Cuando los niños, niñas y adolescentes deben salir de manera forzada de sus hogares se enfrentan a un camino múltiples vulnerabilidades, ya que de por sí provienen de un contexto de difícil acceso a servicios esenciales donde sus necesidades básicas como alimentación, salubridad y educación no están satisfechas. Ante este escenario la travesía que enfrentan también se presenta en circunstancias desfavorable con largas jornadas de caminata, el cruce de ecosistemas peligrosos, territorios cooptados por grupos armados o bandas criminales. Más aún, cuando logran llegar a su país de destino, suelen tener que asentarse en comunidades igualmente precarizadas, enfrentando en muchos casos expresiones de exclusión y xenofobia.

Esta serie de dificultades se deben principalmente a la falta de recursos económicos que, por un lado, dificulta el acceso a documentación de viaje para una migración regular y, por el otro, obstaculiza el acceso a medios de transporte que faciliten el tránsito a los países lejanos en los que ellos y sus familias buscan mejores oportunidades de subsistencia.

A esto se suman casos en los que la migración tiene un avance paulatino a lo largo de los años como los fenómenos de evolución lenta por cambio climático o la salida progresiva de la población debido a una crisis institucional como en el caso de Venezuela. En estos contextos, se presenta fragmentación de las familias, ya que usualmente los padres o cuidadores viajan primero en búsqueda de mejores oportunidades para proveer sustento a las personas a su cargo, mientras que la niñez queda atrás en el país de origen pero, a medida que van empeorando sus condiciones locales, finalmente también se ven obligados a salir solos.

Estas condiciones son las principales impulsoras de lo que se conoce como niñez separada y no acompañada (siendo los primeros quienes viajan con un adulto que no es su cuidador principal y los segundos quienes viajan sin cuidado de ningún adulto). Este grupo enfrenta un riesgo mucho mayor a ser explotados laboralmente o a ser víctimas de tráfico sexual, pues al estar desprotegidos son blancos más fáciles para delincuentes y traficantes que acechan las rutas de tránsito y, en particular, los cruces fronterizos.

El informe también pone de presente la condición particular de las niñas y mujeres en condición de movilidad humana, ya que tienen más amenazas en términos de violencia sexual, trata de personas o abuso físico y emocional. También se llama la atención sobre grupos que históricamente han tenido dificultades en el acceso a servicios de protección como la niñez indígena, miembros de la comunidad LGBTQI+ y niñez con discapacidades.

Esta problemática refuerza los ciclos de pobreza en nuestras comunidades latinoamericanas y caribeñas, ya que precisamente la población que tiene mayores carencias y vulnerabilidades se le sigue dificultando el acceso a recursos básicos, educación y salud y se hace más complicado subir en la escala social y disminuir los niveles de pobreza. Esto, con repercusiones a largo plazo, considerando que inclusive se pueden provocar afectaciones biológicas que impactan el correcto desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en estas difíciles condiciones de movilidad humana.