Algunas señales del nuevo Senado son elocuentes de su sello de coyuntura y las fuerzas políticas que lo impulsan. Ya no es un Senado regional como lo fue el de la Constitución de 1979 (la Constitución que dejó sin efecto Fujimori tras el golpe de Estado de 1992). Ahora, 27 de los 60 senadores serán elegidos por las circunscripciones electorales y los restantes 33 provendrán de elección “por distrito único electoral nacional” (art. 90). Es claro que el control de las elecciones, tanto en las circunscripciones como en el distrito electoral único nacional, solo será factible para las fuerzas políticas de alcance nacional, algo en lo que, en medio de la dispersión de los grupos políticos, el fujimorismo ha sabido mantener su presencia en los tres últimos procesos electorales en los que, sin embargo, no ha podido hacerse de la Presidencia.

Pero hay más señales que evidencian que el Senado habría sido perfilado desde el interés de ciertos grupos que hoy capitanean la crisis política para mantenerse en el poder a como dé lugar. A la fórmula de elección por medio del control de las fuerzas de alcance nacional, se añaden algunos datos relevantes. Por ejemplo, para ser Senador se requiere tener 45 años, 20 años más que para diputados, aunque este no es un requisito para quienes ya hubieran sido congresistas. Solo en el actual Congreso, hay más de 30 congresistas que al 2026 no alcanzan los 45 años: Con ello queda claro que, al menos para estos casos, se ha dado una ley con nombre propio o tipo sastre.

Entre las funciones que se ha reservado al Senado destacan dos a la hora de exhibir el poder que va a centralizar en el futuro: por un lado, ratifica las leyes deliberadas en la Cámara de Diputados. Las modifica o las rechaza sin lugar a que estas fueran dialogadas con la Cámara de Diputados, como podría ocurrir con una Ley observada por el Ejecutivo (art. 105). Este poder de revisión o modificación de la propuesta legislativa convierte al Senado en una instancia superior de control del debate producido en la Cámara de Diputados. Antes que incrementar el debate para mejorar la calidad de las leyes, como han sostenido los promotores de la reforma, centraliza la decisión última convirtiendo al Senado en una suerte de cámara de apelación antes que de reflexión.

Por otro lado, el Senado concentra poder en la designación y separación del cargo de altos funcionarios, como el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, el Directorio del Banco Central de Reserva o el Contralor General de la República (art.102-A). En todos estos casos, el Senado actúa sin intervención alguna de la Cámara de Diputados. En el caso de la remoción “por falta grave” de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ha suscitado la última crisis por abuso de poder del Congreso, la reforma no hace el mayor esfuerzo por establecer bajo qué causales puede proceder tal remoción ni tampoco delega su desarrollo a una Ley Orgánica, como sí ocurre en el caso del Defensor del Pueblo (art.161). (La Junta Nacional de Justicia en Perú bajo amenaza)