes no vuelvan a ocurrir.      

En términos prácticamente idénticos a esa decisión, en la sentencia emitida en el amparo en revisión 267/2023, la Primera Sala analizó la constitucionalidad de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal que criminalizan de manera absoluta el aborto.

En este caso, también se reconoció el interés legítimo a la asociación quejosa GIRE y se desarrollaron las implicaciones del derecho a decidir. Así, entre otros aspectos, se declaró la inconstitucionalidad de las normas por no permitir la interrupción del embarazo de forma voluntaria en una fase inicial sin dejar de calificarlo como delito y se ordenó al Congreso de la Unión la derogación de las normas cuestionadas.