Tiempos de crisis: el derecho como último límite al poder
27 de Enero de 2026
En un mundo marcado por la autocratización y la multipolaridad, el Derecho Internacional y el Estado de Derecho emergen como el último límite frente al poder sin contrapesos.
En un momento histórico marcado por la acelerada transformación del poder global y el avance sostenido de procesos de autocratización, el Derecho Internacional y el Estado de Derecho constituyen el principal -y en muchos casos el único- mecanismo efectivo para limitar el arbitrio de los poderosos y prevenir la deriva hacia un orden basado exclusivamente en la fuerza. Lejos de ser una reliquia del pasado, estas instituciones representan la conquista más valiosa de la humanidad para contener el abuso de poder y habilitar la posibilidad de una convivencia internacional ordenada, incluso en contextos de profunda multipolaridad.
La historia del Derecho ha sido, esencialmente, la historia de buscar límites al poder. Desde la Magna Carta de 1215 hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el constitucionalismo moderno, el Derecho cumple un rol fundamental para limitar los abusos de quienes detentan el poder. Es así como, cada época expresa la tensión entre las formas que adopta el poder y los mecanismos diseñados para contenerlo. Hoy, esa tensión es global y acelerada.
Vivimos un escenario de redefinición en el que los grandes actores compiten por esferas de influencia en un mundo multipolar. China impulsa BRICS+ como alternativa al dólar y al multilateralismo occidental; Rusia desafía el orden de seguridad europeo; y Estados Unidos, bajo la administración Trump, prioriza “América Primero” y rechaza reglas internacionales que no le convengan. Con el poder mundial en plena transformación, los instrumentos disponibles parecen insuficientes. El orden unipolar post-1991 se descompone hacia un mundo multipolar difuso, con fragmentación en instituciones como la (Organización de las Naciones Unidas) ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), paralizadas por rivalidades entre EE.UU., China y Rusia.
Sin reglas nuevas, las antiguas intentan imponer límites, pero se revelan inadecuadas. Un ejemplo claro es la declaración de Trump en su entrevista con The New York Times del 8 de enero de 2026, donde afirmó que el único límite a su poder global es “mi propia moralidad, mi propia mente” (“My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me”), y agregó “I don’t need international law”. Esto ilustra cómo las potencias pueden ignorar tratados, la ONU o el derecho internacional humanitario.
El desafío central es forjar nuevos límites al poder y una institucionalidad que los sustente. Necesitamos coaliciones modulares y mecanismos híbridos que combinen lo regional con lo global, sin caer en parálisis.
En tiempos de crisis como el actual, tal como sostiene Raúl Zaffaroni, resulta crucial mantener y reivindicar un “deber ser” claro: un conjunto de normas éticas y jurídicas compartidas que trasciendan la voluntad arbitraria de los poderosos. Hoy, ese “deber ser” es, precisamente, el Derecho Internacional y el Estado de Derecho. Ante la tentación de la “ley del más fuerte” y la impunidad que genera la multipolaridad desregulada -con violaciones flagrantes en Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán u otros conflictos-, el Derecho Internacional ofrece el único marco normativo universal que puede prevenir la escalada de agresiones oportunistas, garantizar la igualdad soberana de los Estados y servir como base para coaliciones que defiendan la paz, los derechos humanos y la cooperación global. Sin este piso mínimo común, el riesgo de caos y errores de cálculo aumenta drásticamente; con él, se abre la posibilidad de un multipolarismo ordenado y constructivo.
Una mirada histórica nos recuerda que hemos atravesado momentos tan graves o peores que el actual: los totalitarismos de los años 1930, con el ascenso del fascismo y nazismo, el colapso democrático en Europa y el fracaso de la Sociedad de Naciones; el caos de las guerras mundiales entre 1914 y 1945, con genocidios y ausencia total de límites internacionales; o las dictaduras respaldadas por superpotencias durante la Guerra Fría. Estos regímenes erosionaron el Estado de derecho a niveles extremos, con suspensiones constitucionales y control totalitario.
