El golpe de Estado perpetrado en Argentina, el 24 de marzo de 1976, fue el sexto y último de su especie (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976). El primero, el de 1930, motivó incluso una infame decisión – o “acordada” – de la Corte Suprema sosteniendo que las decisiones del nuevo gobierno impuesto por la fuerza serían consideradas como derecho “válido” sobre la base del falaz argumento de que si esas decisiones eran acatadas por el pueblo, entonces debían ser tratadas como si fueran normas aplicables por los tribunales. Esta postura, conocida como la “doctrina de la revolución triunfante”, permitió sostener como válidas por los jueces las normas emanadas de todos los gobiernos no democráticos surgidos de aquella media docena de irrupciones violentas contra autoridades elegidas por el pueblo.

Hubo que esperar hasta la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983, para que por primera vez un gobierno democrático rechazara la validez de esas normas y que la Corte Suprema, liderada por Genaro Carrió, repudiara aquella nefasta doctrina. El fundamento de ese rechazo tendría su origen en las ideas de Carlos S. Nino, quien, en sintonía con la teoría de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas, consideraría que la validez de las normas surge – fundamentalmente – a partir del carácter democrático y deliberativo de su origen, cualidad que las decisiones de las dictaduras no poseen.

Esta tesis fue clave para declarar nula la llamada “ley de autoamnistía” por la que los militares que se encontraban abandonando el gobierno dictaran el 23 de septiembre de 1983, en referencia a los crímenes que se hubieran perpetrado por agentes estatales entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Alfonsín asumió el gobierno el 10 de diciembre y el 22 de ese mes el Congreso de la Nación, por iniciativa del Presidente, declaró nula aquella “ley” de auto-perdón. Este hecho sin precedentes dio lugar a otro que no contaba en aquel momento con experiencias similares en el mundo: el juicio a las Juntas Militares a cargo de tribunales civiles nacionales por graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.

La última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 fue la más sanguinaria de la zaga. Las violaciones de derechos humanos perpetradas en esos años quedaron expuestas, primero, en el informe Nunca Más producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (la CONADEP creada por el gobierno el 15 de diciembre de 1983) y en los testimonios del famoso Juicio a las Juntas de 1985.

Quizá por ello, el fin de aquel gobierno violento y mesiánico no dio lugar a un mero “pasar la página”, como sí sucedió con los cinco experimentos anteriores, sino que fue seguido de un verdadero “momento constitucional” refundacional con eje en los valores del estado de derecho, la igualdad ante la ley (no importa cuánto poder se tenga) y la vigencia de los derechos humanos. Ese momento inició un arco de decisiones constitutivas que se cerró apenas once años después con la reforma constitucional de 1994.

En 1983, el pueblo argentino expresó su compromiso con la democracia liberal fundada en 1853 y lo manifestó a través de un conjunto de decisiones clave tomadas en los dos años que siguieron: además del inmediato restablecimiento de la Constitución original del país como norma fundamental, se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1984 y se aprobaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1985; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los tres en 1986. El Juicio a las Juntas Militares de 1985 y el compromiso resumido en la idea del “Nunca Más” completan el entramado que conforma el compromiso profundo de la nueva etapa con la democracia y los derechos humanos.

Poco más de una década más tarde, estos compromisos fueron confirmados y elevados al máximo nivel posible en el sistema jurídico. En la reforma constitucional de 1994, quizá incluso a contramano de lo esperado por el Poder Ejecutivo que la impulsó, se estableció la jerarquía constitucional de once tratados internacionales de derechos humanos, incluidos los ya mencionados, por medio de la incorporación del artículo 75, inciso 22. La Asamblea Constituyente, en base a amplísimos consensos en su seno, recogió e hilvanó los ideales del momento fundacional de 1853, con la voluntad refundacional de 1983 y el refinamiento de algunos principios como el de igualdad ante la ley, así como el reconocimiento de derechos sociales, ambientales y de los pueblos originarios.

El 50.° aniversario de aquel último golpe de Estado nos obliga a recordar estos compromisos colectivos que nos constituyen como comunidad política, especialmente en este tiempo en el que somos testigos de una suerte de esfuerzo de un sector de la sociedad por rescatar solo retazos del momento constitucional de 1853 e ignorar aspectos centrales de la sustancia del momento constitucional que se inaugura en 1983 y se cierra en 1994.

Lamentablemente, este medio siglo de historia nos encuentra en una encrucijada dramática, tanto a nivel nacional como global. La primera magistratura del país está en cabeza de quien, como candidato a la Presidencia, no fue capaz en toda su campaña electoral de expresar en forma explícita su compromiso con la democracia y que eligió como compañera de fórmula a una persona que, a partir de su trayectoria pública de décadas, expresa y simboliza la adhesión al accionar de aquella última dictadura.

Una vez en el gobierno, el nuevo Presidente llegó incluso a designar como Ministro de Defensa a un militar en actividad – que acude a reuniones oficiales en el país y en el exterior con su uniforme –, en un hecho sin precedentes en la historia reciente y con una clara intención desafiante. La agenda política del gobierno, por su parte, confronta explícitamente con los valores centrales de la refundación democrática de 1983-1994, en línea con una corriente global contraria a la democracia liberal y que se caracteriza por el rechazo de la noción de igualdad ante la ley como no subordinación de grupos, la renuncia a los deberes constitucionales del Estado para lograr una igualdad real de oportunidades (arts. 37 y 75, inciso 23 de la Constitución reformada), la negación de las amenazas al medio ambiente y los esfuerzos internacionales para combatirlas, y el ataque a las instituciones del derecho internacional de posguerra, por citar algunos ejemplos.

Esta agenda confronta con nuestra identidad constitucional. Por ello, este aniversario de aquel hecho luctuoso nos debe invitar a reconfirmar nuestro compromiso como nación con el principio de que nadie, ni siquiera una mayoría coyuntural, puede transgredir estos acuerdos fundamentales asumidos por la comunidad política en sus raros y determinantes momentos constitucionales y que consisten fundamentalmente en el respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el país.