Para responder este interrogante, hay que abordar tres aristas diferentes: una visión dogmática, una perspectiva psicológica y un enfoque pragmático. De antemano, la conclusión es que la propuesta analizada no es más que una muestra de populismo punitivo y, de darse su aprobación en el Congreso de la República, se estarían vulnerando las bases normativas esenciales de la sociedad colombiana.

El aspecto dogmático se encuentra circunscrito al interés fundante de esta sociedad: la libertad. Basta revisar el preámbulo de la Constitución Política de 1991 o el artículo 6 de ese cuerpo normativo para entender que la visión de Estado se fundamenta en ese valor. Como consecuencia de esto, todos los partícipes de esta sociedad deciden cómo conducir su vida de acuerdo con sus convicciones y preferencias; prerrogativa que se evidencia tanto en cuestiones pequeñas (la vestimenta), como en aspectos trascendentales (la religión u orientación sexual).

Sin embargo, ese ejercicio de libertad, además de ser un derecho, entraña una obligación que recae sobre todos los ciudadanos, consistente en garantizar la esfera de libertad de sus pares; premisa que se puede sintetizar en el principio neminem laedere. La materialización de ese derecho/deber denominado libertad parte de la premisa esencial consistente en que los ciudadanos cuenten con la educación suficiente para ejercer dicha prerrogativa constitucional. Solamente una persona que tenga suficiente madurez social podrá disfrutar la libertad en los términos que la comunidad ha pretermitido; de lo contrario, su ejercicio será, por exceso o defecto, ilegítimo.

Esa visión de consciencia social para el ejercicio de derechos irradia todo el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se considera que la concreción de los derechos de participación ciudadana -elegir y ser elegido- solo se pueden ejercer hasta los 18 años. En idéntico sentido, el ejercicio pleno de la integridad física se da hasta esa misma edad, siendo ese el momento en que las personas pueden adquirir  legalmente bebidas alcohólicas y cigarrillos     . Es decir, el Estado presume que a partir de los 18 años el ser humano puede adoptar decisiones con plena consciencia de sus consecuencias, siendo ajeno si las mismas son benéficas o desfavorables para el individuo.

Antes de ese momento cronológico, la sociedad entiende que el ciudadano se encuentra en una fase de aprendizaje. No solamente está aprehendiendo los diferentes modelos normativos que rigen su interacción con los demás, sino que se está formando al ser humano como un ejecutor responsable de la libertad reconocida por la sociedad.

Por esta razón surge la necesidad de brindar un tratamiento penal diferenciado entre los adultos (entendidos como mayores de 18 años) y los niños, niñas y adolescentes; manifestando desde ya que, contrario a lo que sostienen los defensores del proyecto legislativo, sí existe un sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).

La diferencia entre los dos modelos radica en su finalidad: mientras que el sistema de justicia ordinaria tiene, entre otros, la retribución como propósito del castigo, el SRPA parte de la educación y protección del infractor como pretensión última. La teleología de este último esquema resulta acorde con la visión constitucional de la libertad, pues entiende que el adolescente es un ciudadano en formación y, por tanto, está en un proceso de interiorización de la norma de conducta. Ante la infracción, procede la enseñanza sobre la importancia de las leyes y su respeto, mas no la represión e inocuización del sujeto, como lo pretenden este tipo de iniciativas parlamentarias.

Esta visión dogmática entiende que la libertad es un derecho que requiere educación para su ejercicio y solamente los ciudadanos que tienen plena capacidad de ejercerla responsablemente pueden ser sujetos de reproche pleno ante su quebrantamiento. En el caso de los adolescentes, al encontrarse en una etapa de interiorización de la norma, se encuentran aprehendiendo el alcance de la prerrogativa constitucional, siendo el deber del Estado, más allá de reprimir ciertas conductas socialmente indeseables, enseñar las razones por las cuales esos comportamientos no deben llevarse a cabo. La función de la sanción será eminentemente educativa.