De esas crisis surgieron las mayores conquistas del Estado de derecho moderno: la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la prohibición de la agresión y mecanismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, fortalecida post-dictaduras). Estas conquistas representan tiempos de construcción de institucionalidad para la protección nacional e internacional de los derechos humanos. No fueron concesiones gratuitas; nacieron de la resistencia ciudadana, la reflexión colectiva y la voluntad de limitar el poder arbitrario. Hoy, ante una multipolaridad desregulada y 25 años de degradación autoritaria, el desafío no es inédito: es una invitación a extraer esas lecciones y actualizarlas, no a declarar la derrota.
El Estado de Derecho ha sido, a lo largo de la historia, la respuesta más consistente y eficaz frente al poder concentrado y arbitrario. Su progresiva apertura al ámbito internacional ha ampliado y perfeccionado los mecanismos de protección contra abusos tanto nacionales como transnacionales. Sin embargo, esta misma conquista institucional -que parecía consolidada tras las lecciones del siglo XX- enfrenta hoy una regresión preocupante en diversas regiones del mundo.
Entre los ejemplos más representativos de esta dinámica actual se encuentran:
El Salvador bajo Bukele: régimen de excepción prolongado desde 2022, con detenciones masivas (más de 80.000 personas), suspensión de garantías y control sobre el poder judicial, pese a la alta aprobación popular por la reducción de la violencia.
Hungría con Orbán: packing judicial, control de medios y erosión de checks and balances, que ha dado paso a una verdadera “autocracia electoral”.
India bajo Modi: leyes que restringen libertades (ej. ciudadanía, protestas), con declive en el Estado de Derecho según informes internacionales.
EE.UU. bajo Trump: amenazas internas con base en una política migratoria abusiva y violenta; y acciones internacionales al margen del Derecho Internacional (agresión armada en Venezuela, amenazas de anexión de Groenlandia, amenazas a Cuba, Colombia y México, entre otros).
En este contexto de regresión, la denuncia internacional y el uso estratégico de los mecanismos de protección de derechos humanos constituyen herramientas indispensables. La activación de procedimientos ante órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional o los relatores especiales permite visibilizar violaciones sistemáticas, generar presión política sobre los Estados responsables y, en muchos casos, obtener medidas de protección concretas para las víctimas.
Más allá de su dimensión reactiva, estos mecanismos adquieren especial relevancia cuando se emplean de manera estratégica: combinando acciones simultáneas a nivel interno (litigios constitucionales, recursos de amparo, demandas colectivas) con intervenciones internacionales, se crea un efecto de amplificación que dificulta la impunidad y fortalece la legitimidad de las demandas ciudadanas. Esta articulación entre lo nacional y lo supranacional no solo preserva espacios de resistencia, sino que contribuye de manera decisiva a la reconstrucción progresiva del Estado de derecho en contextos de regresión autoritaria.
Por último, siempre se debe tener presente que son los pueblos quienes, en última instancia, garantizan su propia libertad. Hoy cuentan con mejores herramientas que en el pasado: redes sociales para movilización global, ONGs transnacionales, cortes internacionales (CPI, CIDH), monitoreo ciudadano y precedentes de reversión (como Polonia post-2023 o Brasil en “reconstrucción” democrática). Por eso urge preservarlas y profundizarlas: fortalecer independencia judicial, libertad de prensa y educación en derechos humanos.
En estos tiempos de incertidumbre es necesario reafirmar que no asistimos al ocaso del Derecho, sino a una nueva etapa de su necesaria defensa y actualización. La historia demuestra que los momentos de mayor crisis han sido también los de mayores avances institucionales. La tarea que nos corresponde hoy es precisamente esa: resistir la tentación del poder sin límites, preservar las herramientas existentes -incluyendo el uso estratégico de los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional-, y contribuir, desde la región latinoamericana, a la construcción de un orden multipolar que no renuncie al Estado de Derecho ni a la dignidad humana como principios rectores.
Citación académica sugerida: Nash Rojas, Claudio. Tiempos de Crisis: El Derecho como Último Límite al Poder. Agenda Estado de Derecho. 2026/01/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-como-ultimo-limite-al-poder/
Palabras clave: Derecho internacional, Estado de derecho, autocratización
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Abogado y doctor en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es académico de la Universidad de Chile, consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coordina el Grupo de Estudios sobre Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional de la Fundación Konrad Adenauer.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
