La actividad de policía u ordenación está en la base de la actuación de las administraciones públicas y ha representado una forma de legitimación de su propia existencia. En la clasificación tripartita de la actuación administrativa: policía, fomento y prestacional (servicios públicos), la primera ha acaparado los titulares frente a los riesgos sociales o naturales y, ante una emergencia sanitaria, cobra particular importancia. Esta forma de actuación también desenvuelve las competencias del casi místico presidencialismo mexicano por el cual, en términos de la propia Constitución, la autoridad administrativa (bajo la unipersonal responsabilidad del titular del Ejecutivo) vela por la exacta observancia de las leyes (CPEUM, artículo 89.I). En este sentido, se ha orientado la actuación administrativa desde la promulgación de la Constitución en 1917, que señala que el Ejecutivo es un poder ordenador de la sociedad, y del cumplimiento de la norma, en donde el particular tiene una posición pasiva.

Desde una lectura actual, este artículo constitucional debería explicar que la administración pública está constreñida a velar por el Estado de Derecho, empezando por ejercer las competencias que le encomienda el ordenamiento respecto de la promoción, protección, fomento y garantía de los derechos humanos y la construcción colectiva de la legalidad. Y todo parece apuntar a que ninguno de estos elementos forma parte del andamiaje para la participación y corresponsabilidad social. Por una parte, porque el índice de impunidad en los hechos criminales y en las infracciones administrativas parece imbatible por las políticas de seguridad pública. De hecho, la percepción de confianza en las autoridades en materia de seguridad pública, como la policía municipal, es del 52.8% y la percepción sobre su desempeño es del 67.9% (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2019). Por otro lado, porque el sistema de responsabilidad de los servidores públicos está teniendo serios problemas para dar resultados y para modificar las pautas de actuación u omisión de las autoridades administrativas a la luz de la complejidad de la evaluación del desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción (Toledo, 2017).

Esta reflexión parte del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 para mitigar la propagación de la enfermedad, de 27 marzo de 2020, el cual se ha centrado en el ejercicio de las potestades de ordenación sobre las actividades económicas y ha dejado en un trazo paralelo la ordenación de la actividad de los particulares bajo la encomienda de “corresponsabilidad”. Es decir, las medidas se han enfocado en las actividades autorizadas por la administración y en las concentraciones de personas, pero no en la restricción de la circulación de los particulares, que se daría como consecuencia de la contención de actividades no esenciales.

Formalmente el modelo habría de ser positivo, intentando favorecer una participación ciudadana solidaria, pero está seriamente descontextualizado de la dinámica en la que vive la sociedad mexicana respecto de la confianza en la información de las autoridades, de su actuación y de los propios parámetros de respuesta a “lo institucional”. ¿Ser corresponsable a qué? ¿a la negligencia, la improvisación y la corrupción? De hecho, podríamos pensar que la apuesta de esta regulación se centró en la autoprotección, es decir, en la preocupación —por demás legítima— de proteger la propia vida, pero en un país donde sólo el 40,3% de la población cuenta con la educación obligatoria (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) y 16 millones de mexicanos no cuentan con un sistema financiero de protección de la salud (IMCO, 2018), lo cual equivale al  13% de la población, es habitual que los parámetros de protección pública estén en el ámbito de la frustración y la sumisión a la deficiencia. Siguiendo a Aguilar Villanueva, la corresponsabilidad ciudadana, desde una perspectiva de gobernanza, comienza por la responsabilidad pública de ofrecer los mecanismos de participación informada para llegar a acuerdos sobre objetivos públicos.