El 16 de noviembre de 2009, fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la sentencia del caso González y otras vs. México, mejor conocido como Campo algodonero, en la que se condenó al Estado mexicano, principalmente por la  falta de una investigación eficaz, juzgamiento y sanción de los responsables de la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres; dos de ellas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual y tortura, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta sentencia significó un hito en la protección interamericana de los derechos de las mujeres, ya que por primera vez la Corte IDH condenó a un Estado, por la infracción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, visibilizando un problema de violencia machista y discriminación contra las mujeres, incluso en el acceso a la justicia en México, problemática que se encuentra presente en todo Latinoamérica y ha provocado miles de muertes.

Este problema es de tal gravedad en el Estado, que, de las 10 sentencias condenatorias que ha dictado la Corte IDH en su contra, cuatro, han sido por diferentes tipos de violencia de género. Esta grave situación no es diferente en el resto de Latinoamérica, en donde la Corte ha emitido decenas de sentencias por violencia de género .

México ha reconocido ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) que se han realizado esfuerzos por cambiar esta situación, sin embargo, existe una cultura de violencia y discriminación basada en el género que lamentablemente requiere mucho tiempo para ser cambiada. Esto no es una excusa válida, si se toma en cuenta que, en los últimos años, la violencia contra la mujer ha aumentado en lugar de disminuir, a pesar de los casi once años de dictada la sentencia de Campo Algodonero y de la presión social que han ejercido ONGs y movimientos sociales como el feminismo.

México ha cumplido la mayoría de las medidas de reparación con alcance general ordenas por la Corte IDH en su sentencia. Hoy en día, tenemos los Protocolos Alba (utilizado para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas) y Ámber (para la búsqueda prioritaria de niñas y niños); se han creado otros para juzgar con perspectiva de género; se ha integrado el delito de feminicidio en todos los Estados de la República; se ha capacitado a las autoridades sobre los derechos de las mujeres y equidad de género; fue creada una página electrónica en Chihuahua, con los datos y fotografías de las mujeres desaparecidas, para lograr su localización y, se está trabajando en la creación de una base de datos nacional, que contenga los registros genéticos de las desaparecidas. Todos estos avances han tenido lugar gracias a esta sentencia de la Corte IDH, aquí se puede apreciar su impacto positivo, cuando menos en el ámbito de la impartición de justicia.

Sin embargo, la dimensión social del impacto de esta sentencia, aún se encuentra pendiente. Los feminicidios nunca han sido resueltos, al igual que miles más en el México. Actualmente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en este País se cometen diez homicidios dolosos de mujeres cada día, y no es posible determinar, cuántos de ellos han sido feminicidios, ya que existe, un 98% de impunidad, por lo que, en muchos de los casos, al no poderse determinar la razón del crimen, ni quién ha sido el perpetrador, no se puede clasificar como tal.

Según datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México y Brasil son los dos Estados más violentos para las mujeres de la región, seguidos de cerca por el Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia. La ONU ha señalado que Latinoamérica posee 14 de los 25 Estados más violentos para las mujeres en el mundo, lo que lo posiciona como la segunda región más peligrosa para ser mujer a pesar de que, en casi todos los Países Latinoamericanos (con excepción de Haití y Cuba) se encuentra tipificado el delito de feminicidio, entonces, la pregunta es ¿Por qué la violencia feminicida no solo persiste, sino que aumenta?

Sin duda, hay dos problemas graves que es urgente abordar al respecto. El primero es la impunidad. La investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, es la medida de reparación menos cumplida por los Estados que forman parte del sistema interamericano, lo que deja ver el enorme problema de impunidad que subyace en la región. Mientras no se ataque este problema de fondo y se realicen investigaciones serias, los feminicidas seguirán actuando en total impunidad. Además, este problema tiene raíces tempranas, ya que, si existe un patrón reiterado de violencia y este no es debidamente investigado por las autoridades, a pesar de haber sido denunciado, como, por ejemplo, violencia familiar o abuso infantil, es probable que persista hasta llegar al feminicidio.

El segundo problema reside en la llamada cultura de violencia y discriminación basada en el género. La Corte IDH en todas sus sentencias ha subrayado la extraordinaria importancia que tiene la formación y capacitación de la sociedad en general y de las autoridades y agentes que, de manera particular, se enfrentan a esta realidad, no obstante, los Estados se han enfocado más en el establecimiento de herramientas para juzgar, que, para prevenir el delito, por lo que han descuidado la capacitación dirigida al público en general. Es indispensable que en toda Latinoamérica se lleven a cabo políticas públicas dirigidas a difundir información sobre los derechos de las mujeres y equidad de género. No solo a las autoridades, sino a los estudiantes de todos los niveles y a la población en general, la herramienta más importante que se tiene en contra de la violencia es la educación, hay que comenzar atacando este terrible problema desde las aulas.