Unos meses después de cumplirse 21 años de los hechos, y después de dos décadas de investigaciones internas  y diez años de proceso en el Sistema Interamericano, la Corte IDH declaró responsable al Estado colombiano por la violencia ejercida contra la periodista Bedoya, en una sentencia que deja un precedente clave en relación con el estándar de la protección a periodistas que ejercen su labor en contextos de riesgo y la atención a víctimas de violencia sexual.

Algunos elementos clave de la decisión de la Corte son:

1) Reconoce que el conflicto armado colombiano genera una situación de riesgo para quienes ejercen el periodismo en el país. La decisión de la Corte señala que, conforme a antecedentes reportados en casos como Carvajal Carvajal vs. Colombia, y los peritajes allegados al caso, es posible declarar probado un contexto de violencia sistemática contra periodistas, con formas particulares de violencia contra las mujeres que ejercen esta profesión, tales como la violencia sexual, con impactos específicos en su desarrollo profesional. De hecho, el Tribunal cita a la experta Catalina Botero Mariño, cuando señala: “al silenciar a las mujeres periodistas se silencian también aquellas historias que usualmente solo cuentan las mujeres” (párr. 113).

2) Reitera el reconocimiento de la violencia sexual como una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano; identificando que algunas de sus formas afectan los derechos reproductivos (párr. 46). En ese mismo sentido, reconoce que la impunidad es uno de los problemas centrales que enfrentan las víctimas de violencias sexuales en Colombia. Al respecto, la Corte señala que: “A lo anterior se suma el hecho de que la violencia dirigida contra las mujeres ha sido afectada por un “triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores” (párr. 47).

3) Establece la responsabilidad directa del Estado colombiano por la persecución y castigo a periodistas que investigan crímenes de Estado en Colombia y deja sentada la necesidad de investigar las acciones desarrolladas directamente por agentes del Estado para facilitar el secuestro y agresión sexual a Jineth Bedoya Lima. En este punto, la Corte afirma: “tras analizar los alegatos esgrimidos por las partes y la Comisión, así como la prueba allegada al Tribunal, la Corte advierte la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000” (párr. 98).

4) Ordena reparaciones de carácter colectivo con miras a una política pública de prevención y atención a víctimas de violencias sexuales en Colombia, y la creación de un espacio físico que les pertenezca, les permita reunirse y generar acciones que faciliten la memoria sobre su experiencia. También ordena la creación de un sistema de información ordenado que dé cuenta de las cifras unificadas de violencias sexuales y violencias contra periodistas (párr. 163 y ss).