La última dictadura militar constituyó una etapa oscura en la historia argentina y dejó profundas heridas en el tejido social de un país que ha tenido una relación inestable con el gobierno democrático. La decisión de la Corte Suprema argentina en Simón (2005) abrió el camino a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese periodo, luego de décadas de inacción. En el caso, la Corte declaró la inconstitucionalidad de dos leyes sancionadas en 1986 y 1987 con el fin de proteger a los autores de esos crímenes. Sin embargo, la sentencia llega a un resultado loable empleando fundamentos controversiales, porque, para sostener la invalidez de esas normas, se relegaron principios constitucionales profundamente arraigados en la cultura jurídica argentina. ¿Podría decirse que en el caso Simón la Corte protagonizó una revolución constitucional?

El tribunal se encontraba en una verdadera encrucijada al momento de resolver el caso. La principal razón fueron las idas y vueltas respecto de la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Luego del llamado “Juicio a las Juntas”, en el cual se procesó penalmente a los integrantes de las tres primeras juntas militares del gobierno de facto, la presión ejercida por el sector militar llevó a la adopción de dos leyes que, si bien no lo reconocían formalmente, en la práctica funcionaron como leyes de amnistía: la Ley de Punto Final (ley 23.492) y la Ley de Obediencia Debida (ley 23.521). En 1987, la Corte Suprema confirmó la validez de la Ley de Obediencia Debida en Camps. Como resultado, durante casi dos décadas, esas dos leyes impidieron los procedimientos judiciales para la mayoría de los delitos cometidos bajo el gobierno de facto o condujeron a su extinción.

A lo largo de esos años, no obstante, se produjeron algunos cambios importantes. A nivel internacional, hubo una ola de solicitudes de extradición de nacionales argentinos acusados ​​de crímenes internacionales cometidos durante la dictadura, se aprobó el Estatuto de Roma, y la Corte IDH resaltó la importancia del deber del Estado de investigar y juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad. A nivel local, los militares perdieron recursos y poder para influir en la política nacional, mientras las organizaciones de derechos humanos se hicieron más prominentes. La reforma constitucional llevada a cabo en 1994 incorporó normas inspiradas en la experiencia de los diversos golpes de Estado en el siglo XX.

Comenzó a surgir, entonces, una sensación de que la impunidad que habían generado las “leyes de amnistía” ya no se podía tolerar. En 2001, un tribunal federal declaró la invalidez de esas leyes. Dos años más tarde, el Congreso le otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (ley 25.778), y sancionó una ley que declaraba que las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final eran “insanablemente nulas” (ley 25.779). Debido a esta anulación, se reabrieron varios casos importantes contra exlíderes militares, pero persistía la incertidumbre acerca de su confirmación por parte de la Corte Suprema. La duda fue disipada en Simón, que declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y confirmó la constitucionalidad de la ley 25.779.

En el caso, se le imputaba a Julio Héctor Simón, en aquel entonces suboficial de la Policía Federal, haber secuestrado en 1978 a un matrimonio y a la hija de ambos. Los tres fueron llevados a un centro clandestino de detención, donde el matrimonio fue torturado y desaparecido. La niña fue entregada a un oficial militar, que registró a la bebé como suya, una práctica frecuente durante la dictadura. Luego de una denuncia de la abuela de la niña, un tribunal condenó al acusado de secuestrar a una menor, un delito que estaba excluido del alcance de las “leyes de amnistía”. Por el contrario, la Ley de Obediencia Debida impedía la persecución penal de los crímenes contra la humanidad cometidos por Simón. El tribunal declaró, entonces, la inconstitucionalidad de esas leyes, a fin de permitir la investigación y el juicio de esos crímenes. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema.

En esencia, el caso implicaba un choque entre un derecho constitucional de Simón y una obligación del Estado que surgía del derecho internacional y de tratados que ostentaban jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico argentino: el deber de perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad sin limitación.

 Por un lado, el Sr. Simón, cuyos delitos estaban cubiertos por la Ley de Obediencia Debida, tenía derecho, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, a no ser juzgado por esos crímenes en virtud de una regla ex post facto. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, este derecho comprende la exclusión de cualquier ley penal que ex post facto empeore la condición de los condenados, incluidas las leyes sobre la prescripción de la acción penal. Por otro lado, el artículo 75.22 confiere jerarquía constitucional a una serie de tratados sobre derechos humanos y establece las mayorías necesarias para que el Congreso se la otorgue a otros tratados. La disposición sostiene que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. Esta limitación sobre la primera parte incluía el artículo 18, que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales, así como los artículos 27 y 31, que declaran la supremacía de la Constitución sobre todas las demás fuentes normativas del derecho, incluidos los tratados.

Lo que estaba en juego, entonces, era la primacía de la Constitución —que daba como resultado la impunidad de Simón— o la primacía del derecho internacional —que imponía el deber de perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad sin limitación—. La disidencia del juez Carlos Fayt se centró en la primera. Por el contrario, el punto central en el razonamiento de los jueces que conformaron la mayoría —y la principal causa del descontento que la decisión desencadenó entre los constitucionalistas— fue la precedencia del derecho internacional en el ordenamiento jurídico argentino. En resumen, sostuvieron que la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos, con el rango otorgado por el artículo 75.22, ya no autorizaba al Estado a tomar decisiones cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos de esa naturaleza.

 Simón tiene un carácter revolucionario indiscutible. Según Elias, la Corte “creó una doctrina que equivale a una verdadera revolución constitucional”, porque los caminos argumentativos de los jueces “alteraron la Constitución” y “sembraron las semillas de doctrinas que permitirán la modificación de la Constitución de manera imprevisible”. Además, si una revolución constitucional implica “el desplazamiento textual o interpretativo de expectativas de larga data sobre cómo se resolverán los asuntos de importancia constitutiva”, Simón es decididamente revolucionario, porque trajo como consecuencia el desplazamiento de asentados principios del derecho constitucional argentino en pos de la primacía de normas de derecho internacional. Finalmente, el caso marcó un hito en la historia de la Corte Suprema por sus notables consecuencias en la práctica judicial doméstica: según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 1013 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Después de años de lucha para lograr justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, la Corte alcanzó un resultado moralmente legítimo, pero al hacerlo sacrificó principios constitucionales fundamentales del derecho argentino. Los jueces se encontraban frente a un caso con fuertes implicancias históricas, ideológicas y simbólicas. El resultado fue una verdadera revolución constitucional.