Inteligencia artificial interseccional: un win-win tecno-jurídico
6 de Febrero de 2025

La IA transforma la toma de decisiones y la automatización, pero también plantea desafíos en igualdad ¿Puede un enfoque interseccional mitigar estos efectos? ¿Cómo aplicarlo?
La inteligencia artificial (IA) ha transformado profundamente nuestras sociedades, ofreciendo soluciones innovadoras para problemas complejos. Sin embargo, su desarrollo plantea retos éticos, sociales y jurídicos; algunos detectados de forma temprana relativos a la reproducción de sesgos y desigualdades estructurales, especialmente relacionados con las categorías de género y raza.
El caso de COMPAS, la herramienta diseñada para evaluar el riesgo de reincidencia utilizada en varios estados de Estados Unidos, es uno de los más llamativos, ya que permitió advertir sobre la incorporación de sesgos raciales en las evaluaciones de riesgo en perjuicio de las personas racializadas. Cada vez son más numerosos los casos de sistemas de IA cuya utilización ha derivado en efectos discriminatorios (Deliveroo, Correctional Service of Canada, Crimmsafe, Workday, entre otros supuestos) que han llegado a sede judicial obligando a considerar los efectos en el derecho a la igualdad y no discriminación en el despliegue de estos sistemas.
Es entonces cuando los postulados del enfoque interseccional pueden tener una interesante aplicación, ya que se han ocupado de desdibujar una visión monolítica de los sujetos (Cho, Crenshaw y McCall, 2013) como metodología interdisciplinar garantista de los derechos humanos (Yuval-Davis, 2006).
La interseccionalidad, desarrollada en el ámbito de las ciencias sociales, permite analizar cómo los diferentes ejes de opresión/identidad/poder ‒como el género, la raza, la clase, la orientación sexual, la edad y otros‒ interactúan en las experiencias de las personas, superando las perspectivas unidimensionales al ofrecer una comprensión más compleja y precisa de las dinámicas sociales.
Aplicada al desarrollo tecnológico, este marco analítico tiene el potencial de transformar la manera en que se diseñan, implementan y evalúan los sistemas de IA, permitiendo que estos no solo eviten perpetuar desigualdades, sino que contribuyan activamente a visibilizar realidades invisibilizadas u olvidadas. El enfoque interseccional favorece la comprensión del carácter dinámico y contextual del eje opresión-privilegio.
Tal y como lo formula Collins (2017): “(1) racismo, sexismo, explotación de clase y sistemas de opresión similares están interconectados y se construyen mutuamente; (2) la configuración de las desigualdades sociales toma forma dentro de las opresiones interseccionales; (3) las percepciones de los problemas sociales también reflejan cómo se sitúan los actores sociales en las relaciones de poder de determinados contextos históricos y sociales; y (4) dado que los individuos y los grupos y se sitúan de forma diferente dentro de las opresiones que se entrecruzan, tienen puntos de vista distintos sobre los fenómenos sociales”.
Así las cosas, el encuentro entre IA e interseccionalidad podría entenderse desde una asociación simbiótica: los sistemas de IA se beneficiarían de la riqueza de los análisis interseccionales, mientras que la perspectiva interseccional podría aprovecharse de la capacidad analítica que ofrecen los modelos de aprendizaje automático. De ahí que resulte oportuno interrogarse sobre la posibilidad de aplicar un enfoque interseccional en los sistemas de IA.
Para garantizar que los sistemas de IA operen con una perspectiva interseccional, es esencial intervenir en tres momentos clave del ciclo de vida de estos sistemas:
Configuración de bases de datos de entrenamiento. Las bases de datos son el corazón de los sistemas de IA. Además del empleo de datos históricos que reflejan desigualdades estructurales, el modo en que se etiquetan los datos (normalmente binario) y el grado de representatividad muy unido al desequilibrio entre categorías (infra o sobrerrepresentando a grupos) determinan en gran medida la calidad de los resultados. Esto es altamente relevante si se toma en consideración la elevada capacidad de procesamiento de datos y los múltiples usos de la IA que pueden expandir los efectos negativos respecto al respeto al derecho a la igualdad y no discriminación.
