Empresas de armas y derechos humanos: México solicita Opinión Consultiva a la Corte Interamericana
3 de Marzo de 2023
La Corte Interamericana emitirá una Opinión Consultiva con respecto a las obligaciones estatales en materia de industria de armas de fuego y su afectación a los derechos humanos.
En enero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció que México presentó una solicitud de opinión consultiva sobre las actividades de las empresas vinculadas con la industria de armas de fuego y su impacto en los derechos fundamentales. Ante esta iniciativa, la Corte tiene una oportunidad inédita de identificar las obligaciones de empresas privadas que comercializan estos productos de alto riesgo.
La solicitud de México es altamente relevante para América Latina y el Caribe, región que alberga el nueve por ciento de la población mundial, pero en donde se registra el 27 por ciento del total de homicidios en el mundo. De éstos, entre el 70 y 90 por ciento son causados con armas de fuego. A nivel global, Amnistía Internacional reporta que el 44 por ciento de los homicidios involucran violencia armada.
A pesar de estas estadísticas, el acceso a la justicia por violencia armada es extremadamente deficiente, en parte dado el carácter transnacional de las compañías que fabrican estos productos. Ello resulta en el difícil acceso a remedios jurisdiccionales por parte de víctimas a nivel nacional. Además, no existen obligaciones internacionales homogéneas de diligencia debida que rijan las exportaciones de armas, a pesar de que estos productos se transfieren con regularidad a países de alto riesgo y zonas de conflicto armado, como Yemen y Ucrania.
En su escrito, México solicita la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para esclarecer, primero, cuáles son las obligaciones que tienen las empresas productoras de armas y los Estados, para asegurar el derecho a la vida y la integridad personal, en lo que respecta a la cadena de suministro y distribución de estos productos. También interroga si acaso los Estados tienen la obligación de adoptar regulaciones más estrictas sobre la comercialización de armas de fuego.
Un segundo apartado de la solicitud mexicana, consulta cuáles serían los recursos idóneos para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia causada “con armas comercializadas sin el debido cuidado” o de manera negligente, para facilitar su tráfico ilícito y disponibilidad indiscriminada. En particular, México solicita que la Corte realice un análisis de compatibilidad entre las “leyes que otorgan inmunidad procesal” a las empresas que comercializan armas, por un lado, y los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH, por el otro, así como de las obligaciones descritas en el artículo 2.3 (acceso a remedios) del PIDCP.
Con esta solicitud de opinión consultiva, es de asumirse que México busca interpelar a las compañías estadounidenses cuyos productos son traficados ilegalmente hacia México y Centroamérica, y las cuales alimentan ciclos de violencia en la región.
En una demanda presentada en contra de armerías ante las cortes de EE.UU. en agosto de 2021, México argumenta que Smith & Wesson, Glock, Barrett, Beretta, Colt, entre otras, incurren en comportamiento negligente durante la manufactura, distribución y venta de sus productos, lo cual, dice México, aumenta las probabilidades de facilitar su tráfico ilícito. La demanda busca reconocer la dimensión trasfronteriza del tráfico de armas y responsabilizar a las empresas por prácticas irresponsables de producción y comercialización. En septiembre pasado, un juez de primera instancia desestimó la causa de México y el proceso de apelación está en curso.
En su solicitud de opinión ante la Corte IDH, México apunta que cada año se trafican a su territorio más de 500,000 armas desde EE.UU. Asimismo, el documento nota que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México, son traficadas desde Estados Unidos. En efecto, existen reportes independientes que confirman esta trazabilidad.
En octubre pasado, México presentó una segunda demanda contra tiendas y comercios en las cortes de Arizona, alegando complicidad en el tráfico de armas. En este sentido, es notorio que México solamente cuenta con una tienda dedicada a la venta de armas, la cual es propiedad del Ejército y vende una media de 38 unidades por día a la población civil.
A pesar de que EE.UU. no es signatario del Pacto de San José, la eventual opinión consultiva de la Corte IDH podría influenciar de manera indirecta la normativa estadounidense relativa a la industria armamentista. En ese país, existe un déficit agudo de acceso a la justicia por violencia armada, dado que las armerías estadounidenses gozan de protecciones jurisdiccionales en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (LPCLA).
