Con la llegada del COVID-19, la desventaja histórica en la que se encuentran los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en el goce de sus derechos humanos se ha profundizado y se agravará, tal como lo han alertado los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, las agencias gubernamentales y las organizaciones sociales.

Este impacto desmedido se debe, además, a que la mayoría de los tomadores de decisión de los Estados no son conscientes del racismo y la discriminación estructural e institucional existente respecto de dichos colectivos. Este fenómeno se ve reflejado en la ausencia de una perspectiva inclusiva, transversal e interseccional en las medidas universales implementadas durante la emergencia sanitaria.    

En el marco de este preocupante contexto, diversos organismos internacionales han intentado marcar el camino a seguir en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, también durante la pandemia. Así, el Consejo Permanente de la OEA reiteró el imperativo de que los Estados miembros defiendan los principios democráticos; garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y la transparencia y prevengan toda forma de discriminación, incluyendo el racismo y la xenofobia, en su respuesta a la crisis.

En ese mismo sentido, el Departamento de Inclusión de la OEA elaboró la “Guía de Prácticas de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas”, en la que, por un lado, respecto de los pueblos indígenas, se instó a los Estados a que mantengan informadas con pertinencia cultural y lingüística a la ciudadanía y a las organizaciones indígenas representativas sobre las medidas extraordinarias adoptadas; coordinen con las autoridades comunales a fin de implementar medidas dentro de sus tierras y territorios indígenas, que tomen en cuenta la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al COVID-19; garanticen el acceso a la educación básica regular de niños, niñas y adolescentes indígenas a través de medios pertinentes, y que adopten medidas que garanticen la seguridad alimentaria y acceso a artículos básicos de higiene de estos pueblos que pueden verse afectados por las medidas de aislamiento social obligatorias.     

Por otro lado, en la misma Guía, frente a las poblaciones afrodescendientes –asunto en el que tuve la oportunidad de participar–, se recomendó a los Estados que adopten un enfoque diferencial, con una perspectiva inclusiva, transversal e interseccional, con la incorporación de las variables de género y étnica; tomen en cuenta la desigualdad estructural en el acceso a la salud, educación, trabajo, y servicios básicos al momento de implementar las medidas de aislamiento social, y que garanticen el principio igualdad y no discriminación, tomando en cuenta la diversidad étnica, cultural y lingüística.    

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. En aquella, se hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente una perspectiva de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.     

En lo referente a los pueblos indígenas, la CIDH recomendó a los Estados proporcionar información sobre la pandemia en sus idiomas; brindar una atención de salud con pertinencia cultural; respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario por los gravísimos impactos que el contagio del COVID-19 puede causar, y que los Estados se abstengan de promover iniciativas legislativas o proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia.

Recientemente, la Comisión ordenó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas Yanomami y Ye’kwana, instando al Estado de Brasil a adoptar las actuaciones necesarias para proteger sus derechos a la salud, vida e integridad, mediante la aplicación de un enfoque que reconozca su cultura y el acceso a atención médica disponible, accesible y de calidad. Si bien estas medidas aplican exclusivamente al Estado requerido, constituye un precedente importante para la región.

En lo relativo a las poblaciones afrodescendientes, la CIDH recomendó a los Estados incluir datos desagregados de origen étnico-racial en los registros sanitarios; garantizar el acceso a servicios de salud; implementar medidas de apoyo económico para esta población, y prevenir los usos excesivos de la fuerza basados en el origen étnico-racial y patrones de perfilamiento racial en marco de los toques de queda. 

Por su parte, en el caso de los pueblos indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU señaló que mitigar los efectos desproporcionados y adversos del COVID-19 en los pueblos étnicos y, en consecuencia, garantizar plenamente sus derechos demanda, al menos, dos importantes desafíos para los Estados. El primero, para hacer el seguimiento de los casos en los pueblos indígenas, es la falta de información cuantitativa ya que la mayoría de los Estados no cuentan con datos desagregados.

Por ese motivo, la Plataforma Indígena Regional Frente al COVID 19 “Por la Vida y los Pueblos” creó el Sistema de Información “Impacto de COVID-19 en territorios y comunidades de pueblos indígenas de América”, con el objetivo de recopilar y divulgar la información esencial para proteger a los pueblos indígenas.

El reto de los datos desagregados se vuelve más complejo cuando se precisa obtener información de manera interseccional. Así, por ejemplo, para visibilizar cómo afecta de forma diferencial el Covid-19 a las mujeres indígenas, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y el Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) elaboraron el informe regional “Mujeres Indígenas de las Américas frente a la Pandemia del COVID-19”. En el informe se resalta que existe un amplio consenso entre las mujeres indígenas de las Américas en el aumento de casos de violencia de género debido a la convivencia prolongada con los agresores en el hogar, tanto en las urbes como en las comunidades.     

El segundo reto constituye comprender la diversidad de los pueblos indígenas y el impacto diferenciado debido a la ubicación geográfica. Un caso para resaltar es el de los pueblos indígenas amazónicos. A través de una declaración conjunta de la ONU y la CIDH, se alertó que, en el marco de la contingencia del COVID-19, las mayores amenazas a las formas de vida de estos pueblos son, entre otras, la falta de acceso a información de salud confiable; la carencia de infraestructura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis, y la continuidad de actividades de desarrollo, económicas y extractivas que dificultan las medidas de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades.

Los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial son un caso que preocupa particularmente. El Grupo de Trabajo Internacional sobre los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial en la Amazonía y Chaco – GTI PIACI, elaboró una serie de recomendaciones urgentes ante el impacto del COVID-19 en estos pueblos; destacando que el aislamiento geográfico es una medida de protección que les garantiza sobrevivir debido al impacto catastrófico de la llegada de la pandemia en sus territorios.

Por otro lado, en el caso de las poblaciones afrodescendientes, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas emitió una declaración en donde se hace un llamamiento urgente a los gobiernos, para que se comprometan a mantener la equidad y la igualdad racial en la prestación de servicios sanitarios durante toda la duración de la crisis del COVID-19.

Asimismo, la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescendiente (RIAFRO) recomendó incluir con la máxima urgencia la inclusión de la variable de auto-identificación afrodescendiente en las respuestas ante el COVID-19.  Además, instó a los Estados de la OEA, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional tomar en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de la población afrodescendiente al elaborar respuestas a la emergencia sanitaria y al diseñar políticas públicas tras la pandemia.    

Ante este contexto general de impacto desproporcionado del COVID-19 en los pueblos indígenas, algunas organizaciones han decidido recurrir a los tribunales para denunciar a algunos Estados o han exhortado a aquellos a adoptar medidas con un enfoque diferencial. Un ejemplo de ello, es la demanda de amparo que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) presentó ante el Poder Judicial del Perú, contra el Ministerio de Cultura y otros ministerios, por presuntamente vulnerar y poner en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y la posibilidad de pervivir en el marco de la pandemia.

La lucha contra la COVID19 ha puesto de manifiesto un fenómeno silencioso en los Estados de Derecho Latinoamericanos: el racismo que impera en las sociedades. Si los Estados cumplen con sus obligaciones jurídicas y toman las decisiones políticas firmes para combatirlas e implementar las recomendaciones elaboradas por diferentes actores, después de la pandemia nos convertiremos en sociedades más inclusivas, diversas y democráticas. De nosotros depende.