La visita de diciembre de 2024 a Chile de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, puso de relieve problemas estructurales en el acceso a servicios de salud, especialmente en lo referente a derechos sexuales y reproductivos. Sus hallazgos, basados en marcos de derechos humanos y su acercamiento con personas representantes de distintos espacios, refuerzan la necesidad de adecuar el sistema de salud y la legislación para garantizar servicios integrales y no discriminatorios. Un énfasis particular es respecto al acceso al aborto. Por un lado, debido a los anuncios del gobierno sobre el envío de un proyecto de ley que abra la discusión y el camino hacia un aborto por plazos como en otras legislaciones. Y, por otro lado, por la criminalización que implica para las mujeres que en nuestro país aún sea calificado como delito.

Chile ha registrado importantes avances en materia de salud, incluyendo la legalización parcial del aborto bajo la Ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación. En el caso de la tercera causal, la ley establece un plazo de 12 o 14 semanas de gestación, dependiendo de la edad de la víctima. Sin embargo, las restricciones actuales continúan generando barreras que atentan contra los derechos de las mujeres. En este contexto, la propuesta de una nueva ley de aborto, anunciada en junio de 2024 -que a la fecha se encuentra pendiente de ingreso al Congreso- junto con el envío de un nuevo reglamento para mejorar la implementación de la ley IVE -que se encuentra en revisión en Contraloría- plantean una oportunidad para revisar dichas limitaciones a la luz de los compromisos internacionales de derechos humanos y, en particular, evaluar si el sistema de salud chileno cumple con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, fundamentales en el derecho a la salud.

Durante su visita, la Relatora Tlaleng Mofokeng identificó importantes desafíos estructurales en el sistema de salud chileno, que, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, afectan especialmente a mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.

En primer lugar, destacó que las restricciones legales impuestas por la Ley 21.030 (Ley IVE), que permite el aborto en tres causales específicas, continúan violando derechos fundamentales. Las mujeres que requieren este servicio enfrentan demoras significativas, falta de disponibilidad de personal capacitado y limitaciones geográficas que les impiden acceder a un aborto oportuno y seguro. Esta situación contradice los principios del derecho a la salud, que establece la obligación de los Estados de garantizar servicios accesibles, aceptables, asequibles y de calidad.

Una de las mayores preocupaciones planteadas por la Relatora fue el uso excesivo de la objeción de conciencia, especialmente por parte de instituciones completas, lo que resulta en la negación de servicios de aborto en varias regiones del país. Este fenómeno es particularmente problemático en áreas rurales o apartadas, donde las mujeres no tienen alternativas accesibles. Además, algunos médicos y personal de salud no objetores enfrentan presiones y estigmatización por parte de sus colegas, además de la sobrecarga laboral al tener que absorber la demanda de servicios.

La Relatora resaltó los obstáculos adicionales que enfrentan niñas menores de 14 años, quienes, al ser víctimas de violación, además de estar sujetas a plazos, deben contar con la autorización de sus padres y madres o bien solicitar autorización judicial para acceder a un aborto. Este proceso es innecesariamente largo y revictimizante, incrementando el sufrimiento psicológico y físico de las afectadas, constituyendo una violación al principio de autonomía corporal y perpetuando dinámicas de control sobre las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo. Tristemente, las cifras dan cuenta de que, hasta el mes de junio de 2024, de las 5.370 mujeres, niñas y adolescentes que han tenido derecho a acogerse a alguna de las tres causales, un 7,8% corresponden a niñas y adolescentes (184 niñas y 234 adolescentes). En el caso de la causal violación, de los 1.267 casos en total, 354 son niñas y adolescentes, es decir, el 28%, concentrándose el mayor volumen de casos en la edad de 13 años.

El informe también señala que mujeres pertenecientes a grupos marginados, como indígenas, migrantes y mujeres con discapacidad, enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud reproductiva. La falta de información, servicios culturalmente apropiados e intérpretes en instituciones de salud genera situaciones de discriminación que vulneran sus derechos. La Relatora hizo un llamado a eliminar estas barreras para garantizar un acceso igualitario.

Los hallazgos, concordantes con las demandas de los movimientos feministas chilenos como la Mesa de acción por el Aborto o la Fundación por el Derecho a Decidir, subrayan la urgencia de reformas legales que eliminen las barreras al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Dentro de las medidas concretas que propuso para que el Estado chileno destacan el garantizar la disponibilidad de al menos un proveedor capacitado para realizar abortos en cada centro de salud; establecer protocolos claros, alineados con las directrices de la OMS, para el manejo de abortos seguros; capacitar al personal de salud para ofrecer servicios libres de estigmas y asegurar que no existan represalias contra aquellos que presten estos servicios y fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el proceso legislativo de la nueva ley sobre aborto anunciada en 2024. Varias de estas medidas son parte de las modificaciones efectivamente incorporadas en el nuevo reglamento de la ley IVE, mientras que otras, efectivamente podrían ser parte del proyecto de ley pendiente.

Ahora bien, estos debates no solo se centran en el aborto, sino también en la necesidad de un financiamiento sostenible para el sistema de salud, con énfasis en la igualdad de acceso a servicios esenciales. El enfoque feminista resalta que el acceso al aborto no es solo una cuestión médica, sino un tema central en la lucha por la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. Aquello da cuenta de que las mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones, como pobreza, racismo o violencia de género, son las más afectadas por las restricciones al acceso a servicios de salud reproductiva.

La visita de la Relatora es un recordatorio de que el derecho a la salud, incluido el acceso al aborto, es un derecho humano esencial. Las recomendaciones formuladas instan a Chile a no solo fortalecer su legislación para asegurar servicios accesibles, seguros y no discriminatorios, sino que además a la necesidad de promover un debate legislativo transparente, basado en evidencia y con participación activa de diversos actores sociales que nos permita alinear los protocolos médicos con estándares internacionales de derechos humanos.

Si estas reformas se concretan, Chile podría avanzar hacia un modelo de salud más inclusivo, garantizando que ninguna mujer se vea obligada a enfrentar riesgos innecesarios o discriminación por ejercer sus derechos reproductivos.