Este estatuto, adoptado en 2005 gracias al cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle y otros representantes de la industria, prohíbe la interposición de demandas en contra de armerías por daños causados con sus productos por terceros, salvo que los reclamantes entren dentro de ciertas excepciones. Sin embargo, la aplicación incremental y expansiva del estatuto ha cerrado la puerta de los tribunales a víctimas y sus familiares.
El no proporcionar acceso a la justicia y reparaciones adecuadas por estas violaciones compromete la responsabilidad de EE.UU. en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El PIDCP, ratificado por Estados Unidos, reconoce en su artículo 2 el derecho a “interponer un recurso efectivo”. En tal sentido, toda persona que reclame dicho recurso debe tener acceso a las autoridades judiciales competentes.
Otras normas que entran en juego al sopesar los efectos de las actividades de empresas fabricantes de armas en el acceso a la justicia están contenidas en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, los cuales han sido respaldados por EE.UU.. Tales Principios contemplan que las empresas privadas que causen o contribuyan a causar impactos adversos “deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos” (principio 22).
Más allá, las empresas tienen la responsabilidad de prevenir impactos adversos de conformidad con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en las cuales se establece que las compañías deben adoptar diligencia debida y una evaluación de riesgos que prevea cualquier impacto adverso de sus actividades. Finalmente, se ha advertido la posible complicidad que podría configurarse entre las empresas productoras de armas y personas encontradas culpables de violaciones graves a los derechos humanos.
Las iniciativas de México se circunscriben en tendencias regionales enfocadas en la reducción del flujo de armas y protección de garantías fundamentales. En EE.UU., legisladores federales están buscando abrogar la LPCLA, mientras que las legislaturas de Nueva York, Delaware y California han creado excepciones a su aplicación para garantizar el acceso a tribunales por parte de víctimas.
En Brasil, el presidente Lula da Silva ha comenzado a revertir las políticas de Jair Bolsonaro que permitían adquirir armas con relativa facilidad. Durante su mandato, Bolsonaro modificó alrededor de 32 leyes que incrementaron el número de pistolas permitidas por persona, redujeron las restricciones para adquirir municiones y facilitaron la compra de armas más poderosas. En consecuencia, la tenencia privada de armas en Brasil aumentó más del doble entre 2018 y 2022.
El 1 de enero de 2023—el primer día de su mandato—Lula emitió un decreto revocando los permisos emitidos por Bolsonaro. Esta ley suspende las inscripciones para la adquisición y transferencia de armas y municiones de uso restringido por cazadores, coleccionistas, tiradores y particulares, y restringe las cantidades de armas y municiones de uso permitido.
Visto el impacto trasversal que tiene el comercio de armas en la protección de los derechos humanos a nivel regional, es de esperarse que varios Estados parte del Pacto de San José sometan observaciones escritas de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de la Corte IDH, detallando la relevancia de las preguntas presentadas por la solicitud mexicana. La misma disposición permite que organizaciones no gubernamentales presenten escritos de amicus curiae, los cuales también podrían ser numerosos. Ello, dado que la posible opinión consultiva representa una oportunidad importante para delinear las obligaciones de las empresas fabricantes de armas en materia de derechos humanos en este momento coyuntural.
Citación académica sugerida: Castellanos-Jankiewicz, León. Empresas de armas y derechos humanos: México solicita Opinión Consultiva a la Corte Interamericana. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/empresas-de-armas-y-derechos-humanos-mexico-solicita-opinion-consultiva-a-la-corte-interamericana/
Palabras clave: América Latina, México, opinión consultiva, responsabilidad de empresas, negligencia, tráfico de armas.
Investigador en el Instituto Asser para el Derecho Internacional y Europeo (La Haya) y Coordinador Académico de la Red Holandesa para la Investigación sobre Derechos Humanos. Supervisor de la Clínica Jurídica sobre Acceso a Justicia por Violencia Armada en la Universidad de Ámsterdam.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
