Trump, el Caribe y la ficción jurídica de un conflicto armado
19 de Noviembre de 2025
¿Puede EE. UU. invocar la autodefensa para justificar operaciones militares en el Caribe? El autor analiza los límites del derecho internacional frente al uso de la fuerza y la militarización.
En agosto de 2025, el presidente Donald J. Trump anunció una nueva y masiva operación antinarcóticos en el Caribe. El objetivo declarado es proteger a EE. UU. del ingreso de drogas sudamericanas, especialmente de Venezuela, justificando un gran despliegue militar frente a las costas venezolanas.
Más allá del cálculo electoral o de la presión diplomática, la operación plantea interrogantes jurídicas de fondo:
¿Puede un Estado invocar el derecho a la autodefensa o el marco del conflicto armado para justificar el uso de la fuerza contra redes criminales transnacionales?
¿Qué límites impone el derecho internacional y los derechos humanos en contextos de esta naturaleza?
El discurso oficial ha intentado responder afirmativamente a la primera pregunta, pero la evidencia jurídica sigue apuntando en la dirección opuesta.
El punto de partida es el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza. La excepción es la legítima defensa frente a un “ataque armado” (artículo 51). El problema surge al expandir este concepto para incluir amenazas difusas como el narcotráfico. Por pernicioso que sea, este fenómeno no constituye un “ataque armado” en el sentido del derecho internacional. La doctrina y la jurisprudencia son claras: un ataque armado implica una agresión militar atribuible a un Estado (directamente o por control efectivo de un grupo no estatal). Extender esta noción a organizaciones criminales no estatales vacía el contenido de la norma fundante del sistema. Si el narcotráfico legitimara la autodefensa armada, cualquier Estado podría desplegar operaciones militares en terceros territorios sin control. La operación del Caribe se apoya en una ficción: que el tráfico de drogas es una forma de agresión armada contra EE. UU. A la luz del derecho vigente, esta interpretación es insostenible.
El segundo pilar del razonamiento de Washington fue caracterizar su acción como parte de un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles y los facilitadores de estas economías ilegales. Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente a la luz del caso Tadić del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, exige dos criterios acumulativos para calificar una situación como tal:
1. Nivel de organización del grupo armado, con cadena de mando, capacidad de planificación militar y disciplina interna.
2. Intensidad de las hostilidades, es decir, enfrentamientos armados sostenidos y recíprocos.
Los cárteles de la droga no cumplen – en principio – ninguno de estos criterios. Son redes criminales descentralizadas orientadas al lucro ilícito, no fuerzas beligerantes con fines políticos o de control territorial. Tampoco existe en el Caribe una violencia recíproca y continua que alcance el umbral de hostilidades armadas. Asimismo, la hipotética facilitación estatal a través del denominado “Cartel de los Soles” no parece indicar que las fuerzas armadas venezolanas estén involucradas en una confrontación militar directa contra los EE.UU, al grado de justificar la invocación del derecho de autodefensa por parte de estos.
Por tanto, no existe conflicto armado alguno, ni internacional ni interno, que justifique el desplazamiento del marco jurídico aplicable. Los incidentes registrados, como el hundimiento de embarcaciones sospechosas, son operaciones de aplicación de la ley con uso desproporcionado de la fuerza, no actos de guerra.
Al no existir un conflicto armado, el marco regulador de la conducta estatal no es el DIH sino el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Bajo este régimen, las fuerzas estatales, incluidas las militares cuando actúan en apoyo de tareas policiales, están sujetas a principios estrictos.
El principio de absoluta necesidad exige que el uso de la fuerza letal sea un recurso de último extremo, inevitable para proteger vidas humanas ante una amenaza inminente. El principio de proporcionalidad, por su parte, impone que la intensidad de la fuerza empleada guarde relación directa con la gravedad de la amenaza.
Cuando agentes estatales disparan contra lanchas rápidas y causan la muerte de sus tripulantes —quienes son solo sospechosos de un delito, no combatientes—, se configura una privación arbitraria de la vida. En los términos del DIDH, tales actos constituyen ejecuciones extrajudiciales.
