Nicaragua e informe de la ONU: un engranaje de represión continuada
28 de Marzo de 2023
El informe emitido por expertos de la ONU revela que desde 2018 en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, y muestra un camino para la justicia.
El 6 de febrero pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Informe con los hallazgos sobre las violaciones cometidas en este país desde 2018 hasta la actualidad.
El Grupo fue creado en marzo de 2022 a partir de una resolución del Consejo y durante varios meses realizó una investigación independiente que incluyó una serie de entrevistas, revisión de fuentes secundarias y 142 casos individuales.
Los hallazgos son escalofriantes por su contundencia y porque revelan el nivel de crueldad de un engranaje diseñado y puesto a funcionar por parte del gobierno que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidente de Nicaragua, respectivamente, con el propósito de provocar terror y daño a la población nicaragüense en general.
De acuerdo con los expertos, la magnitud y sistematicidad, así como la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad.
El contexto es la crisis sociopolítica que inició en 2018 por las masivas y extendidas protestas en contra del gobierno, las cuales han sido respondidas con la imposición de un Estado policial y una política represiva que descansa en un sistema de aparatos institucionales y paralelos para la represión, el control y la vigilancia sobre la población.
Las más graves y reiteradas violaciones se tradujeron en ejecuciones extrajudiciales; restricción e impedimento para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales; uso de armas letales, coordinaciones entre la policía y grupos paramilitares, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos; instrumentalización de la ley y el poder judicial, destierro, despojo de nacionalidades, desplazamientos forzados, persecución y ataques a medios de comunicación, estigmatización y acoso, entre otras.
El Informe tiene una significación especial, no solamente por sus hallazgos, sino también porque constituye una constatación irrefutable de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Se convierte en la base de evidencia para los procesos de justicia internacional y universal; además de posteriores investigaciones para esclarecer las responsabilidades individuales e institucionales de esos crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, constituye una pieza invaluable de memoria y verdad para las personas víctimas y sus familiares. Un hecho inédito en la historia de Nicaragua porque, a pesar de ser un país posconflicto en la década de los 90 del siglo XX, no se estableció una comisión de la verdad y tampoco se promovieron procesos de esclarecimiento y justicia, tal como ha ocurrido en otras experiencias centroamericanas y latinoamericanas.
El coordinador del Grupo, Jan-Michael Simon, al momento de presentar el Informe declaró que se trataba de un sistema de armamentismo dirigido en contra de las personas opositoras y lo comparó con lo que hacía el régimen nazi.
En efecto, desde su regreso a la presidencia en 2007, Ortega comenzó a establecer un sistema de dispositivos de represión que incluyen instituciones públicas y aparatos paralelos, de tal manera que es posible identificar algunos patrones de violencia estatal desde antes de 2018. Cuando las protestas de ese año se volvieron extendidas y masivas, el sistema fue puesto a funcionar a plena capacidad y ante la resistencia sistemática de la ciudadanía y la profundización del descontento, el gobierno lo ha reconfigurado varias veces.
En la actualidad, se ha promovido la “institucionalización” de un Estado policial que incluye la creación de un marco jurídico que justifica las detenciones arbitrarias, juicios espurios, amenazas, vigilancia y control permanente sobre la población. Por otra parte, se ha dispuesto toda la institucionalidad estatal en función de ese sistema de vigilancia y control sobre la ciudadanía, y en particular, aquellas personas consideradas “opositoras”.
Antes de que se conociera el Informe, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzó aceleradamente hacia la radicalización de la violencia y el autoritarismo. Durante el mes de febrero desterraron del país a 222 personas prisioneras políticas, a quienes enviaron en un avión hacia Estados Unidos.
Pocos días después en una cadena de arbitrariedades, despojaron del registro de nacionalidad a 94 personas más, ordenando además que les suspendieran de manera perpetua sus derechos civiles y políticos, se confiscaran sus bienes y se les declarara prófugas. Estos hechos también han sido catalogados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
A esto se suma un acto más de confrontación con la iglesia católica, cuando enviaron a la cárcel al obispo Rolando Álvarez, luego de secuestrarlo de su parroquia y mantenerlo varios meses en arresto domiciliar. Al obispo lo juzgaron de manera expedita y lo sentenciaron a 26 años de cárcel por negarse al destierro. Actualmente su familia desconoce su paradero.
En respuesta al destierro y el despojo de la nacionalidad, distintos países han ofrecido otorgar la propia a las 316 personas afectadas, entre ellas España, Chile, Colombia, Argentina, México y otros más.
La comunidad internacional ha reaccionado rechazando las violaciones a los derechos humanos cometidos por los Ortega-Murillo porque son excepcionales y sumamente crueles, de tal manera que hasta países que habían mantenido una posición reservada como México y Brasil, ahora se han pronunciado demandado respeto a los derechos humanos y que se reviertan las medidas.
Por su lado, hasta el papa Francisco, la cabeza del Estado Vaticano se pronunció públicamente de manera poco usual, calificando al régimen nicaragüense como una dictadura “Hitleriana” y dudando de la cordura de su gobernante.
La deriva autoritaria seguida por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llegado a un punto de radicalización a fin de asegurar la continuidad de su proyecto político dinástico.
Ha transitado de la represión selectiva a la sistémica, y de niveles medios de violencia política hacia niveles extremos en los que los derechos humanos de toda la sociedad nicaragüense han sido violentados flagrantemente y de manera premeditada. Ese es el eje de su estrategia de conservación del poder. Eso es lo que se refleja en los hallazgos del Informe preparado por el Grupo de Expertos, pero también en los últimos acontecimientos.
Pero, en su deriva autoritaria, Ortega se expone a sí mismo y a los operadores directos de la represión. Espera que, en una eventual negociación, él y su grupo más cercano intentarán salvar su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
Para ello, está dispuesto a entregar a los demás responsables, a quienes ejecutaron sus órdenes tal como ha sucedido en otros procesos de justicia durante las transiciones en Latinoamérica. Sabe, tanto como las víctimas, que la memoria y la verdad son inevitables ahora, y que la justicia, aunque tarde, llegará para reparación de quienes se vieron directamente expuestos a su crueldad y para castigar a los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos.
El Informe presentado es uno de los primeros pasos en ese camino inevitable de justicia.
Citación académica sugerida: Cuadra Lira, Elvira: Nicaragua e informe de la ONU: un engranaje de represión continuada. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nicaragua-e-informe-de-la-onu/
Palabras clave: Nicaragua, crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, justicia transicional.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
