El reconocimiento internacional del derecho humano al agua potable comenzó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, donde se adoptó un Plan de Acción que proclamaba el derecho de todos los pueblos a acceder al agua potable en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas.

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un paso importante al consagrar explícitamente el Derecho Humano al Agua y Saneamiento en la resolución N° 64/292 y en la resolución 24/18 del Consejo de Derechos Humanos se reconoció que el agua potable como derecho humano implica que debe ser físicamente accesible, saludable, aceptable, asequible, libre de contaminantes y gestionado de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Aunque el derecho humano al agua no se reconoce como un derecho autónomo en los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana considera que el acceso al agua potable es fundamental para garantizar otros derechos, como el derecho a la vida, la integridad personal y la salud. 

En efecto, la Corte ha instado a los Estados y empresas a evitar la contaminación y asegurar la calidad del agua potable suministrada a las personas. Esto se debe a que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado con el fin de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana, y la de no producir condiciones que la dificulten o impidan, como es el caso de una situación que determine la imposibilidad de acceso a agua apta para el consumo humano.

En el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010), por ejemplo, la Corte declaró que la omisión estatal en suministrar agua suficiente y de calidad pone a las personas en un riesgo inmediato, que atenta contra sus condiciones de vida digna; violando así el artículo 4.1 de la Convención, que establece el derecho a la vida, en relación con su artículo 1.1, que impone la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y las libertades consagradas en la Convención, y su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna a quienes se encuentren sujetos a su jurisdicción.

Incluso, a partir de la crisis generada en 2023, expertos de la ONU instaron a Uruguay a priorizar el uso del agua para la población por encima del consumo industrial, dado que, a pesar de las recomendaciones gubernamentales de reducir el consumo de agua en los hogares, estas restricciones no se aplicaron a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que la utilizan para su producción.