Los productos consumidos en los Estados de la UE pueden ser producidos bajo condiciones que afectan derechos humanos fundamentales. El trabajo forzoso, así como el trabajo infantil o la trata de personas, es un abuso que persiste a lo largo de las cadenas globales que suministran los productos disponibles en el mercado único, y convierte a los consumidores europeos en cómplices involuntarios de estos impactos negativos sobre los derechos humanos. Estos abusos pueden ocurrir tanto dentro como fuera de la UE. Aunque es muy difícil de estimar con precisión, de acuerdo con datos de 2012, dentro de la propia UE alrededor de 610.000 personas eran víctimas de explotación laboral forzada en una variedad de industrias y sectores económicos, como la agricultura, la manufactura y la construcción. Las personas migrantes son las más propensas a encontrarse en tales situaciones vulnerables.

Para varios productos textiles, automovilísticos, cosméticos y tecnológicos, entre otros, las empresas de la UE dependen del suministro de terceros países. Por ello, son varios los casos de trabajo forzoso en las cadenas de valor de productos importados y vendidos en la UE. En este sentido, la UE es el mayor importador de prendas de vestir y textiles del mundo. Más del 70% de tales productos, importados en la UE, provienen de terceros países o regiones, la mayoría de países asiáticos, como China, donde la recogida de algodón está asociada a trabajo forzoso de minorías étnicas.

En este contexto, las empresas europeas están llamadas por las instituciones de la UE a combatir el trabajo forzoso en la cadena de suministro, tanto en Europa como en terceros países, de acuerdo con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, que reconocen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos laborales.

Según el principio 12 de los Principios Rectores, la responsabilidad empresarial de respetar se aplica, como mínimo, a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos que se consagran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, todos los cuales reconocen derechos laborales. Por otro lado, las empresas deben respetar la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que aborda, entre otros, la protección contra la discriminación en el contexto del empleo y la ocupación, la protección contra toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, y la libertad de asociación.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos labores se materializa mediante el ejercicio voluntario de la diligencia debida en derechos humanos, que consiste en un proceso continuo de gestión en el que una empresa identifica, previene, mitiga y rinde cuenta de los impactos negativos que sus actividades o cadena de suministro puedan tener sobre los derechos humanos. A través de este proceso, las empresas pueden combatir el trabajo forzoso mediante el desarrollo de un compromiso político sobre el trabajo forzoso; la evolución de los riesgos reales y potenciales del trabajo forzoso de la cadena de suministro; la adopción de medidas para abordar los riesgos del trabajo forzoso en la cadena de suministro; el seguimiento de las medidas para la prevención del trabajo forzoso; la comunicación de los resultados de las medidas adoptadas; y, el establecimiento de mecanismos de reparación y reclamación.

No obstante, la implementación voluntaria de los procesos de diligencia debida aún sigue siendo un reto en la actualidad, por lo que se requiere la intervención de los Estados mediante su actividad regulatoria, supervisora y sancionatoria para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos y prevengan abusos como el trabajo forzoso de acuerdo con los estándares internacionales.