Identificado el problema, la adopción de medidas entraña algunos riesgos que resulta conveniente anticipar: i) la búsqueda de soluciones desde un enfoque top-down podría derivar en una epistemología colonizadora si no se entabla un proceso de diálogo con los sujetos situados en la periferia (Cubillos Almendra, 2015) y ii) la heterogeneidad de los datos podría disminuir el rendimiento de los modelos y con ello sus porcentajes de precisión (Guo y Caliskan, 2021). Pese a ello, y tratándose de unos riesgos que interpelan al impulso de procesos participativos y mejoras técnicas, pesan más las oportunidades que las amenazas. La incorporación de la interseccionalidad en el campo de la IA tiene una incidencia directa en la diversidad, la inclusión social y la no discriminación. Además, sería conveniente apostar por la creación de equipos interdisciplinares diversos para potenciar ‒orgánica y teóricamente‒ los análisis interseccionales (Ireni-Saban y Sherman, 2021).
Descubrimiento de correlaciones inesperadas. Una de las principales fortalezas de los modelos de aprendizaje automático es su capacidad para predecir un resultado o clase (supervisado) o identificar patrones (no supervisado) que a menudo escapan al análisis humano. El tratamiento de datos multidimensionales, la estimación de correlaciones (incluidas las no evidentes a simple vista), sumado a la lógica fundamentalmente inductiva, representa un valor añadido del aprendizaje automático en comparación con los modelos tradicionales que podría impulsar el desarrollo de enfoques interseccionales (Nelson, 2021). Algo que ya ocurre en el caso implementado de clasificadores que proporcionan una mayor protección a grupos minoritarios sin una pérdida significativa de rendimiento (Foulds et al., 2019).
Auditorías y supervisión continua. Las auditorías se constituyen como mecanismos para investigar la funcionalidad de los algoritmos y cumplen una función esencial respecto a la detección de sesgos y otros comportamientos no deseados de los sistemas de IA. Cumplen con la finalidad de certificar la confiabilidad de los algoritmos (Mohseni, Zarei y Ragan, 2021), una aspiración fundacional para el “Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial” creado por la Comisión Europea en 2018.
Sin embargo, aunque se han producido avances en la demanda de más justicia, responsabilidad y transparencia en los modelos de aprendizaje automático, la ausencia de un enfoque interseccional en esta fase limita la exhaustividad de las evaluaciones (Constanza-Chock, 2018). No basta con situar a las personas en el centro de los desarrollos tecnológicos, sino que es fundamental considerar cómo interactúan los distintos ejes de identidad y opresión en su relación con estos sistemas. La equidad interseccional debe analizarse en múltiples niveles; se puede medir en las bases de datos, en los problemas de clasificación, en los resultados y en la robustez de las métricas elegidas, permitiendo una evaluación integral.
En un mundo cada vez más digitalizado, el desarrollo de una inteligencia artificial interseccional es más que un objetivo deseable y posible de alcanzar, es una necesidad urgente. Los distintos modelos de IA, con su elevada capacidad de procesamiento de datos y sus técnicas de análisis de la información, tienen el potencial de transformar la manera en que entendemos y abordamos las desigualdades sociales. Actúan como motores de inclusión al arrojar una imagen más fiel de la realidad individual y contextual y muestran la pluralidad intrínseca que caracteriza a las sociedades al estar atravesada por sistemas de privilegio y opresión.
Para lograrlo, los datos de entrenamiento, los resultados obtenidos y las auditorías implementadas deberían adoptar la interseccionalidad como metodología, alejando los análisis de patrones monolíticos y dicotómicos limitados y limitantes. En última instancia, una IA interseccional tiene un impacto en términos democráticos y de garantía de derechos.
La confluencia entre ambas puede ofrecer resultados muy positivos: brindar respuesta a nuevas preguntas irresolubles de acuerdo con los modelos tradicionales, provocar un cambio sistémico al incorporar como sujetos políticos a colectivos históricamente excluidos (Hancock, 2007) y mejorar las garantías y vías de acceso al reconocimiento de derechos humanos y su visibilización. Dado que no existe una única forma de desarrollar sistemas de IA (Joyce et al., 2021), cabe apostar por aquella que incluya las virtudes de la interseccionalidad para ofrecer herramientas empíricas destinadas al bien común.
Citación académica sugerida: Simó Soler, Elisa. Inteligencia artificial interseccional: un win-win tecno-jurídico. Agenda Estado de Derecho. 2025/02/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/inteligencia-artificial-interseccional-un-win-win-tecno-juridico/
Palabras clave: Inteligencia Artificial, interseccionalidad
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Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal
Universitat de València (España)
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.