Este artículo sostiene que la pieza central para articular la transición es la reinteramericanización, lo que implica la reintegración efectiva de Venezuela al SIDH como obligación jurídica y, simultáneamente, como plan operativo para la reconstrucción institucional.

Venezuela intentó denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA. No obstante, la Opinión Consultiva 26 estableció que la denuncia no extingue obligaciones derivadas de ratificaciones previas, y por los motivos desarrollados precisamente en este caso Chirinos vs. Venezuela, tanto la Comisión como la Corte han continuado ejerciendo sus competencias. Cabe subrayar que el corpus de sentencias y reparaciones estructurales dictadas contra Venezuela en las últimas dos décadas ya constituyen, per se, un marco técnico para la transición.

El caso Capriles es un ejemplo claro de ello. La Corte IDH ordenó garantías electorales mínimas: prohibir el uso abusivo del aparato estatal a favor de cualquier candidato; transparencia en la verificación de resultados; acceso equitativo a los medios; e independencia de la autoridad electoral y del Poder Judicial. Si bien la complejidad del escenario genera dudas sobre su ejecutabilidad, las reparaciones estructurales para una transición democrática han sido conceptualizadas como una hoja de ruta para la recuperación democrática, activable cuando las condiciones políticas lo permitan y con una gradualidad temporal.

Este mapa lo completa el resto de la jurisprudencia interamericana respecto a Venezuela, que abarca independencia judicial (Apitz Barbera, Reverón Trujillo, Chocrón Chocrón); libertad de expresión (Granier, Ríos, Perozo); derechos políticos (López Mendoza); y derechos económicos y sociales y la prohibición de discriminación (López Soto, San Miguel Sosa). Las garantías de no repetición ordenadas por la Corte IDH se erigen como los pilares firmes para reconstruir una democracia, pasando por una judicatura independiente, prensa libre y autoridad electoral despolitizada, espacio cívico abierto, entre otros estándares de una sociedad democrática.

Efectivamente, la reinteramericanización es un proceso gradual. Comienza con la restauración de hecho de la separación de poderes y avanza hacia la incorporación de los estándares interamericanos en la jurisprudencia y las políticas públicas. Se enmarca en lo que el Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) insiste en identificar en el núcleo constitucional de la región en la tríada indisoluble de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

Se trata de poner de relieve el proceso desde abajo y centrado en las víctimas, enfatizando a la diáspora, los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades LGBTIQ+. La participación de la sociedad civil no es únicamente deseable, sino es condición indispensable de legitimidad. Hoy, sin embargo, no es sencillo. Estados Unidos ha priorizado sus intereses en el sector petrolero, desconectado de la sociedad civil, y su relación con la CIDH se ha tensado por las operaciones antidroga en el Caribe y el Pacífico. Hace falta un acompañamiento más amplio.