Otros organismos internacionales ya se habían pronunciado sobre la relación entre el cuidado y la salud sexual y reproductiva. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “es importante para que las mujeres, incluidas las adolescentes, tengan autonomía sobre su embarazo y su maternidad como parte de su autocuidado, ya que dicha autonomía tiene implicaciones importantes para su propia salud y sus responsabilidades no remuneradas de cuidados y apoyo”. El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas también reconoció que las violaciones de la autonomía y a la salud sexual y reproductiva “limitan la capacidad de las mujeres y las niñas para cuidarse a sí mismas”.

En una línea similar, el Comité de Derechos Humanos recientemente estableció que “la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales de las niñas que son madres y restringe gravemente su proyecto de vida y su derecho a una vida digna”.

Ejemplo de ello son los casos de Norma, Lucía, Susana y Fátima, cuatro niñas latinoamericanas sobrevivientes de violación sexual que fueron obligadas a asumir embarazos y maternidades forzadas debido a la penalización del aborto y la ausencia de políticas públicas que garantizaran decisiones autónomas sobre su proyecto de vida. Estos casos evidencian cómo la desigualdad en las cargas de cuidado que recaen sobre las mujeres empieza desde edades tempranas por imposiciones legales y falencias estructurales en los servicios de salud reproductiva. Ello vulnera su derecho al autocuidado y restringe sus oportunidades de desarrollo personal y autonomía económica.

Aunque la Corte IDH no fue explícita en mencionarlo, el reconocimiento del vínculo entre el autocuidado y la salud sexual y reproductiva implica un deber de los Estados de modificar sus legislaciones internas y destinar recursos suficientes para asegurar la formación, educación y prestación de servicios en esta materia, eliminando las barreras legales y de facto para acceder a ellos.

De acuerdo con el Comité DESC y la OMS, esto implica: la garantía de una Educación Sexual Integral (ESI) para todas las personas que contribuya a la eliminación de estereotipos de género; la disponibilidad y calidad de servicios de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia –con el debido acceso a información con base empírica–; la despenalización total del aborto y su garantía como servicio de salud esencial; la capacitación en materia de parto respetado y consentimiento informado durante el acceso a servicios de salud materna; y la implementación de licencias parentales equitativas para hombres y mujeres, que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado.

El cumplimiento de estas obligaciones estatales no solo garantiza el derecho al cuidado, sino que constituye una condición indispensable para avanzar hacia la justicia reproductiva y reducir las desigualdades estructurales de género.

La OC-31/25 de la Corte IDH marca un precedente histórico al reconocer al cuidado como un derecho humano y al situarlo en estrecha relación con la salud sexual y reproductiva. En su decisión, la Corte trazó una hoja de ruta para orientar a los Estados del continente en la adopción de medidas internas, legislativas y de política pública, que aseguren condiciones de igualdad para que todas las personas, en especial niñas y mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación, puedan decidir cuidar y proveer cuidados libremente, conforme a su proyecto de vida y autonomía reproductiva.

La clave será que estos estándares se materialicen a través de la implementación de Sistemas Nacionales de Cuidado con financiamiento sostenible y en articulación con el sistema de salud, orientados a reconocer, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados, reducir las cargas inequitativas que recaen sobre las mujeres y garantizar plenamente la justicia reproductiva.