El enfoque jurídico correcto habría sido la interdicción, detención y procesamiento judicial de los sospechosos, garantizando su derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. La militarización de estas operaciones solo erosiona el Estado de Derecho y desplaza las garantías esenciales del orden jurídico internacional.
UU. ha resucitado la categoría de “unlawful combatants” o “combatientes ilegítimos”. Esta categoría no existe en el derecho internacional, que solo distingue entre combatientes (atacables) y civiles (protegidos). Al etiquetar a los narcotraficantes de este modo, EE. UU. crea un vacío jurídico artificial que suspende simultáneamente las garantías del DIH y del DIDH. Esta es una categoría funcional para justificar la violencia estatal sin rendición de cuentas, un precedente peligroso: la expansión ilimitada del poder coercitivo del Estado bajo un marco semántico de guerra, pero sin guerra real que lo legitime.
El uso de la fuerza militar como herramienta principal contra el narcotráfico ha demostrado ser ineficiente y contraproducente. Experiencias regionales confirman que la militarización de la seguridad pública no reduce la violencia, pero sí incrementa las violaciones de derechos humanos y la impunidad. La lógica del enemigo —propia del ius in bello— desnaturaliza la función civil de la seguridad, diluye los controles judiciales y normaliza la excepcionalidad. En el Caribe, esta deriva se manifiesta con particular crudeza: operaciones letales sin rendición de cuentas, víctimas invisibles y una peligrosa erosión del principio de responsabilidad internacional. El resultado final no es la reducción del narcotráfico, sino la
El despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas no solo desafía las normas sobre el uso de la fuerza, sino que amenaza con cruzar el umbral de la agresión en una potencial escalada, prohibida expresamente por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU.
Un ataque directo en aguas jurisdiccionales o territorio venezolano reconfiguraría de inmediato el escenario regional. Más allá de la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro, la comunidad internacional —incluidas las democracias occidentales— se vería obligada a condenar una acción que violara la integridad territorial de un Estado soberano.
El principio de no agresión es uno de los pilares del sistema internacional contemporáneo. Su erosión, aun bajo la justificación de combatir el crimen transnacional, ahondaría la peligrosa grieta que viene sufriendo paulatinamente en este siglo la arquitectura jurídica que sostiene la paz.
La operación en el Caribe es paradigmática: pretende utilizar el derecho internacional para legitimar políticas de fuerza. Redefinir conceptos como “conflicto armado” o “autodefensa” erosiona la claridad normativa y debilita la legitimidad del sistema internacional. La lucha contra el narcotráfico es legítima, pero no autoriza la militarización ni la suspensión del orden jurídico. El derecho es el marco que impide que el poder se convierta en arbitrariedad. Como recordó la CIJ en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986): la fuerza no es un medio legítimo para resolver disputas. El respeto al derecho internacional no es debilidad, sino la única garantía de que los fines, por nobles que parezcan, no destruyan los principios sobre los cuales se funda el orden mundial. El narcotráfico exige cooperación judicial y persecución financiera, no una intervención militar ilegítima. El orden global se defiende con el respeto estricto al Derecho Internacional y el uso de sanciones dirigidas, evitando invocar la guerra donde solo existe un desafío de aplicación de la ley y corrupción estatal.
Citación académica sugerida: Gómez Guaimara, Simón. Trump, el Caribe y la ficción jurídica de un conflicto armado. Agenda Estado de Derecho, 19/11/2025. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/trump-el-caribe-y-la-ficcion-juridica-de-un-conflicto-armado/
Palabras clave: Derecho Internacional Humanitario, Caribe, Estados Unidos.
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Abogado summa cum laude por la Universidad de Carabobo y Máster en Derecho Internacional Público por The London School of Economics and Political Science. Ha sido profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente, se desempeña como consultor en justicia internacional y Derechos Humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
