En el artículo Más allá del reconocimiento del derecho al cuidado en México publicado en este portal, se destacó que el reconocimiento del derecho al cuidado por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 6/2023, abrió la posibilidad de que se detonara una línea jurisprudencial sobre ese derecho, no sólo por parte de la propia Corte, sino por tribunales federales de inferior jerarquía, como los juzgados de amparo.

Un ejemplo de ese proceso de judicialización del derecho al cuidado, que se mencionó en esa oportunidad, es el juicio de amparo 681/2024 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a través del cual se combatió la omisión del Congreso de dicha entidad federativa de aprobar las iniciativas sobre la Ley Integral de Cuidados, sobre el que hablaremos en esta ocasión.

La sentencia emitida en dicho juicio de amparo fue motivo de revisión por parte del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 324/2024; resolución que representa un paso importante en la construcción del derecho al cuidado como un derecho exigible y justiciable en México.

Este fallo reconoce que tanto el Congreso de la Ciudad de México como la Jefa de Gobierno han incurrido en una omisión legislativa al incumplir con lo dispuesto en el artículo 9, apartado B, y del Vigésimo Transitorio de la Constitución capitalina, que señalaba como límite para la expedición de la Ley del Sistema de Cuidados el 31 de diciembre de 2023. Este reconocimiento es un avance crucial, ya que eleva el cuidado de ser una demanda social o política deseable, a convertirse en una obligación constitucional concreta, cuya omisión puede ser impugnada judicialmente.

Esta sentencia aclara que no se trata solo de una omisión relativa, por falta de adecuación o implementación, sino de una omisión absoluta del deber de legislar. Esto refuerza la idea de que el derecho al cuidado no debe seguir siendo una cuestión simbólica, sino que debe ser tratado como un derecho fundamental, vinculado directamente con la exigibilidad judicial.  Así, destaca que el cuidado, y especialmente el autocuidado, ya no son solo aspiracionales, sino derechos exigibles en el sistema jurídico mexicano, para lo cual retoma lo resuelto por la Suprema Corte en el amparo directo 6/2023.

Este fallo no es un punto aislado. Forma parte de un camino más amplio que ha sido trazado por quienes han luchado por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y un tema de justicia redistributiva, especialmente desde las voces feministas y la economía del cuidado. Asimismo, se enmarca en una línea jurisprudencial que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a la cual las omisiones legislativas pueden ser  reclamables a través del juicio de amparo, rompiendo con la tradición de deferencia ante los vacíos del legislador. Así, la sentencia abre una puerta, pero también nos invita a reflexionar sobre lo que queda pendiente, particularmente en relación con la implementación efectiva de este derecho.