Los procesos electorales en Venezuela durante las últimas dos décadas se han caracterizado por ser irregulares, no contar con las garantías mínimas previstas e incluso, por la declaración de ilegalidad de determinados partidos políticos así como la inhabilitación de decenas de candidatos opositores. En otras palabras, los derechos políticos de los venezolanos como electores y como personas susceptibles a ser electas han sido sistemáticamente menoscabados.

Como bien es sabido, la celebración de las elecciones presidenciales para el período 2025-2031 está prevista para este año. Frente a este escenario y debido al alcance de la candidatura de María Corina Machado, en junio de 2023, la Contraloría General de la República –un órgano dependiente y parcializado– amenazó sobre la existencia de una nueva inhabilitación en su contra.

Sí, una amenaza.  En esta ocasión, siquiera se trató de una decisión emitida en el marco de un procedimiento sancionatorio de naturaleza administrativa. Esto, aunque resultase abiertamente inconstitucional e inconvencional, habría sido, mínimamente una fachada que respondiese a la práctica reiterada del gobierno venezolano para neutralizar a cualquier figura política que le resulte incómoda o inconveniente.

En esta ocasión, esta presunta inhabilitación se conoció mediante una solicitud de información realizada por un diputado oficialista de la Asamblea Nacional a la Contraloría General sobre si sobre María Corina Machado pesaba o no alguna sanción de esta naturaleza. Como respuesta, fue emitido un documento firmado por el Director General de Procedimientos Especiales de este órgano, el cual informaba al diputado sobre la existencia de una supuesta inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 15 años en contra de la señora Machado.

No obstante, esta supuesta “inhabilitación” se produjo (i) sin la tramitación de un procedimiento previo conforme al debido proceso; (ii) sin haberle notificado sobre el inicio de una nueva investigación o procedimiento en su contra (art. 8 CADH y art. 49 CRBV); y (iii) en abierto desconocimiento del ordenamiento jurídico (art. 170 LOAP). En otras palabras, la responsabilidad internacional del Estado venezolano no solo se ve comprometida por tratarse de una restricción ilegítima a un derecho político, sino también, por hacerlo en abierta inobservancia al debido proceso y las garantías judiciales mínimas.

Así, no se trató siquiera de una decisión de naturaleza administrativa –muchísimo menos judicial en el marco de un proceso penal-, lo cual, ya sería abiertamente contrario al artículo 42 de la Constitución venezolana y al artículo 23.1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fue aún más bochornoso: se trató de un intento desesperado de inhabilitación emitido a través de una comunicación dirigida a un diputado, al margen de cualquier tipo de procedimiento, que se hizo de conocimiento público debido a su difusión en los medios de comunicación. De ahí, que ello fuese catalogado como una vía de hecho –“acto” viciado de nulidad en virtud de haber sido dictado “por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”-.