En sus decisiones más recientes, la Corte proyecta el marco de Belém do Pará sobre distintas manifestaciones de violencia de género: violencia sexual, feminicidio y violencia contra mujeres trans. La línea que las une es el reconocimiento de que estas violencias ocurren en contextos estructurales que las hacen posibles y de que los Estados tienen la obligación de desarticularlos.

En Ascencio Rosario y otras vs. México, la Corte examinó la violencia sexual y las graves lesiones sufridas por doña Ernestina a manos de integrantes del Ejército Mexicano, así como la falta de atención médica oportuna, adecuada, con perspectiva intercultural y de género, que derivó en su muerte. La sentencia es particularmente relevante por el análisis interseccional que desarrolla. Doña Ernestina era una mujer indígena, monolingüe y de 73 años que vivía en situación de pobreza en la sierra de Zongolica. La Corte sostuvo que la discriminación por motivos de género no puede examinarse de manera aislada, sino en interacción con otros factores como el origen étnico, la edad, la condición de salud y la situación socioeconómica.

Al analizar la edad de la víctima, constató que la violencia contra las mujeres está presente a lo largo de todo el ciclo de vida y que, en el caso de mujeres adultas mayores, la violencia sexual suele permanecer invisibilizada por estereotipos y barreras estructurales. Finalmente, destacó que la obligación estatal de protección adquiere un carácter reforzado cuando la edad converge con otros factores de exclusión, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia y discriminación.

La Corte ha reiterado desde González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, así como en decisiones posteriores como Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, que el feminicidio, esto es, el homicidio de una mujer por razones de género, constituye la manifestación más extrema de la violencia y la discriminación estructural contra las mujeres.

En esa línea se inscribe el caso García Andrade vs. México, en el que la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición, violencia sexual, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra, quien tenía 17 años, era madre de dos niñas y trabajaba en una maquila. La sentencia sostuvo que su edad, maternidad temprana y condición socioeconómica, enmarcados en el contexto de Ciudad Juárez, no eran elementos aislados, sino factores que aumentaron su exposición al riesgo y revelaban una discriminación estructural.

Además, la sentencia reafirma que la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y de forma particular en casos de feminicidio, no se reduce a la investigación posterior de los hechos. Implica organizar el aparato estatal para prevenir, investigar y sancionar eficazmente estas violencias, así como adoptar medidas que atiendan las causas estructurales que las sostienen. En ambos casos contra México, la Corte calificó la violencia sexual sufrida por las víctimas como tortura, dada su gravedad, intencionalidad y el sufrimiento físico y psicológico ocasionado.

La lógica interseccional se profundiza en la sentencia sobre el caso de Leonela Zelaya, notificada en enero de 2026. La Corte reconoció que en Honduras, al momento de los hechos, existía un contexto de violencia y discriminación estructural contra mujeres trans, incluida la ejercida por agentes estatales. En este marco, determinó que la convergencia de la identidad de género, el trabajo sexual que ejercía, la situación de pobreza y el estado de salud de Leonela configuró un escenario de exclusión que incrementó la exposición a la violencia y al perfilamiento policial, así como la falta de protección estatal. Ese entramado explicaba tanto el patrón previo de hostigamiento policial como la falta de una protección efectiva frente a los riesgos que enfrentaba.

En esta sentencia reafirmó que Belém do Pará es aplicable a los casos de violencia contra mujeres trans, consolidando los estándares de Vicky Hernández vs. Honduras. Siguiendo este razonamiento, el juez Pérez Manrique, en su voto razonado, subrayó que la discriminación histórica, la criminalización y los estereotipos reproducidos por autoridades reflejan la violencia contra mujeres trans y la agravan cuando el propio Estado contribuye a su estigmatización mediante prácticas selectivas. La impunidad y las deficiencias investigativas terminan por consolidar ese círculo de exclusión y violencia.

La sentencia también señaló que la identificación adecuada de una víctima de muerte violenta constituye un mínimo en la investigación. Pese a contar con información suficiente sobre la identidad y expresión de género de Leonela, las autoridades procedieron como si se tratara de una persona desconocida. Con ello, el Tribunal consolidó el deber estatal de respetar el nombre elegido y la identidad de género de las personas trans incluso en investigaciones post mortem.

Estos desarrollos constituyen avances relevantes en la consolidación regional del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y en la importancia de abordar los contextos estructurales en los que ocurre. Sin embargo, su alcance continuará definiéndose en los casos pendientes. Ante la Comisión se encuentran, entre otros, los casos de Silvia Elena Rivera y Cristina Escobar, ambos contra México, en los que se alegan feminicidios ocurridos en contextos similares a los examinados en García Andrade. Por su parte, la Corte aún debe resolver asuntos que involucran violencia sexual en contextos de especial vulnerabilidad, como el caso de G.C.A.M. Vs Ecuador, sobre una mujer con discapacidad, y el de Katya Jiménez, relativo a una niña. La manera en que articule estos asuntos permitirá medir la profundidad y coherencia de los estándares que hoy se consolidan.