El impacto del caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras para la independencia judicial en las Américas
27 de Junio de 2024
Este artículo analiza una de las novedades más destacadas de la decisión, vinculada con la importancia del principio de legalidad en la destitución de jueces y juezas de tribunales supremos.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) avanzó en el desarrollo de estándares para la independencia judicial en la región, con la sentencia “Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras“.
La sentencia no solo reparó integralmente a las víctimas, sino que también subrayó la importancia de la independencia judicial para la defensa de las democracias en las Américas, frecuentemente asediadas por gobiernos que buscan cooptar las cúpulas de la judicatura, cambiando su composición y nombrando juzgadores adictos, para lograr sus intereses políticos.
Las democracias contemporáneas, en lugar de caer por golpes militares, a menudo se debilitan lentamente a través de la erosión del poder judicial, uno de sus pilares fundamentales.
La Corte declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2012, por el Congreso Nacional, en un cese masivo.
El Congreso era incompetente para llevar a cabo la destitución y no existía en aquel momento un procedimiento de remoción de magistrados ni las causales para ello estaban claramente establecidas.
Los magistrados destituidos nunca fueron notificados formalmente ni pudieron defenderse, y los recursos interpuestos fueron rechazados sin consideración de las violaciones alegadas. La destitución siguió con una feroz persecución estatal que las víctimas sufrieron en su integridad personal, en su salud y en sus vínculos familiares.
La destitución de las víctimas operó como una retaliación del oficialismo por decisiones que adoptaron en ejercicio de sus funciones legítimas.
La postura jurídica de las víctimas vertidas en sus sentencias, y en particular en un proyecto de sentencia vinculado a la inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Depuración Policial, generó represalias e interferencias indebidas por el entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa: cuestionamientos públicos, recortes de presupuesto, amenazas de establecer órganos de control de las decisiones de la Sala.
Finalmente, terminó con su destitución la madrugada del 12 de diciembre de 2012, con el edificio del Congreso rodeado por las Fuerzas Armadas.
La sentencia de Gutiérrez Navas establece por primera vez una violación autónoma del principio de legalidad (Artículo 9 de la Convención Americana) en este tipo de casos.
La Corte refuerza el deber de los Estados de fijar reglas claras para la destitución de jueces y juezas de tribunales supremos, incluyendo conductas, sanciones y los procedimientos (con sus etapas, plazos y recursos disponibles) claramente establecidos en una ley previa.
La Corte consideró que la destitución en este caso violó el principio de legalidad porque la destitución fue realizada sin fundamento legal respecto de las causales y la sanción aplicables, ni había un procedimiento previamente establecido.
Además, destacó que el artículo 205 inciso 20 constitucional, invocado como fundamento de la destitución, habilitaba al Congreso Nacional a “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Judicial”, más no establecía que la improbación de dicha conducta administrativa (que además las víctimas no ostentaban), podía tener como consecuencia su destitución. Honduras reconoció que violó el principio de legalidad por estos motivos.
Como medida de reparación, la Corte ordenó a Honduras adecuar su legislación interna, la cual fue adoptada posteriormente a la destitución en un intento de justificar la arbitrariedad cometida. El Estado deberá modificar su Ley Especial del Juicio Político y, posiblemente, su Constitución, para alinearlas con los estándares interamericanos.
En casos anteriores, la Corte IDH había abordado destituciones de jueces de Altas Cortes pero no había declarado una violación del artículo 9 de la Convención Americana ni tampoco había ordenado una adecuación normativa.
A continuación, se analiza la evolución jurisprudencial de la Corte en numerosos fallos, así como los argumentos presentados por la Corte para no declarar una violación al principio de legalidad. El análisis culmina con el caso Gutiérrez Navas, en el cual la Corte finalmente reconoce la violación del artículo 9.
En el caso Camba Campos vs Ecuador (2013), el Congreso Nacional de Ecuador destituyó a nueve vocales del Tribunal Constitucional mediante un procedimiento ad hoc. La Constitución permitía destituciones por “infracciones constitucionales o legales” pero prohibía juzgar a los vocales por sus sentencias.
Ecuador reconoció la violación del principio de legalidad, pero la Corte decidió que, al ser incompetente el Congreso para juzgarlos, no era necesario analizar el principio de legalidad en detalle. La decisión mayoritaria de la Corte fue criticada en un voto disidente por el juez Ferrer Mac-Gregor.
El caso Quintana Coello y otros vs Ecuador (2013) surge por la destitución arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Nacional, en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo.
Ecuador también reconoció su responsabilidad internacional por la violación del artículo 9 por la falta de una causal determinada en la ley para la separación de los cargos de magistrados y porque existió un procedimiento ad-hoc de carácter sancionatorio llevado a cabo por el Congreso.
Sin embargo, la Corte resolvió en sentido similar a Camba Campos y tampoco se expidió sobre el principio de legalidad. Como el Congreso no era competente para destituir a los magistrados, para la Corte no fue necesario realizar un análisis detallado sobre la legalidad de las causas de destitución bajo el principio de legalidad.
El juez Ferrer Mac-Gregor afirmó en su voto concurrente que la existencia de un procedimiento ad-hoc habilitaba al Tribunal Interamericano a analizar una posible vulneración autónoma del principio de legalidad.
