Socavar la independencia judicial en 9 pasos: la receta mexicana
12 de Marzo de 2024
Como parte de diferentes estudios que ha realizado México Evalúa, el presente artículo analiza críticamente las estrategias documentadas que se han utilizado en México para socavar la independencia judicial, en particular en perjuicio del poder judicial de la federación.
Después de las reformas de la segunda mitad del siglo pasado enfocadas a fortalecer la independencia judicial en gran parte del mundo y en particular en la región, muchos pensaban que la independencia judicial era algo adquirido y el tema pasó de moda. Sin embargo, la independencia judicial es como una relación de pareja. Cuando uno la toma por sentado es cuando empiezan los problemas.
Efectivamente, en algunos países de Europa y de la región, estamos viendo, desde hace varios años, una tendencia regresiva, con ataques a la independencia judicial cada vez más frecuentes y graves. México no es la excepción. Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha intensificado el año pasado. Esta erosión ha tomado varias formas, como vamos a ver a continuación.
La primera forma de erosión de la independencia judicial son los señalamientos sistemáticos realizados en contra del Poder Judicial por parte de varios actores políticos, en particular por parte del presidente.
En cualquier democracia es hasta cierto punto normal que existan tensiones entre poderes. Pero la intensidad de los ataques del Ejecutivo en contra del Judicial es inusual, en especial desde la designación a la cabeza del Poder Judicial de la Federación de la ministra Norma Piña, quien ha manifestado su distancia con respecto al gobierno actual, en contraste con su predecesor, el ahora exministro Arturo Zaldívar, quien había expresado su afinidad con el proyecto de López Obrador.
Al observar esta tendencia, desde México Evalúa, empezamos a monitorear estos ataques, con el apoyo de la Fundación para la Justicia, en el marco del colectivo #LaJusticiaQueQueremos. Entre el 1ero de enero de 2023 y el 17 de enero de 2024, identificamos un total de 167 señalamientos.
Los principales apuntan a que el Poder Judicial “responde a intereses de la oligarquía” y que, por lo tanto, actúa por consigna (36%). Asimismo, se señala que las personas juzgadoras defienden o liberan a “delincuentes” (23%). También se denuncia que, salvo excepciones, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus personas funcionarias son corruptas (17%) y que gozan de amplios privilegios económicos (15%).
Ahora bien, si bien estos señalamientos se volvieron habituales para el presidente, es importante señalar que los más fuertes han ocurrido cuando la Corte discute asuntos estratégicos para su gobierno, como sucedió con la impugnación de la Ley de la Industria Eléctrica, del control militar de la Guardia Nacional o de las reformas electorales (conocidas como “Plan B electoral”).
De los 167 señalamientos que identificamos, 91 fueron dirigidos al Poder Judicial de la Federación como institución, tres al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 22 al Poder Judicial en general (tanto en su carácter federal como local) y 51 a personas ministras de la Suprema Corte o personas juzgadoras específicas.
De éstas, la más señalada por el presidente Obrador, ha sido la ministra Piña (20 menciones). Los otros dos ministros más atacados fueron Luis María Aguilar y Javier Laynez Potisek. En otros casos, el presidente ha señalado a personas juzgadoras específicas, con su foto, nombres, apellidos y adscripciones, para denunciar que dejan en libertad a presuntos delincuentes o que dieron un revés a uno de sus proyectos.
Si bien el presidente ha emitido 88% de estas declaraciones, no ha sido el único, ya que, de alguna manera, ha alentado a que otros actores lo hagan, como senadores y diputados del partido Morena y de sus aliados, gobernadores de Michoacán y Veracruz pertenecientes al mismo partido político del presidente del país, y hasta la propia ciudadanía.
El problema es que las palabras presidenciales tienen peso y consecuencias, como lo demuestran expresiones de ciudadanos que han llegado a amenazar la integridad física de la ministra Piña. Por ejemplo, en marzo del año pasado, un usuario de X publicó la foto de la presidenta de la Corte con la mención “el problema”, junto con la imagen de una bala con la leyenda “la solución”.
En otras ocasiones, durante manifestaciones multitudinarias convocadas por el mismo presidente o sus seguidores, se quemó una piñata con la figura de la ministra Piña y se escenificó una procesión con un ataúd que llevaba su imagen y la de otros ministros.
Este tema nos preocupa enormemente, por lo que, desde México Evalúa, desarrollamos un estudio sobre las amenazas y agresiones en contra del personal jurisdiccional cuyos resultados publicaremos próximamente. Encontramos que las personas juzgadoras y actuarias enfrentan un gran número de amenazas que no necesariamente reportan y que pueden venir del crimen organizado, por supuesto, pero también de representantes de instituciones del Estado, como personal de las fiscalías.
