¿Están funcionando los derechos de la naturaleza? El impacto de la sentencia de Los Cedros en Ecuador
18 de Septiembre de 2024
¿Cómo se ha implementado la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que reconoció la titularidad de derechos del Bosque Los Cedros? ¿Cuál ha sido su impacto?
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Las iniciativas legales que reconocen los derechos de la naturaleza han pasado de ser un goteo a una cascada. Hasta el 1 de enero de 2024, un total de 493 propuestas de este tipo—incluyendo cláusulas constitucionales, leyes, ordenanzas municipales, instrumentos de política, decisiones judiciales y declaraciones no vinculantes—se han presentado en 44 jurisdicciones y foros internacionales como las Naciones Unidas, según cifras recopiladas por el Monitor de Eco Jurisprudencia. Aproximadamente tres cuartas partes de estas han sido aprobadas. Estas iniciativas se duplicaron entre 2011 y 2016 y luego nuevamente entre 2016 y 2021.
Esta tendencia forma parte de un creciente interés interdisciplinario en implementar enfoques ecocéntricos hacia lo que el filósofo David Abrams denomina el “mundo más-que-humano”: la red de vida que incluye tanto a humanos como a no humanos. En el campo legal, esto ha resultado en la proliferación de debates conceptuales y doctrinales sobre los “derechos más-que-humanos”, como César Rodríguez-Garavito ha propuesto llamar a los derechos de la naturaleza en un volumen publicado recientemente. Dada la complejidad y lo reciente de este debate, muchas preguntas clave aún permanecen abiertas: ¿Quién cuenta como sujeto de derechos? ¿Deberían los derechos más-que-humanos limitarse a los animales, o deberían incluir también otros reinos de la vida? ¿Debería otorgarse protección legal a individuos, especies o ecosistemas enteros? ¿Quién habla en nombre de la naturaleza? ¿Qué derechos deberían concederse a los no humanos? Una literatura creciente y vibrante está examinando estas y otras cuestiones.
Sin embargo, se ha prestado menos atención al impacto de los derechos más-que-humanos, especialmente a las sentencias judiciales que han reconocido la personalidad jurídica de los no humanos, desde animales hasta bosques y ríos. ¿Han protegido efectivamente estas decisiones judiciales a la naturaleza o su impacto es principalmente simbólico?
Para contribuir a responder a esta pregunta, el Proyecto Vida Más-Que-Humana (MOTH, por sus siglas en inglés) y la Clínica de Investigación y Acción sobre Derechos de la Tierra (TERRA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York llevaron a cabo un estudio sistemático sobre la implementación de una de las decisiones más sofisticadas y prominentes de este tipo. En 2021, la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor del Bosque Los Cedros, un bosque nublado de alta biodiversidad entre las regiones del Chocó y los Andes Tropicales de Ecuador.
Invocando el reconocimiento pionero de los derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana de 2008, el caso se había presentado en respuesta a las licencias mineras otorgadas por el gobierno para trabajos de exploración dentro de los límites de la Reserva Forestal. Finalmente, la Corte Constitucional determinó que las actividades mineras causarían degradación ambiental en clara violación del derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza, específicamente, los derechos del Bosque Los Cedros y sus especies a existir y regenerarse mediante ciclos vitales saludables. La Corte sostuvo que las violaciones de derechos humanos fundamentales y derechos constitucionales de la naturaleza requerían la anulación de los permisos de minería previamente otorgados. Los permisos ambientales fueron declarados nulos y las actividades dentro del Bosque Protector Los Cedros que amenazaran los derechos de la naturaleza—incluidas la minería y todo tipo de actividades extractivas— se declararon prohibidas por la Corte. .
La decisión de la Corte contiene una amplia gama de órdenes que proporcionan medidas de reparación —remedios implementados para abordar el daño, perjuicio o injusticia—y garantías de no repetición —aseguranzas puestas en práctica para prevenir la recurrencia de violaciones de derechos humanos en el futuro. Específicamente, las órdenes requirieron la acción de organismos gubernamentales y compañías mineras que operaban anteriormente en Los Cedros, como la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y su socio canadiense Cornerstone.
El informe escrito en colaboración con los estudiantes de TERRA NYU Bridgette Keane y Jeremy Zullow, evaluó la implementación y el nivel de cumplimiento gubernamental y corporativo con las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia de Los Cedros hasta junio de 2024.
La evaluación se basa en una combinación de métodos cualitativos, incluyendo dos visitas de campo a Los Cedros (en octubre de 2022 y mayo de 2024) y una revisión sistemática de fuentes primarias y secundarias, así como entrevistas con actores clave en la ejecución de la sentencia. Se asignaron puntajes de cumplimiento para evaluar el nivel actual de implementación de cada orden judicial. Cada puntaje va acompañado de un análisis de los factores que constituyen el estado de implementación de cada orden.
El informe muestra que la ejecución de los derechos de la naturaleza y fallos como el de Los Cedros pueden ser herramientas efectivas para proteger ecosistemas en peligro cuya supervivencia y florecimiento son esenciales para enfrentar la triple crisis ecológica del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. A diferencia de muchos otros bosques y ecosistemas que han sucumbido a la presión de la minería y otros proyectos extractivos en diferentes partes del mundo, Los Cedros sigue siendo una fuente de agua y vida para humanos y no humanos. El estudio encontró que las operaciones mineras efectivamente cesaron en Los Cedros al mes después de la sentencia y no queda infraestructura minera en la zona. Como la evidencia y evaluación ofrecida en el informe muestran, el resultado final de interés es que Los Cedros está efectivamente libre de operaciones mineras y continúa sirviendo como un punto clave de biodiversidad y una fuente de agua limpia, aire y bienestar para humanos y no humanos por igual. Como sugieren las visitas a terreno y las conversaciones con una amplia gama de actores, sin la sentencia, Los Cedros probablemente habría experimentado la degradación ambiental y la extinción masiva de especies, como otros bosques convertidos en sitios de minería en la región, en Ecuador y en todo el mundo.