El caso Quintana Coello y otros vs Ecuador (2013) surge por la destitución arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Nacional, en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo.
Ecuador también reconoció su responsabilidad internacional por la violación del artículo 9 por la falta de una causal determinada en la ley para la separación de los cargos de magistrados y porque existió un procedimiento ad-hoc de carácter sancionatorio llevado a cabo por el Congreso.
Sin embargo, la Corte resolvió en sentido similar a Camba Campos y tampoco se expidió sobre el principio de legalidad. Como el Congreso no era competente para destituir a los magistrados, para la Corte no fue necesario realizar un análisis detallado sobre la legalidad de las causas de destitución bajo el principio de legalidad.
El juez Ferrer Mac-Gregor afirmó en su voto concurrente que la existencia de un procedimiento ad-hoc habilitaba al Tribunal Interamericano a analizar una posible vulneración autónoma del principio de legalidad.
El Colindres Schonenberg vs. El Salvador (2019) se refiere a la destitución arbitraria de magistrado del Tribunal Supremo Electoral por un órgano incompetente, la Asamblea Legislativa, y sin que existiera un procedimiento previamente establecido.
La Comisión IDH y los representantes de la víctima argumentaron que el Estado violó el artículo 9 de la Convención Americana, ya que no había establecido un régimen disciplinario específico para los magistrados del TSE, y no existían causas ni sanciones aplicables en el momento de los hechos.
Además, consideraron que aplicar por analogía los requisitos de nombramiento de magistrados del TSE para fines disciplinarios violaba el principio de legalidad. El Salvador negó su responsabilidad.
La Corte IDH, una vez más, no se expidió sobre la violación a este derecho, pues consideró que una vez se determinado que el procedimiento y órgano a través del cual se llevó a cabo el proceso de la destitución de la presunta víctima no se encontraba establecido legalmente, no era necesario entrar a analizar las demás garantías establecidas en los artículos 8 y 9 de la Convención.
El caso Ríos Avalos y otro vs Paraguay (2021) es otro caso relevante en este análisis. El caso versó sobre la destitución de dos ministros de la Corte Suprema de Paraguay en un juicio político regulado por las leyes paraguayas, por la causal de “mal desempeño en las funciones”.
La Comisión alegó que Paraguay violó el principio de legalidad porque la causal de destitución era sumamente vaga y permitía incluir decisiones jurisdiccionales protegidas por el principio de independencia judicial.
Al igual que en los casos anteriores, la Corte no se expidió sobre la violación al principio de legalidad y analizó el tema desde la perspectiva de la independencia judicial: “la constatación de la existencia de un acuerdo previo sobre el resultado del juicio político tramitado hace innecesario analizar los alegatos referidos (…) al principio de legalidad”.
En el fallo Aguinaga Aillón vs. Ecuador (2023), vinculado a la destitución de la víctima como vocal del Tribunal Supremo Electoral, la Corte siguió la tendencia de no declarar una violación al principio de legalidad. Aguinaga Aillón fue cesado por la supuesta ilegalidad de su nombramiento realizado casi dos años antes.
La Constitución Política de 1998 otorgaba competencia al Congreso Nacional para remover de su cargo a los vocales del TSE por medio de un juicio político, o por fiscalización, pero no por la ilegalidad del proceso de nombramiento.
Lo anterior implicó que los vocales fueron cesados en aplicación de causales y procedimientos distintos a aquellos establecidos en la ley, lo que podría haber sido analizado a la luz del principio de legalidad.
La mayoría de la Corte consideró que, dada la falta de competencia del Congreso Nacional para cesar en el cargo al señor Aguinaga Aillón, no era necesario analizar si la decisión del cese del señor constituyó un acto sancionatorio a la luz del artículo 9 de la Convención o no.
El caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras marca un hito en la lucha por la justicia y la independencia judicial en el hemisferio. En una región donde los juicios políticos han sido usados históricamente para erosionar la independencia de los jueces y favorecer intereses políticos, esta sentencia contribuye a sentar las bases para un cambio de rumbo.
La Corte IDH deja establecida expresamente la necesidad imperiosa de que los juicios políticos sean llevados a cabo con estricto apego al principio de legalidad y con total respeto a las garantías judiciales.
Citación académica sugerida: Cantú, María Fabiola y Zuanich, Lourdes. El impacto del caso Gutierrez Navas y otros vs. Honduras para la independencia judicial en las Américas. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-impacto-del-caso-gutierrez-navas-y-otros-vs-honduras-para-la-independencia-judicial-en-las-americas/
Palabras clave: Honduras; independencia judicial; Corte IDH
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Es abogada por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Fue reconocida por la Federación Argentina de Mujeres como la mejor egresada de la carrera en Derecho. Es Diplomada en Derechos Humanos con Mención de Honor por la Universidad Austral y Diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de Zaragoza, España. Es Candidata a Máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington Collage of Law. Se dedica al asesoramiento y litigio en derechos humanos. Tiene experiencia en litigio internacional de derechos humanos, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas. Representó a las víctimas del caso Gutiérrez Navas y otros. vs Honduras, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es estudiante de Derecho en la Universidad Austral (Argentina). Es Ayudante Alumna de Derecho Constitucional y Sistema de Derechos Humanos en la Universidad Austral. Es Subjefa de Procuración en Cassagne Abogados. Colaboró con los representantes de las víctimas en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
