El caso «Gelman» y la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en «Maidanik y otros», sumados a la lucha de organizaciones de víctimas y familiares, impulsaron avances para combatir los efectos de la Ley 15.848, que impedía el juzgamiento de crímenes cometidos durante la dictadura. Estos incluyen la sanción de la Ley 18.831 en 2011, que restableció la posibilidad de persecución penal de dichos delitos, y la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en 2017.

Sin embargo, aún persisten obstáculos que afectan el avance de los expedientes judiciales.

Por ejemplo, mientras las causas iniciadas con el Código del Proceso Penal de 2017 operan bajo un sistema acusatorio con participación de las víctimas, gran parte de los expedientes tramitan bajo el antiguo Código que limita sus derechos. Además, los procesos tramitados bajo el antiguo Código son sumamente lentos por su carácter escriturario e inquisitorial, que conspira contra la publicidad de las actuaciones y la posibilidad de que las víctimas impulsen el proceso. El presumario -etapa previa al juicio-, es la instancia de mayor retraso debido a las maniobras dilatorias de los indagados y sus defensas. Un caso emblemático que sigue este procedimiento involucra denuncias de 28 mujeres víctimas de violencia sexual mientras estaban detenidas o desaparecidas en centros clandestinos de detención en todo el país. Tras doce años, su proceso continúa en etapa presumarial y se caracterizó por falta de debida diligencia, la ausencia de perspectiva de género y el retardo injustificado, que merecieron el pronunciamiento del Comité CEDAW en 2023.

Entre los obstáculos que afrontan los procesos, se destacan las maniobras dilatorias de la defensa de los acusados. Un ejemplo son los pedidos de inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía Especializada o la Ley 18.831 que restauró la pretensión punitiva estatal y reconoció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Estas presentaciones han permeado en los tribunales uruguayos, llegando incluso a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.831 en 2013. Aunque posteriormente modificó su postura y confirmó su constitucionalidad en 2022, no se trata de una posición unánime en todos los aspectos y, de variar la composición del Tribunal podría producirse un cambio regresivo.

Además, existen interpretaciones judiciales que sostienen la irretroactividad de la ley que incorporó las figuras del Estatuto de Roma en 2006 y no reconocen a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, los tribunales uruguayos optan por aplicar figuras delictivas «comunes» como homicidio en lugar de desaparición forzada, o abuso de autoridad y lesiones en vez de torturas, que no reflejan la gravedad de los actos y habilitan discusiones en términos de prescripción.

Afortunadamente esta tendencia es discutida y en el año 2023 se dictaron las primeras condenas por desaparición forzada y torturas. Se trata de precedentes importantes, debido a que el uso de figuras delictivas “comunes” afecta la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.

De hecho, la calificación inadecuada facilita el otorgamiento de arresto domiciliario, uno de los temas de preocupación de las organizaciones de familiares. Asimismo, mientras el Poder Judicial concede beneficios en la ejecución de las penas, el Poder Legislativo avanza con que busca garantizar la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, aun estando condenadas por graves violaciones de derechos humanos. Esto sucede debido a que, si bien el proyecto excluiría a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, los tribunales no utilizan estas figuras. De aprobarse, el beneficio se extendería a quienes cumplen sus penas en los establecimientos penitenciarios Domingo Arena o Coraceros.