En una línea de tiempo, Dejusticia expone cómo el glifosato empezó a ser utilizado en Colombia en 1992 para fumigar cultivos de amapola; posteriormente, en 1994 se autorizó su utilización para fumigar también cultivos de coca y cannabis. En 2001, se empezaron a presentar quejas por daños ocasionados por la aspersión aérea con glifosato, razón por la cual el Ministerio de Ambiente realizó un Plan de Manejo Ambiental para la fumigación con dicho herbicida. En 2003, la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-383 de 2003  estableció que:

“con miras a distinguir dentro del territorio de la Amazonía colombiana cuáles son las poblaciones o comunidades con conciencia e identidad cultural propia y dónde se ubican, a fin de que sean consultadas sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, las entidades accionadas deberán consultar a las autoridades de dichos pueblos y a las organizaciones que los agrupan”.

Por otro lado, en 2008, Colombia es denunciada ante la CIDH por el caso Yaneth Valderrama, quien “abortó involuntariamente y murió a causa de la aspersión aérea con glifosato”. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó el glifosato como carcinogénico para los humanos y, por ello, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió la aspersión aérea, para continuar con su aspersión terrestre.

Por otro lado, el glifosato no solo tiene efectos nocivos para la salud humana, sino también para el medio ambiente toda vez que “el uso del glifosato reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores”. Adicionalmente, WWF expone como “agrava enfermedades en plantas, reduce el rendimiento cuántico de la fotosíntesis, reduce la tasa de supervivencia y afecta el desarrollo en ciertas especies de animales y altera el comportamiento y el sistema endocrino en peces.

Es así como en 2021, en campaña presidencial, Gustavo Petro, aseguró que en su gobierno “no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra Patria.”. Sin embargo, esas palabras hoy son una promesa incumplida, ya que, pese a que en 2024 no se utilizó glifosato, en el Concejo de Bogotá se expuso un contrato firmado por el Ministerio de Defensa por 2.600 millones pesos colombianos para comprar glifosato y retomar la aspersión terrestre de cultivos ilícitos con dicho herbicida gracias a que hubo un incremento importante en los cultivos de coca.

A pesar de que la aspersión se hará de manera terrestre, esta medida ha generado múltiples opiniones, sobre todo por los efectos de este herbicida en el medio ambiente y en la salud humana. Ahora bien, es menester aclarar que la decisión de retomar el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, según algunos analistas, se dio como consecuencia de una fuerte presión internacional por parte de los Estados Unidos, ya que al no dar resultados, sucedió lo que se esperaba, hubo una “descertificación por parte de dicho país en la lucha antidrogas”.