Una revisión juiciosa del extenso fallo de la Corte, así como de la demanda que le dio lugar confirma la justeza de los reclamos y la necesidad de remedios estructurales. Los abusos del ESMAD no son aislados y han persistido por años a pesar de algunos cambios normativos. La apertura de una mesa abierta con participación estatal y ciudadana para definir directrices para la actuación y control de la fuerza pública en las protestas es un primer avance. El reto, sin embargo, no es menor. 

Además de los problemas identificados por la Corte, existe también una dificultad de fondo que tiene que ver con el estatus legal y político de las protestas disruptivas. En su fallo, la Corte Suprema recordó que protestar pacíficamente es un derecho y una práctica política necesaria para la democracia. La Corte Constitucional colombiana lleva diciendo lo mismo desde 1992. Sin embargo, esta idea no ha calado del todo. El régimen legal actual no se ha podido deshacer de la doctrina según la cual la protesta disruptiva es delito, imperante en Colombia por más de un siglo.

La Constitución de 1886 facultaba directamente a las autoridades para disolver toda reunión que degenerara en tumulto o que obstruyera las vías públicas. Bajo su amparo, la huelga de las bananeras de 1928 terminó en masacre de Estado. Durante el largo régimen de excepción que se estableció con el Estatuto de Seguridad de 1978, la protesta se criminalizó bajo los delitos de perturbación del orden público, la alteración del pacífico desarrollo de las actividades sociales y la ocupación de lugares públicos para presionar decisiones de las autoridades.

Ya bajo el amparo de una nueva constitución, algunas de estas disposiciones reaparecieron en el 2011 con la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizó de nuevo la obstrucción a vías públicas. No sobra mencionar que el objeto principal de esta ley era luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. La coexistencia de estos regímenes normativos ha dado lugar a una ambivalencia que en la práctica ha tendido a resolverse a favor de la criminalización. Esto ha sucedido a pesar de algunos esfuerzos de la Corte Constitucional por armonizar en abstracto ambas tendencias, y de algunas resoluciones estatales orientadas a reducir la criminalización de la protesta.

La determinación de qué constituye una protesta pacífica, qué se califica cómo violento y qué tipo de disrupciones son admisibles no es un asunto simple. Sin duda, la historia sui generis de guerra en Colombia ha favorecido el arraigo de una mentalidad autoritaria que equipara la disrupción civil con la amenaza armada. Sin embargo, esta estela autoritaria no es exclusiva de Colombia. Tras décadas de gobierno civil, los chilenos presenciaron un despliegue de fuerza que no se veía desde la dictadura de Pinochet: tanques del ejército en las calles y militares conteniendo a los manifestantes.  Luego de las protestas, el Estado chileno también endureció el marco legal. Mientras el Congreso rechazó un proyecto de ley destinado a regular el uso de gases lacrimógenos, en enero aprobó una ley que criminalizó el bloqueo de vías –un eco de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en Colombia en el 2011 para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo.

Por eso, la discusión pública que la decisión de la Corte Suprema colombiana abrió con su fallo es más que bienvenida, no solo en Colombia, sino en toda América Latina.