En nuestro estudio, también encontramos que personas juzgadoras y actuarias han sido golpeadas, violadas, secuestradas, desaparecidas e incluso asesinadas. Así, encontramos que, desde 2012, han sido asesinadas, en circunstancias desconocidas o que pueden dejar pensar que pudiera ser por los casos que habían resuelto o estaban resolviendo, seis personas actuarias y 17 personas juzgadoras, a nivel local como federal.
Otro riesgo para la independencia judicial es la captura política de los cargos de personas magistradas a nivel estatal o ministras a nivel federal, con procesos de designación realizados sin transparencia, ni participación ciudadana y donde priman los acuerdos políticos y no la búsqueda de los perfiles más idóneos.
El nombramiento de la ministra Lenia Batrés después de la renuncia inconstitucional del ministro Zaldívar, es uno de los ejemplos más recientes de ello. Pero a nivel estatal también hemos observado, una y otra vez, procesos de designación que fueron cuestionados por su falta de objetividad y la injerencia de los partidos políticos. Los casos más recientes fueron en Chihuahua y Morelos, a finales de 2023.
Ahora, ¿por qué los actores políticos buscan controlar a las jerarquías del Poder Judicial? Porque una vez que están controladas, estas autoridades pueden dar instrucciones a las personas juzgadoras sobre el sentido de sus decisiones y, si se resisten, las cambian de adscripción, les realizan investigaciones y los pueden sancionar.
Hemos llegado a niveles muy preocupante en los días pasados, con la presentación ante la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Gobernación de una denuncia de Juicio Político en contra de un juez federal ubicado en Tamaulipas, por “diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales”. Y días después, el partido del presidente anunció que preparaba un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, después de que la Corte declarara inconstitucional la Ley de Industria Eléctrica con base en un proyecto suyo.
La persecución y criminalización de las personas juzgadoras se replica a nivel local. Un caso clave fue la detención arbitraria y desaparición por varias horas de la jueza estatal de Veracruz, Angélica Sánchez, en junio pasado. En este caso, vale la pena recordar el papel de la presidenta del poder judicial, quien aparecía al lado del gobernador cuando éste acusaba a la jueza de ser corrupta, por liberar a un presunto delincuente, sin que presentara evidencias para sustentar sus acusaciones.
Otra manera de someter a los poderes judiciales ha sido mediante las restricciones presupuestales, como la eliminación de los fideicomisos del PJF y el recorte a su presupuesto que se aprobaron a finales del año pasado.
Los ataques también han tomado la forma de reformas legislativas o constitucionales que representan retrocesos para la independencia judicial. Como lo señalamos en nuestro estudio Independencia Judicial: ¿Dónde estamos? Un análisis subnacional, a nivel estatal, se han aprobado varias reformas que crearon nuevas salas en los tribunales superiores de justicia, cambiaron las reglas de jubilación de las personas magistradas y/o cambiaron la forma de nombrarlas, con el fin de permitir a algunos gobernadores nombrar a personas afines en estos puestos.
A nivel federal, también hubo un intento (fallido afortunadamente) por extender de manera inconstitucional el periodo del ministro Zaldívar a la cabeza de la Corte en 2021.
A inicios de febrero, el presidente presentó un paquete de reformas constitucionales y legales, una de las cuales propone modificar el proceso de nombramiento de las personas ministras y juzgadoras de tal modo que sean designadas por voto popular, pero también modifica la estructura completa del PJF, con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un órgano de administración y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de investigar, sancionar y destituir a personas juzgadoras con base en causales tan amplios y ambiguos que permitirían básicamente cuestionarlas por el sentido de sus resoluciones.
Si bien el presidente no tiene hoy los votos suficientes para pasar esta reforma, su apuesta es que los obtenga en las elecciones del 2 de junio.
Aquí, es importante subrayar que las reformas presentadas a nivel local no solamente emanan del partido mayoritario a nivel federal, sino también de partidos que son oposición a nivel federal, pero pueden llegar a ser mayoría a nivel estatal. Esto nos demuestra que no se puede contar con los partidos en México para defender la independencia judicial.
Por ello, no es una exageración decir que la independencia judicial en México está bajo acecho. Y si nos importa la democracia y la división de poderes, bien haríamos en buscar aliados para defenderla.
Citación académica sugerida: Pantin, Laurence. Socavar la independencia judicial en 9 pasos: la receta mexicana. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/socavar-la-independencia-judicial-en-9-pasos-la-receta-mexicana/
Palabras clave: México; independencia judicial; poder judicial.
Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de @Mexevalua
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
