El odio no es una opinión: cómo los discursos de odio vulneran Derechos en Argentina
1 de abril de 2025
Cuando los discursos de odio provienen del poder, no son solo palabras, sino políticas que vulneran derechos y ponen vidas en riesgo. ¿Qué ocurre cuando un Estado deja de proteger y comienza a amplificar la intolerancia?
Cuando los discursos de odio son impulsados desde el poder público o privado, dejan de ser solo palabras: se convierten en acciones, en políticas públicas, en violencia legitimada. ¿Qué ocurre cuando un Estado decide abandonar su rol de garante de derechos y se convierte en un amplificador de la intolerancia?
La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el vaciamiento de políticas inclusivas son parte de una estrategia más amplia: sin organismos que actúen como freno, los discursos de odio no solo se amplifican, sino que encuentran terreno fértil en la ausencia del Estado.
Mientras la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012) continúan vigentes, su aplicación comienza a enfrentar amenazas directas por parte de sectores políticos que buscan deslegitimarlas.
El clima social y político actual plantea una paradoja inquietante: quienes se proclaman defensores de la libertad individual utilizan su poder para restringir los derechos y libertades de otra parte de la población. La negación de identidades y derechos no es un hecho aislado, sino que parte de un sistema que históricamente ha excluido y violentado a quienes desafían el binarismo de género y la normatividad heterosexual.
El actual gobierno argentino y otros de las américas incentivan narrativas que patologizan y criminalizan las identidades disidentes. «Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos», declaró en 2024 el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, durante una presentación ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
De igual manera, el presidente Javier Milei difundió información falsa en una entrevista al afirmar que, en la provincia de Buenos Aires, existían 240 centros de hormonización de menores, insinuando que se promovían estos tratamientos de manera indiscriminada. Sin embargo, omitió que la Ley de Identidad de Género (2012), antes de ser modificada en febrero de este año, establecía un proceso riguroso en el que los tratamientos hormonales para menores solo podían realizarse con el consentimiento informado de sus representantes legales y bajo estricta supervisión médica. Nunca hubo “hormonización masiva”, sino el reconocimiento y la garantía de derechos fundamentales.
La distorsión de la normativa busca deslegitimar derechos y alimentar el rechazo social hacia la comunidad trans. Se recurre a la vieja estrategia de la patologización y criminalización de las identidades disidentes, reproduciendo discursos que históricamente han sido utilizados para excluirlas del espacio público.
En Argentina, la Ley Antidiscriminación (Ley 23.592) no regula específicamente los discursos de odio, dejando un vacío jurídico que impide una protección efectiva de las víctimas. Según los Principios de Rabat sobre la prohibición de la incitación al odio, los Estados tienen la obligación de intervenir cuando la libertad de expresión se utiliza para incitar a la discriminación o la violencia. Sin embargo, la falta de normativas precisas ha permitido que estos discursos se expandan sin consecuencias reales.
El impacto de esta desprotección es alarmante. En 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, registró 133 crímenes motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, un aumento respecto a los 129 de 2022. Detrás de estos números hay historias concretas: ataques con nombre y apellido que reflejan cómo la violencia estructural se materializa en la vida cotidiana.
• Una maestra lesbiana brutalmente golpeada en su casa tras recibir amenazas (nov. 2023).
• El ataque a cuatro mujeres lesbianas en Barracas y la muerte de tres de ellas (may. 2024).
• La casa de una familia de lesbianas prendida fuego (ene. 2025).
• Una pareja del mismo sexo atacada en la vía pública (feb. 2025).
• Una mujer apuñalada en Salta por ser lesbiana (feb. 2025).
Estos hechos no ocurren por azar, sino en un contexto donde las declaraciones oficiales validan la violencia y la intolerancia. La ausencia de políticas de prevención y la falta de condenas ejemplares envían otro mensaje: en Argentina, la violencia contra el colectivo LGTBIQ+ es tolerada.
Ante esta situación, la Federación Argentina LGBT+ ha expresado su preocupación por la falta de reconocimiento de estos delitos como crímenes de odio por parte de la Justicia, a pesar de haber sido cometidos con la intención de dañar, con conocimiento de la identidad de la víctima y motivados por esta.
El marco legal internacional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a adoptar medidas para prevenir y sancionar la incitación al odio. Sin embargo, la respuesta judicial en Argentina ha sido errática y ha tenido fallos contradictorios respecto a la regulación de estos discursos, balanceando la libertad de expresión con la protección de grupos vulnerables.
En 2024, la jueza Paula Núñez Gelvez emitió un fallo histórico condenando a un influencer por incitar al odio contra la comunidad travesti-trans en un programa de radio. No obstante, estos casos son aislados y la ausencia de regulación específica impide un abordaje integral.
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 62/2025), impulsado por el gobierno de Javier Milei, que modifica la Ley de Identidad de Género para prohibir tratamientos hormonales y cirugías en menores, representa un retroceso que ignora los protocolos médicos y vulnera derechos ya reconocidos. Lejos de proteger a la infancia, estas medidas exponen a las personas trans a mayores riesgos de violencia y exclusión.
El discurso de odio desde el poder no solo fragmenta a la sociedad, sino que además erosiona la confianza en el Estado como garante de derechos. Cuando las instituciones emiten discursos discriminatorios, las víctimas no solo quedan más expuestas, sino que también pueden sentir que no vale la pena buscar justicia en un sistema que las deslegitima.
Si un Estado permite que sectores de la población sean deshumanizados desde el poder, el mensaje que transmite es claro: los derechos no son garantías universales, sino concesiones sujetas a la coyuntura política. Y cuando los derechos se vuelven negociables, cualquier grupo social puede convertirse en el próximo objetivo de esa narrativa.
Las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde vinculó la diversidad de género con una «ideología que atenta contra la biología humana» y sugirió que la «ideología de género extrema» equivale a abuso infantil, no solo distorsionan el debate público sino que refuerzan discursos de odio en los medios y en las redes sociales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental fortalecer las herramientas legales y garantizar la protección de quienes siguen siendo objeto de discriminación y violencia. Pero, más aún, es urgente preguntarnos qué pasará si no lo hacemos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar avanzar estos discursos antes de reconocer su impacto real en la vida de las personas?
Si permitimos que estas narrativas sigan creciendo sin regulación ni consecuencia, ¿quién será el próximo en la mira? El odio no es solo un problema de quienes lo sufren, sino de toda la sociedad. No es una cuestión de opinión: es una amenaza concreta para la democracia y la convivencia. El silencio y la inacción también son decisiones políticas.
Citación académica sugerida: Rubio Argüello, María Luz. El odio no es una opinión: cómo los discursos de odio vulneran derechos en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2025/04/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-discursos-de-odio-vulneran-derechos-en-argentina/
Palabras clave: Argentina, discursos de odio, Javier Milei, diversidad, derechos humanos.
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Comunicadora y periodista argentina con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica, periodismo de investigación y derechos humanos, con un enfoque actual en género y tecnología.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
