En el 15º aniversario de la Ley brasileña destinada a combatir la violencia doméstica, Ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha), el debate acerca de la protección de los derechos de todas las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia ha ganado renovados contornos con la tipificación del crimen de violencia psicológica contra las mujeres por la Ley 14.188/2021. La Ley Maria da Penha ya enumeraba, en su artículo 7º, la violencia psicológica como uno de los cinco tipos de violencia doméstica y familiar contra la mujer. La criminalización de esta forma de violencia es un paso más para hacer frente a todo el ciclo de la violencia doméstica y a la efectiva realización de la igualdad de género.

La Ley 14.188/2021, en vigor desde finales de julio de 2021, institucionalizó el programa de cooperación «Alerta Roja contra la Violencia Doméstica» y tipificó la violencia psicológica contra la mujer, sujeta a pena de reclusión de 6 meses a 2 años y multa. Se añadió, así, el artículo 147 B al Código Penal, a fin de criminalizar la acción frente a quien «causara daño emocional a la mujer, que la dañe y perturbe su pleno desarrollo o que pretenda degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, vergüenza, humillación, manipulación, aislamiento, chantaje, ridiculización, limitación del derecho de ir y venir o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y autodeterminación«.

Se sabe, como poetizaba el escritor brasileño Carlos Drummond, que los «lirios no nacen de las leyes«, es decir, nuestra realidad de violencia estructural e institucional nacional y regional, marcada por el patriarcado y por discriminaciones contra las mujeres, no cambia con la creación de nuevos tipos penales en los códigos. Pero, precisamente por esta realidad violenta, el cambio legislativo, en refuerzo a las demás medidas y políticas públicas, es —aunque con quince años de retraso— muy bienvenida.

El aumento de la protección es especialmente relevante en el contexto pandémico, en el que los índices de violencia contra las mujeres y el porcentaje de feminicidio crecieron espantosamente en una gran variedad de países. Es precisamente en momentos de precariedad económica e inestabilidad social cuando la violencia de género en el ambiente doméstico adquiere contornos más dramáticos, ya que las mujeres que están bajo el yugo de la violencia doméstica han pasado a estar confinadas con sus propios agresores.

Aquí emerge la triste universalidad de la violencia doméstica contra la mujer: países con realidades sociales diversas y culturas muy distintas han demostrado aumentos en los índices de violencia. Esto se agudiza en regiones como la latinoamericana donde ya hay rasgos estructurales de machismo y discriminación contra las mujeres. En Brasil, los índices de violencia doméstica, que ya eran altos antes de la pandemia, se han agravado. Como se constata en el informe Violencia doméstica durante la pandemia de Covid-19, los casos de feminicidio crecieron un 22,2% entre marzo y abril de 2020 en 12 estados brasileños.

La convivencia forzada con agresores, por un lado, y la dificultad de acceder a los servicios de respuesta oficial, por otro, parecen haber impulsado el aumento de la violencia. Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública apuntan que, a pesar de la reducción significativa de registros de reporte de ocurrencia de violencia doméstica y de concesiones de medidas protectoras en la mayoría de los estados brasileños en el período de la pandemia, los casos de feminicidio y de menciones de violencia contra la mujer en Twitter han aumentado de forma expresiva. Esto demuestra cómo la dicotomía público-privada todavía impregna la cultura machista en el ámbito familiar, donde subsisten las principales dificultades de implementación de los derechos de las mujeres. La igualdad ante la ley no basta para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres: es necesaria la igualdad de poderes en las relaciones familiares donde el paradigma que persiste sigue siendo el masculino.