Minería submarina y derechos humanos: ¿una nueva frontera de desposesión?
22 de octubre de 2025
La minería en aguas profundas suele venderse como una promesa limpia para la transición energética: cobalto, níquel y manganeso listos para baterías “verdes”. Pero en América Latina, que es una región atravesada por ciclos extractivos que siempre comienzan con euforia y acaban con externalidades sociales, la pregunta clave no es tecnológica sino jurídica y política: ¿qué significa abrir el fondo marino a una industria de alto impacto para comunidades costeras e indígenas que dependen del mar para su subsistencia y su cultura? El debate no puede reducirse a ingeniería y regalías. Es, sobre todo, un asunto de derechos humanos y de Estado de Derecho ambiental.
El punto de partida jurídico es conocido: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) declara que “la Zona”, el fondo marino más allá de la jurisdicción nacional, y sus recursos son patrimonio común de la humanidad (art. 136). Ese principio, sin embargo, no se autoconserva: requiere instituciones y reglas que guíen la explotación en clave de equidad y precaución. Hoy, esa arquitectura recae sobre la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que aún no ha autorizado ninguna explotación comercial porque sigue negociando el “código minero” para la fase de explotación, activado en parte por la famosa “regla de dos años”. Que no haya licencias vigentes no significa que el riesgo sea hipotético: significa que estamos justo en la ventana en la que la región puede reencaminar la discusión hacia los derechos humanos.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afirmó en su Opinión Consultiva OC-23/17 que existe un derecho autónomo a un medio ambiente sano y que el deterioro ambiental impacta derechos como la vida, la salud y la integridad cultural. Esa opinión también subraya dimensiones procesales como información, participación y acceso a la justicia que resultan decisivas cuando comunidades costeras enfrentan proyectos de alto riesgo. En 2025, la Corte IDH publicó la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la emergencia climática y derechos humanos, que eleva el estándar de debida diligencia de los Estados y refuerza obligaciones de prevención, mitigación, adaptación y reparación frente a daños climáticos que amenazan derechos, especialmente de pueblos indígenas y comunidades costeras. La Corte vincula estas obligaciones con la transparencia, participación y acceso a la justicia, y destaca deberes empresariales coherentes con los Principios Rectores de la ONU. Trasladado al océano profundo, el mensaje es claro: no hay “zona libre de derechos humanos”.
Además, en nuestra región rigen obligaciones específicas frente a pueblos indígenas y tribales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige consulta adecuada y de buena fe con miras a acuerdo o consentimiento cuando medidas o proyectos puedan afectarles directamente; y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza el consentimiento libre, previo e informado (CLPI/FPIC), especialmente para proyectos que afecten tierras, territorios y recursos. La jurisprudencia interamericana, en casos paradigmáticos como Saramaka vs. Surinam, ha reconocido que proyectos de gran escala en territorios indígenas requieren FPIC, además de evaluación de impactos y distribución de beneficios. En el contexto marino, estos estándares no desaparecen porque el daño ocurra a 4.000 metros de profundidad: si afecta pesquerías, ciclos ecológicos costeros o prácticas culturales, el deber de proteger se activa.
“Falta de conocimiento” no es una frase vacía: estudios recientes muestran huellas de pruebas mineras aún visibles cuatro décadas después en zonas como la Clarion-Clipperton, con alteraciones persistentes de comunidades bentónicas y signos de recuperación desiguales. Para un juez o regulador, ese dato importa: si los impactos son duraderos y difíciles de revertir, el estándar de debida diligencia se vuelve más exigente y la precaución deja de ser retórica.
Varios países latinoamericanos han empujado, con matices, enfoques de moratoria o pausa precautoria a escala internacional. Chile ha defendido públicamente posponer la explotación hasta contar con sustento ambiental robusto, y organizaciones locales recuerdan que el gobierno llegó a proponer una moratoria temporal a la minería en la Zona. Costa Rica, por su parte, ha insistido en transparencia y en que no debe haber explotación sin normas, regulaciones y procedimientos completos en la ISA, y se la ha incluido entre los Estados que respaldan una pausa precautoria. Más allá de las diferencias, el vector común es claro: sin ciencia suficiente, no salvaguardas sólidas.
Que existan estas posturas no anula la presión económica ni las asimetrías tecnológicas. Precisamente por eso, la región debería anclar su liderazgo en un lenguaje que conecte océanos y derechos humanos. La Corte IDH ya trazó el puente; falta cruzarlo con políticas públicas y posiciones coherentes en Kingston.
América Latina puede hacer algo más que “esperar y ver”. Puede condicionar cualquier avance regulatorio en la ISA a salvaguardas de derechos humanos exigibles; articular posiciones comunes en foros regionales; y convertir la jurisprudencia interamericana y supranacional de las organizaciones regionales de integración en criterios operativos para la gobernanza del fondo marino.
Propuestas realistas compatibles con la arquitectura latinoamericana podrían incluir: a) evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (HRIA) obligatorias para todo Estado patrocinador y contratista, desde la exploración avanzada, con participación efectiva de comunidades potencialmente afectadas; b) CLPI exigible para proyectos que puedan afectar derechos de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, incluso si el impacto proximal ocurre “mar adentro”; c) zonas de “no-ir” (no-go) y ordenación espacial precautoria en la Zona, alineadas con evidencia científica independiente y compatibles con los compromisos globales de biodiversidad; d) transparencia radical en datos ambientales y operativos, incluyendo acceso público a líneas base, metodologías y resultados de monitoreo; y e) cláusulas de suspensión automática (“kill-switch”) ante daño grave o incertidumbre científica no resuelta, con responsabilidad solidaria del Estado-patrocinador/contratista para garantías de reparación.
No se trata de negar la transición energética, sino de evitar que su costo se cargue sobre quienes menos se benefician. Si el fondo marino es patrimonio común, las reglas deben reflejarlo desde la ciencia, la equidad y los derechos. Esa es la diferencia entre otro ciclo extractivo y una verdadera política de Estado de Derecho ambiental.
Citación académica sugerida: Luz, Gustavo Leite Neves da.Minería submarina y derechos humanos: ¿una nueva frontera de desposesión?. Agenda Estado de Derecho, 2025/10/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/mineria-submarina-y-derechos-humanos-una-nueva-frontera-de-desposesion/
Palabras clave sugeridas: Latinoamérica. Minería submarina. Derechos humanos.
Doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Hamburgo. Máster en Derecho Internacional por la Universidad Federal de Minas Gerais. Abogado.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