Sin embargo, los resultados de la implementación de otras órdenes judiciales han sido mixtos. Las medidas de reparación de la Corte se dirigieron en gran medida al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE, por sus siglas en español), que fue encargado de supervisar la implementación de la sentencia de la Corte. Por ejemplo, MAATE debía preparar—y la Defensoría del Pueblo debía informar sobre—un nuevo plan de manejo con la participación de las comunidades locales. Si bien se publicó un nuevo plan de manejo, MAATE no ha facilitado la participación comunitaria y ha sido lento en implementarlo.
En cuanto a las medidas de no repetición, si bien MAATE y la Defensoría del Pueblo realizaron un monitoreo inicial in situ, desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2023 y una capacitación para funcionarios públicos sobre las implicaciones de la sentencia, poco se ha hecho desde mediados de 2023 para asegurar que las autoridades gubernamentales y judiciales ecuatorianas respeten los derechos de la naturaleza y los principios ambientales delineados en la sentencia y la Constitución ecuatoriana. Además, MAATE no ha tomado acciones significativas para actualizar procesos legales y administrativos más amplios, como la toma de decisiones para licencias ambientales, para proteger mejor Los Cedros y los derechos de la naturaleza en general, según lo mandado por la Corte. En contraste, la Defensoría del Pueblo ha cumplido en gran medida con sus responsabilidades, acompañando y reportando consistentemente sobre el proceso de cumplimiento y, en ocasiones, instando a MAATE a adherirse a la sentencia.
En resumen, la sentencia ha sido notablemente efectiva en términos de su impacto inmediato y directo en la protección del bosque como sujeto de derechos frente a la amenaza de la minería a gran escala. Ha sido menos efectiva, sin embargo, en términos de sus efectos indirectos sobre la participación de la comunidad local y el fortalecimiento de la regulación y procedimientos administrativos sobre los derechos de la naturaleza en general.
El éxito en proteger el bosque de la minería no significa, sin embargo, que el destino de Los Cedros y el fallo no sigan siendo vulnerables. El informe muestra que, debido a acciones insuficientes por parte del gobierno ecuatoriano, la carga de la protección de Los Cedros ha recaído en otros actores. Específicamente, una carga desproporcionada de la implementación de la sentencia ha caído en los científicos, defensores y protectores del bosque de la Estación Científica Los Cedros. La Estación ha monitoreado la totalidad de Los Cedros desde 1988 y actualmente opera con significativas limitaciones de recursos y personal. Con un equipo de doce miembros y aprovechando un programa de cámaras trampa junto con un sistema satelital, la Estación ha sido la única responsable de monitorear la actividad de la vida silvestre y detectar intrusiones de mineros y cazadores. La Estación también ofrece capacitación integral para los miembros de la comunidad vecina para actuar como guardabosques y guías, lo cual ha sido esencial para la protección del bosque. A pesar de estos esfuerzos, los empleados de la Estación son los primeros en reconocer que su capacidad para monitorear y proteger adecuadamente Los Cedros es gravemente insuficiente.
Para abordar estos desafíos y consolidar el precedente de la sentencia de Los Cedros, se necesitan acciones urgentes y una participación continua por parte de una variedad de actores nacionales e internacionales. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad primordial de recuperar el tiempo perdido apoyando a la Estación Científica y permitiendo la participación de las comunidades locales que han ayudado a proteger el bosque. De manera similar, el compromiso continuo de la sociedad civil nacional e internacional, así como de las organizaciones científicas e intergubernamentales, será crucial para definir el destino del caso. El litigio de Los Cedros involucró a biólogos, colectivos ambientales, artistas, celebridades y simpatizantes en línea que proporcionaron evidencia a la Corte, diseñaron campañas en apoyo de la demanda, difundieron la sentencia y convirtieron a Los Cedros en un ícono de la protección de la biodiversidad. Ellos y todos los demás que se han inspirado en este caso deben mantener su atención en la implementación de la sentencia.
Texto originalmente publicado en inglés, en Verfassungsblog. El artículo es parte de una colaboración entre AED y Verfassungsblog.
Este artículo se basa en el informe “El Impacto de los Derechos de la Naturaleza: Evaluación de la Implementación de la Sentencia de Los Cedros en Ecuador” publicado por el proyecto MOTH y el Programa TERRA.
Citación académica sugerida: Rodríguez-Garavito, César y De Bona, Melina. ¿Están funcionando los derechos de la naturaleza? El impacto de la sentencia de Los Cedros en Ecuador. Agenda Estado de Derecho. 2024/09/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/impacto-de-la-sentencia-de-los-cedros-en-ecuador/
Palabras clave: Derechos, naturaleza, Ecuador, Los Cedros
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Profesor de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Es director del Programa de Investigación y Acción sobre Derechos de la Tierra (TERRA, por sus siglas en inglés) y del Proyecto Vida Más-Que-Humana (MOTH, por sus siglas en inglés) en la Facultad de Derecho de NYU.
Profesora Adjunta y Abogada en el Programa de Investigación y Acción sobre Derechos de la Tierra (TERRA, por sus siglas en inglés) en la Facultad de Derecho de NYU.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
