No toda afectación a un derecho necesariamente es inconstitucional. Habría que valorar si la restricción tiene un fin y si éste es proporcional a la intromisión al derecho, es decir, si existe una relación razonable, necesaria y proporcional entre la consecución de la finalidad y el medio elegido para ello, que es limitante de derechos.

En el caso de la iniciativa en comento, el diputado afirma que tiene por objeto preservar el interés social por encima de los intereses particulares, y evitar obstaculizar las acciones prioritarias del gobierno. Esto justificaría, al entender del autor de la iniciativa, que se afecte el derecho a la tutela judicial de los derechos humanos.

Esta finalidad no es novedosa en México. Actualmente el interés social es uno de los elementos que tiene que tomar en cuenta el juez para decidir si concede o no una suspensión en el amparo, junto con la apariencia del buen derecho, como dice el artículo 107, fracción X de la Constitución mexicana. La norma que lo reglamenta, la Ley de Amparo, indica algunos casos en los que habría que priorizar el interés público. Por ejemplo, dice que no debe suspenderse si con ello se permite que se continúe un delito, o si con ello se evita ejecutar medidas para controlar epidemias.

Esto es muy distinto a lo que se pretende en la iniciativa. Es diferente impedir consumar un delito, que impedir obstaculizar una acción considerada prioritaria por un gobierno, porque esto último es un concepto maleable, y que puede abarcar actuaciones de la autoridad de todo tipo. Pensemos que se expide una ley que prohíbe publicar en medios de comunicación y en redes sociales críticas a una obra que el gobierno considera fundamental en su plan de desarrollo. Claramente se configuraría una censura violatoria de derechos humanos. Las personas podrían solicitar amparo, pero en lo que se resuelve (dos años en promedio), tendrían que abstenerse de ejercer su libertad de expresión. Eso no es propio de un Estado constitucional de derecho.

Otro caso. Para construir una autopista que es una obra prioritaria se tiene que dinamitar un cerro. No se han realizado los estudios pertinentes, y existe riesgo de que los residuos caigan sobre la población de las laderas. Como se trata de una construcción cardinal del gobierno, el juez se vería imposibilitado de detener la explosión. Ante ese evento, el interés particular de vivir, proteger su integridad física o tener una vivienda, “debe ceder frente al interés gubernamental”, como dice el diputado.