La Contraloría General de Cuentas es el órgano superior de control del gasto público. Su función constitucional es auditar el uso de recursos estatales y determinar responsabilidades administrativas o patrimoniales cuando corresponda. Su titular es electo por el Congreso para un período de cuatro años y no puede ser reelecto (art. 233).

El proceso parte de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación, como ha sido descrito en guías procedimentales de observación institucional. En teoría, se trata de un mecanismo diseñado para preservar un perfil técnico e independiente. En la práctica, sin embargo, la Contraloría puede convertirse en un nodo estratégico de poder, no solo por su capacidad de fiscalización, sino por su incidencia directa en el ejercicio de derechos políticos.

Esto ocurre especialmente a través de la emisión de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida en la práctica como “finiquito”. Este documento es un requisito legal para optar a cargos públicos de elección popular en Guatemala. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece expresamente que no podrán ser inscritos como candidatos quienes no acrediten dicha constancia extendida por la Contraloría (art. 113).

En un sistema institucional sano, el finiquito debería ser un instrumento administrativo objetivo: certificar que una persona no tiene cuentas pendientes derivadas de responsabilidades establecidas conforme a derecho. El problema surge cuando este mecanismo se utiliza de forma discrecional o instrumentalizada, abriendo la puerta a un fenómeno grave: la exclusión política mediante denuncias espurias o señalamientos administrativos sin sustento.

En los últimos años, la región ha observado cómo herramientas aparentemente técnicas: inhabilitaciones administrativas, auditorías selectivas, expedientes abiertos sin resolución, pueden operar como formas indirectas de restricción del pluralismo democrático. En Guatemala, el riesgo es particularmente sensible porque basta con la existencia de reclamaciones o procesos administrativos iniciados para generar obstáculos en la emisión del finiquito, incluso cuando no existe sentencia firme ni responsabilidad probada.

Así, una Contraloría capturada no solo deja de fiscalizar correctamente: puede transformarse en un filtro político que decide, de facto, quién puede o no competir en elecciones generales. En un contexto donde proliferan denuncias instrumentales y donde las instituciones de control han sido objeto de presiones, este poder administrativo adquiere una dimensión profundamente democrática.

Por eso, la elección del Contralor en 2026 no debe entenderse únicamente como un nombramiento técnico. Es parte del mismo mapa de integridad institucional que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad o el Ministerio Público. Sin un órgano de control independiente y, sin garantías de que el finiquito no sea utilizado como arma de exclusión, no hay competencia electoral genuina ni Estado de Derecho sostenible.