Fosas clandestinas, negación e impunidad. La anatomía de las desapariciones en México
28 de Noviembre de 2025
El artículo examina la crisis de desapariciones forzadas en México tras la activación del artículo 34 por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada , que evidencia una práctica sistemática y un patrón de impunidad estatal.
La crisis de derechos humanos en México ha llegado a un punto de inflexión: el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha invocado el artículo 34 de la Convención, concluyendo que la desaparición forzada podría ser generalizada o sistemática. Este paso sin precedentes eleva la crisis mexicana más allá del monitoreo rutinario y se convierte en una prueba de fuego: ¿puede una democracia del G20 aceptar una supervisión internacional efectiva y producir resultados verificables, o se refugiará en la negación?
El 18 de septiembre de 2024, investigadores hallaron fosas clandestinas en un rancho de Teuchitlán, a menos de 60 kilómetros del centro de Guadalajara. Las autoridades locales negaron inicialmente hallazgos adicionales hasta el 5 de marzo, cuando se confirmaron seis lotes óseos en cuatro sitios distintos dentro de la misma propiedad. El impacto público fue inmediato y el lugar pasó a conocerse como el “Auschwitz mexicano”.
Este descubrimiento no es una excepción ni está confinado a una región del país. El 11 de marzo de 2025, aparecieron más fosas clandestinas en condiciones similares en Reynosa, Tamaulipas, en el norte. Apenas tres meses antes, se habían exhumado 72 cuerpos en Chihuahua. Estos sitios no solo son evidencia, sino un síntoma de cuán fácil y rutinariamente las personas desaparecen en México.
Entre 2006 y 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda registró más de 5,000 fosas clandestinas a lo largo y ancho del país. Las cifras exhiben tanto la magnitud de la violencia como el carácter sistemático de la desaparición como una práctica recurrente, sostenida por una impunidad casi total que ronda el 99%.
Entender qué está en juego exige distinguir dos dimensiones de responsabilidad: la responsabilidad penal de individuos —determinada principalmente en tribunales nacionales— y la responsabilidad internacional del Estado, que se activa cuando este no previene, investiga, sanciona y repara. Desdibujar ese límite distorsiona la responsabilidad y consolida la impunidad.
No sorprende que el fenómeno haya generado honda preocupación en el CED y otros órganos internacionales de supervisión.
Tras su visita a México en 2021, el CED ya había identificado patrones preocupantes: persistencia de desapariciones, participación de autoridades locales y un sistema de justicia incapaz de responder eficazmente. El Comité instó a México a fortalecer sus capacidades de búsqueda, proteger a quienes buscan a sus seres queridos y adoptar un enfoque genuinamente preventivo.
El 4 de abril de 2025, por primera vez en la historia, el Comité activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención respecto de México, que prevé llamar la atención de la Asamblea General y recomendar medidas para detener la práctica, garantizar reparaciones y reforzar la prevención. El 21 de octubre de 2025, durante la sesión del Tercer Comité de la 80ª Asamblea General, el Relator del CED confirmó que el caso de México había ingresado formalmente este proceso.
En un “tiempo de monstruos” México se erige como caso definitorio: uno que revelará si el derecho internacional de los derechos humanos todavía puede transformar normas en consecuencias, dentro de democracias, a una escala significativa y en tiempo real.
Durante la sesión, la representación de México rechazó la decisión del Comité, alegando que el artículo 34 debería aplicarse solo en “circunstancias excepcionales”. La respuesta de la Cancillería llegó de inmediato. Reconoció el “fenómeno de la desaparición forzada principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, pero desestimó las afirmaciones del Comité por “infundadas e inadmisibles”.
En una conferencia de prensa el 27 de octubre, la presidenta Sheinbaum reforzó esta línea: “Lamentablemente las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado (…) Eso se ha manifestado varias veces, y seguimos pues trabajando con ellos para que sea reconocido de esta manera”.
Esta narrativa oficial es insuficiente. México está obligado por múltiples tratados internacionales a prevenir y sancionar la desaparición forzada, incluidas las Convenciones Interamericana e Internacional. Es además parte de la Corte Penal Internacional y, en 2017, adoptó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, los argumentos del gobierno, en última instancia, desplazan la responsabilidad de las obligaciones jurídicas del Estado. Esta desviación arriesga perpetuar la impunidad en lugar de enfrentarla.
En el núcleo del problema hay dos vías paralelas pero complementarias de responsabilidad. La responsabilidad penal individual apunta a los autores materiales e intelectuales del delito: funcionarios, fuerzas de seguridad o colaboradores que actúan con autoridades. Se persigue ante tribunales penales nacionales (caso Radilla Pacheco, párr. 301; caso Alvarado Espinoza, párr. 196; caso González Méndez, párr. 177).
En contraste, la responsabilidad internacional del Estado surge cuando conductas atribuibles a órganos o agentes estatales —o fallas en su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar— vulneran obligaciones internacionales (caso Radilla Pacheco, párr. 158). No es necesario que el Estado haya actuado directamente: su tolerancia, aquiescencia o inacción bastan para generar responsabilidad internacional (caso González Méndez, párr. 177). El derecho internacional no reconoce la responsabilidad penal del Estado (Bosnia vs. Serbia, párrs. 170–173).
En suma, procesar individuos no exime al Estado de sus responsabilidades, como tampoco el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado determina la culpabilidad individual. Cada vía de responsabilidad complementa y refuerza a la otra.
La crisis de desaparición forzada en México ha entrado en una fase decisiva bajo supervisión internacional. Con la activación, por primera vez, del artículo 34 por parte del CED, el proceso pasa del reporte rutinario a la verificación urgente. El descubrimiento continuo de fosas clandestinas contradice cualquier afirmación de que estas desapariciones son hechos aislados; revelan una crisis sistémica. La descalificación pública del gobierno puede resultar políticamente conveniente, pero socava cada vez más la credibilidad de México frente a la evidencia empírica acumulada y a las expectativas internacionales.
Dos regímenes entrelazados de responsabilidad están en juego. Investigaciones penales independientes deben identificar y sancionar a los responsables, sean agentes estatales u otros. Desdibujar estas líneas debilita ambos mecanismos: los procesos penales no sustituyen el cumplimiento sistémico, ni los hallazgos internacionales reemplazan el debido proceso. El artículo 34 apunta a comprobar si México puede armonizar estos deberes y producir avances medibles, no meramente retóricos.
Si un Estado con peso regional resiste el escrutinio en vez de cooperar, se normaliza la desobediencia y se erosiona la autoridad de los órganos de tratados. Si coopera, el artículo 34 puede convertirse en modelo operativo: fijar metas, plazos y verificaciones independientes para reducir desapariciones e impunidad. México, por su tamaño e influencia, define el estándar para otros países que enfrentan crisis similares.
Nota del autor. El artículo fue publicado previamente en inglés y se encuentra disponible en:https://verfassungsblog.de/mass-graves-denial-and-impunity/
Citación académica sugerida: González Espinosa, Rodolfo. Fosas clandestinas, negación e impunidad: la anatomía de la desaparición forzada en México. Agenda Estado de Derecho, 2025/11/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/fosas-clandestinas-mexico/
Palabras clave: México, desaparición forzada, fosas clandestinas, Derechos Humanos
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Doctorando en la Universidad de Göttingen (Alemania), investigador adscrito y secretario general del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma universidad.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
