Un primer pilar de un marco institucional que robustece el accionar ambiental y climático del Estado son los derechos sustantivos, como el derecho a un ambiente sano, y procedimentales, como el derecho de las personas de participar en la toma de decisiones de carácter ambiental, reconocidos en el proyecto constitucional. Estas garantías, habilitan a los ciudadanos a exigir del Estado el cumplimiento de sus deberes climáticos constitucionales.

Asimismo, el proyecto de Nueva Constitución establece la Defensoría de la Naturaleza, institución dedicada exclusivamente a fiscalizar a las entidades estatales y privadas para el “cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza”. Finalmente, el proyecto constitucional en su disposición transitoria trigésima séptima, establece que, en un año contado desde la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá constituir una Comisión de transición socio ecológica. Esta comisión tiene como principal objeto diseñar propuestas legislativas y de políticas públicas, para implementar las normas del capítulo de naturaleza y ambiente del proyecto constitucional. Esto último, es un paso inequívoco en la construcción de un marco institucional que concrete, a través de políticas de Estado, los avances ecológicos del proyecto de Nueva Constitución.

El proyecto constitucional también refuerza el marco institucional para fines climáticos, al reconocer como deber del Estado la promoción de la cooperación y solidaridad internacional para “afrontar la crisis climática”. Por ejemplo, la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, refuerza la garantía de derechos ambientales procedimentales, habilitando a los Estados a aumentar su ambición climática tomando en cuenta a las comunidades vulnerables. Chile es también parte del Acuerdo de París, tratado que promueve la cooperación en materias como adaptación, mitigación, transparencia, transferencia de tecnologías, fortalecimiento de capacidades, entre otros. Estos acuerdos reflejan una política exterior ambiental y climática que promueve la cooperación internacional. En el contexto de crisis climática, por el dinamismo de sus efectos y su carácter transnacional, el camino de la cooperación debe seguir progresando. El proyecto de Nueva Constitución canaliza una política exterior que siga fortaleciendo la cooperación internacional y participación en acuerdos para enfrentar la crisis climática, robusteciendo el marco institucional para los fines climáticos de Chile.