A través del primer eje, denominado: “Más mujeres, mejor justicia”, la SCJN ha impulsado el principio de paridad y el liderazgo de las mujeres en la justicia federal, mediante la inclusión de más juezas y magistradas. El diagnóstico realizado en el 2019 por la Suprema Corte en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal señaló que había solo un 23% de juezas y un 18% de magistradas. Para corregir estos datos, se reservaron a las mujeres los concursos de oposición para el nombramiento de personas juzgadoras o magistradas federales. A raíz de esta decisión, en los últimos tres años se han nombrado a 140 juezas y 48 magistradas, lo que subió los porcentajes en el año en curso a un 30% de juezas y 21% de magistradas.

Al mismo tiempo, también distintas direcciones y coordinaciones dentro del Poder Judicial de la Federación están a cargo de mujeres (como es el caso de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección General de Derechos Humanos, entre otros).

Estos cambios importantes han sido impulsados también por la reforma constitucional de 2019, la así llamada “Paridad en todo” y por la Reforma Judicial de 2021 que hizo obligatoria la conformación paritaria en la integración de los órganos jurisdiccionales elegidos mediante concurso de oposición.

La segunda estrategia, denominada: “Una cultura institucional diferente” implicó generar un cambio en las prácticas culturales del Poder Judicial. El principal motor de esta iniciativa fue la cero tolerancia al acoso y a la violencia de género, así como la toma de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con el fin de romper los tradicionales estereotipos y prejuicios de género que inevitablemente afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Por este motivo, fue creada la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal y a través de la publicación del Acuerdo General de Administración IX/2021 el Ministro Presidente de la SCJN se establecieron las directrices del mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género.

Desde su creación, en el 2020, estas unidades han atendido 240 casos de hostigamiento y acoso sexual. También se han sancionado a 12 servidores públicos, incluidas 7 destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de alto nivel; así mismo, se les brinda apoyo económico a víctimas para la atención médica y psicológica, de manera que reciban un acompañamiento integral.

Así mismo, se convirtieron en lactarios de 144 espacios, a fin de garantizar los derechos de la lactancia de las mujeres y las personas lactantes; así mismo, los permisos para lactar fueron aumentados de 6 meses hasta 2 años y las licencias de paternidad aumentaron a 3 meses, igualando el tiempo de licencia por maternidad, como garantía para la corresponsabilidad familiar. Y posterior a eso, también se ofrecen servicios de guardería y estancias para las y los integrantes del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar tanto el derecho al trabajo como el de los niños y niñas a ser cuidados.

Por último, la tercera estrategia “Justicia con perspectiva de género” consistió en formar a las personas juzgadoras para combatir la desigualdad de género a través de las sentencias. En ese sentido, se ha incorporado la perspectiva de género interseccional en la impartición de justicia como parte de la normativa del Consejo de la Judicatura Federal y en los Planes Anuales de Capacitación de la Escuela Federal de Formación Judicial. Incorporar la perspectiva de género interseccional implica que las mujeres “no experimentan la discriminación en un vacío, sino dentro de un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y reproducen los privilegios y las desventajas.

Podría mencionar, como ejemplo de lo anterior, la Acción de Inconstitucionalidad 22/2016 en dónde la SCJN se pronunció y destacó que este sucedía en contextos de pobreza, analfabetismo, que se agravaba con niñas en situación de crisis humanitarias y que podía resultar en esclavitud sexual. Todos estos elementos agravaban la difícil situación que atraviesan estas niñas. Así mismo, se han implementado otros programas de capacitación continua sobre perspectiva de género en colaboración con organismos internacionales, necesarios para el ascenso en la carrera judicial, y cursos para el personal de los poderes judiciales locales.

Finalmente, se emitieron y reformaron varios instrumentos guías que dan unas directrices adecuadas en la impartición de justicia, como el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, los manuales especializados para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, penal y familiar y la inclusión de la perspectiva de género en protocolos y manuales destinados a otros grupos vulnerables como las niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, personas migrantes, por mencionar algunos.