El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuenta con una abonada jurisprudencia en materia de expulsión colectiva de extranjeros, en la que se reconoce que tales prácticas violan los derechos a la vida, a la libertad, a la prohibición de trato inhumano. La prohibición de expulsiones colectivas podría ser una norma general de derecho internacional, tal como lo ha venido trabajando la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. En términos generales, este principio establece que cualquier migrante debería tener la oportunidad “efectiva y genuina” de exponer sus argumentos en contra de su expulsión, los cuales deben ser debidamente considerados por el Estado receptor. También nuestro Sistema Interamericano tiene una amplia jurisprudencia en relación con el trato dado a los migrantes o a los solicitantes de protección internacional. 

Por otra parte, es una obligación universalmente reconocida que los Estados tienen el deber de proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas que entran en su jurisdicción o están de alguna manera bajo su control; como resultado, bajo esta premisa se encontraría proteger a los migrantes interceptados en el mar. En este sentido, en la revisión periódica de Malta de 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (ver parráfo 17), haciendo una mención genérica a los Estados parte, recomendó el acceso a la determinación de la condición de refugiado por parte de los migrantes interceptados o rescatados en el mar, lo que implica que las operaciones de interceptación o rescate establecen jurisdicción con fines de “no devolución”.

En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU revisó con especial atención las situaciones de AS y otros c. Malta (CCPR/C/128/D/3043/2017) y AS y otros c. Italia (CCPR/ C/130/DR/3042/2017 ), ambas relacionadas con el fracaso de Malta e Italia en rescatar a un grupo de más de 200 migrantes cuyo barco se hundió en el Mediterráneo en 2013. En ambos contextos se revisó la aplicación extraterritorial de los derechos humanos.

Para resolver las diferentes situaciones, el Comité aplicó una concepción funcional de la jurisdicción para determinar que los inmigrantes se encontraban simultáneamente dentro de la jurisdicción de Malta e Italia. Sin embargo, el caso AS y otros c. Malta fue declarado inadmisible puesto que las víctimas no llegaron a interponer los recursos internos necesarios en esa jurisdicción nacional. Por otra parte, Italia fue declarada responsable, en el caso AS y otros c. Italia, por no cumplir con su obligación positiva de proteger la vida de las personas en peligro en el mar.

El Comité alcanzó esta conclusión basándose en la aplicación extraterritorial de los derechos humanos, considerando el establecimiento de “una relación especial de dependencia” entre ese Estado y las víctimas perecidas. Se destacan ambas situaciones puesto que, aplicándolas análogamente, se desconoce si las víctimas venezolanas han interpuesto recursos en la jurisdicción nacional de Trinidad y Tobago. A la par, a la luz de esta jurisprudencia, se puede indicar que Trinidad y Tobago sería responsable internacionalmente por los hechos ocurridos en perjuicio de estos grupos, considerando que no protegió el derecho a la vida de las personas en peligro en el mar, a quienes además obligaron a devolverse a pesar de que tuviesen “una relación especial de dependencia” dadas las condiciones del momento.

Cabe destacar que la extraterritorialidad aplica cuando un Estado tiene una jurisdicción en el extranjero debido al control efectivo sobre el territorio (modelo de espacio) o al ejercer poder y autoridad sobre un individuo (modelo personal) (Observación General nº 31).

Igualmente, en 2018, el Comité adoptó la Observación General nº 36 relacionada con el derecho a la vida en virtud del artículo 6. El párrafo 63 establece que las personas están sujetas a la jurisdicción de un Estado a los efectos del artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando ese Estado “ejerce potestad o control efectivo” en atención al “disfrute del derecho a la vida”, lo cual se mantiene en situaciones que ocurren en el mar.

Bajo esta base jurisprudencial y convencional, no quedarían dudas al señalar que Trinidad y Tobago sería responsable, a nivel internacional, por aplicar las tácticas de devolución, por no socorrer, así como por no proteger en general el derecho a la vida de las víctimas perecidas con quienes mantenía una “relación especial de dependencia”. En el caso de la muerte del bebé, se sumaría —además— el agravante de justificar los hechos ocurridos por las autoridades de ese país. Por lo tanto, se debe reafirmar que las prácticas ilegales de retroceso (pushback) deben ser evitadas y que se debe brindar protección a los migrantes y refugiados. A la par, ante tales situaciones se hace imperioso realizar investigaciones creíbles para la determinación de responsabilidades, además de resarcir a las víctimas y otorgar las debidas garantías de no repetición.