Protección a las mujeres privadas de libertad en las américas
23 de Agosto de 2023
¿Qué retos persisten en la protección de las mujeres privadas de la libertad en la región?
Este artículo presenta un contexto general sobre la situación que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de la región, las cuales constituyen espacios que han sido diseñados y pensados por y para hombres, y que resultan de la falta de perspectiva de género y enfoques diferenciados e interseccionales en políticas criminales y penitenciarias. Dicha situación se analiza a la luz del más reciente informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión): Informe sobre Mujeres Privadas de Libertad en las Américas, publicado el pasado 26 de junio del 2023. Por ello, adicionalmente, se exponen los precedentes interamericanos en el abordaje de la temática, el objeto y alcance del informe, así como sus principales aportes y relevancia.
De acuerdo con las cifras más recientes del World Female Imprisonment List, entre los años 2000 y 2022, la población carcelaria femenina a nivel mundial aumentó en un 60%, mientras que el crecimiento de los hombres se presentó en un 22%. En las Américas, durante el mismo periodo, el incremento de las mujeres privadas de libertad constituyó un 56.1%, cifra que dobla el crecimiento de la población masculina –cuyo porcentaje equivalió a un 24.5%–. De igual forma, las mujeres detenidas en este continente constituyen el 8% del total de la población carcelaria, lo que coloca a las Américas como la región con el número más elevado de la población penitenciaria femenina.
Desde el 2017, en su Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, la CIDH llamó la atención sobre los niveles elevados del encarcelamiento femenino, mismos que derivan principalmente del endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Ello, al no considerar factores como: i) el bajo nivel de participación dentro de la cadena delictiva; ii) la ausencia de violencia en la comisión de estas conductas; y iii) la situación de violencia y exclusión que enfrentan las mujeres en la región. De hecho, la Comisión observó que un elevado porcentaje de mujeres encarceladas en las Américas ha sido privado de libertad por delitos no violentos vinculados a las drogas (párrs. 200 y 201).
En términos generales, en dicho informe, la CIDH advirtió sobre las afectaciones desproporcionadamente graves que enfrentan las mujeres detenidas, que resultan de la falta de atención a las necesidades específicas derivadas de su género. Además, reiteró que las mujeres sufren un cuadro de discriminación histórica y estereotipos, que ocasionan “formas de desventaja sistemática”, y aumentan su exposición a ser víctimas de diferentes tipos de violencia. Este cuadro de discriminación, de acuerdo con la CIDH, se acentúa cuando las mujeres se encuentran privadas de su libertad y bajo el control de las autoridades del Estado (párrs. 195 y 196).
En el contexto descrito, la publicación del Informe sobre Mujeres Privadas de Libertad –primer estudio de la CIDH sobre el encarcelamiento femenino– resulta de gran relevancia para visibilizar las afectaciones desproporcionadas que atraviesa este grupo de población.
Este informe tiene como objeto analizar la situación en que se encuentran las mujeres encarceladas, y en consecuencia, presentar estándares y recomendaciones en las respectivas temáticas. En particular, el estudio aborda los factores que dan lugar a la detención de las mujeres, el impacto diferenciado que su encarcelamiento provoca en personas bajo su cuidado, las condiciones de detención, la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, y los obstáculos para su reinserción social (párrs. 23 y 24). En este sentido, el informe ofrece un detallado análisis sobre la situación especial de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el contexto de privación de libertad, derivada de la falta de datos respetuosos de un enfoque de género, inadecuada infraestructura penitenciaria, mayor riesgo a sometimiento a actos de violencia y ausencia de atención médica con perspectiva de género. Asimismo, la Comisión aborda las causas del involucramiento de las mujeres en el sistema de justicia penal, y los aspectos relacionados con la transición a la vida en la sociedad después de su liberación.
Al día de hoy, el estudio en referencia constituye el instrumento interamericano más comprehensivo relativo a las mujeres detenidas. Con anterioridad, se encuentran importantes precedentes en la materia. Así, en el capítulo V del Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, la CIDH analizó por primera vez la situación de las mujeres detenidas y las afectaciones que las políticas criminales de drogas tienen en su encarcelamiento. Asimismo, en el Informe de Fondo de Marta María Álvarez Vs. Colombia, la Comisión se pronunció sobre la especial vulnerabilidad de una mujer lesbiana privada de libertad. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha decidido relevantes casos respecto de este grupo de población, tales como: el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (2006), y el Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala (2016). En su Opinión Consultiva OC-29/22, la Corte IDH desarrolla estándares respecto de mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes; mujeres trans; y niños y niñas que viven con sus madres en prisión.
De manera particular, y entre otros, el informe ofrece tres importantes aportes. En primer lugar, la CIDH presenta un análisis desde la perspectiva de la interseccionalidad considerando más factores de discriminación –de manera adicional al género y a la privación de libertad–. Así, se abordan las diferentes necesidades y obstáculos adicionales que enfrentan grupos específicos de mujeres para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás mujeres. En particular, la CIDH analiza lo relativo a las mujeres embarazadas, en periodo de posparto, y lactantes, y sus afectaciones diferenciadas en lo que respecta a programas y espacios adecuados, atención médica, alimentación y dificultades en la labor de parto. Además, aborda las principales vulneraciones de las mujeres trans en materia de alojamiento carcelario respetuoso de su identidad de género, reinserción social y mayor exposición a actos de violencia –incluida, la de tipo sexual. Adicionalmente, la CIDH desarrolla la vulneración de derechos de las niñas y niños que viven en prisión con sus madres.
En segundo término, este informe continúa relevando la importancia de la regulación y aplicación de medidas alternativas como manera efectiva de reducir los niveles de encarcelamiento. Ello, en línea con lo promovido por la CIDH desde el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas (2013), y con posterioridad en el informe en la temática de 2017. Además, el llamado a la aplicación de estas medidas se ha realizado en diversos informes enfocados en países –como el Informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador (2022). También, constituyó una de las principales recomendaciones en el contexto de la pandemia del virus del COVID-19 (contenida, por ejemplo, en la Resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos, 2020).
Por último, el desarrollo relativo a la reinserción social hace de este informe, el instrumento interamericano más detallado en la temática en referencia. Al respecto, la Comisión nota los principales desafíos en la materia, tales como ausencia de adopción de programas con perspectiva de género, reforzamiento de estereotipos, y falta de redes de apoyo. De igual forma, analiza medidas adoptadas en países como Argentina, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay, así como por organizaciones de la sociedad civil.
En suma, la CIDH ofrece un estudio fundamental y herramienta de incidencia para que desde diferentes sectores –incluso de aquél conformado por las mismas mujeres privadas de libertad y por aquéllas que han sido liberadas– se trabaje de manera inmediata y comprehensiva para atender la realidad enfrentada por las mujeres encarceladas. Únicamente a través de una mirada respetuosa de perspectiva de género y enfoques diferenciados se podrá combatir la desigualdad real en que se encuentran estas mujeres.
Citación académica sugerida: Galván, Sofía. Protección a las mujeres privadas de la libertad en las Américas. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proteccion-a-las-mujeres-privadas-de-libertad-en-las-americas/
Palabras clave: Mujeres. CIDH. Libertad.
Experta en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en temas relacionados con privación de libertad y discapacidad. Actualmente, funge como Asesora Senior en University Network for Human Rights. Con anterioridad, Sofía Galván trabajó durante una década como Especialista de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre otras posiciones, fue directora de Disability Rights International para México y Centroamérica, y Visitante Profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sofía Galván es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y maestra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Actualmente es profesora del máster en Derecho Penitenciario de la Universidad de Barcelona.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
