Es poco probable que en 1803, el Juez John Marshall al expedir la célebre decisión Marbury vs Madison se hubiera imaginado la trascendencia que la misma iba a tener en los próximos siglos para los sistemas políticos. Con esta decisión, la Constitución de Filadelfia de 1787 se convirtió en la suprema fuente del derecho norteamericano y la pauta que debía seguir el legislador estadounidense para saber cuáles leyes podían dictarse y cuáles no.

Tras su adopción, casi todas las repúblicas americanas, dentro de las que se incluye Colombia, adoptaron tal sistema (en Colombia se hizo con la reforma constitucional de 1910 tras la caída del gobierno de Rafael Reyes) y hoy día es quizá el rasgo más importante del constitucionalismo del hemisferio occidental.  Tal como apunta Alfonso López Michelsen en su obra “El Estado Fuerte”: Para la ideología liberal, dentro del cual se enmarca la gran mayoría de constituciones modernas, el control jurisdiccional de las leyes o sistema de inconstitucionalidad, representa una gran contribución al derecho público y a las garantías de los derechos individuales. Sin embargo, es también el sistema a través del cual la Constitución de un Estado, sin importar la fecha de su expedición o la ideología en que se haya inspirado, se convierte en una valla infranqueable en boca de los magistrados de los tribunales constitucionales.

Cada vez más surgen desde la ciencia constitucional estudios que dan cuenta de la existencia de un “gobierno de los jueces”. Ya lo ponía de presente John H. Ely en 1980: “La función central y a la vez el problema central del control constitucional consiste en que una institución que no es electiva o políticamente responsable de un modo significativo diga a los representantes electos del pueblo que no pueden gobernar como quieren”.

Y es que este régimen de culto a la Constitución en el que se encuadran los Estados modernos afecta a todas sus ramas, tal como fue sintetizado por López Michelsen, quien fuera expresidente de Colombia y teórico del derecho constitucional: “El ejecutivo estará sometido en la ejecución de sus actos a las normas trazadas por el legislador. El judicial impartirá justicia aplicando la Constitución y las leyes. El órgano legislativo solo podrá dictar aquellas leyes que no se consideren contrarias al derecho contenido en la Constitución, y ejercerá teóricamente la más importante de las funciones dentro del Estado: la de dictar normas imperativas generales y abstractas para organizar la vida social (…)”.

Este contexto sirve para que el lector entienda cuando termine de leer este texto lo paradójico de lo que en la práctica sucede en la democracia colombiana moderna en lo atinente a la elección de magistrados de la Corte Constitucional, institución que tiene a su cargo, a la luz      del artículo 241 de la Constitución de 1991 “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.