El 16 de febrero de 2022, la Comisión Interamericana sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Chirinos Salamanca y otros, basado en violaciones a derechos humanos cometidas luego del 10 de septiembre de 2013. El Estado venezolano —representado por el Gobierno de Maduro— planteó excepciones preliminares, basadas principalmente en el desconocimiento del depósito de la Convención realizada en 2019, pues el presidente de la Asamblea Nacional, según esta posición, no podía ejercer las facultades de la Presidencia. Indirectamente, estas defensas llevaron el tema del reconocimiento del Gobierno de Venezuela a la Corte Interamericana, como ya había sucedido en distintas controversias en tribunales del Reino Unido y Estados Unidos.

Estas fueron, precisamente, las excepciones consideradas y rechazadas en la sentencia de la Corte IDH de 22 de agosto. En tal sentido, la sentencia puede resumirse en tres principios que marcan un precedente importante en materia de ratificación de la Convención.

El primer principio que la Corte aceptó es que la determinación de cuáles son los Estados parte de la Convención debe efectuarse tomando en cuenta el servicio de depósito de la Secretaría, tal y como explicamos en el amicus que presentamos en este caso (párrafos 49 y 50).

El segundo principio que la Corte IDH sostuvo es que, en caso de disputas sobre la organización que puede representar a Venezuela ante el Sistema, debe prevalecer la decisión de los órganos políticos de la OEA, en especial, el Consejo Permanente y la Asamblea General. Para la Corte, las decisiones de estos órganos aceptando al representante designado por el presidente encargado fueron el resultado de un proceso deliberativo inherente a la institucionalidad de la OEA, cuyo propósito final fue hacer valer la garantía colectiva para garantizar la permanencia en el sistema interamericano, en sintonía con la Opinión Consultiva 26/20, sobre los efectos de la denuncia de la Convención (párrafos 47 y 55).

El tercer principio, y el más relevante, versa sobre la interpretación de la ratificación y depósito, que no solo debe guiarse por el Derecho internacional de los tratados, sino además por el principio pro persona, pilar de la Convención (párrafo 50). Como los profesores Ayala, Goldman, Grossman, Méndez, Martín y Ortiz de American University concluyeron en un extenso amicus, la interpretación sobre la ratificación con efectos retroactivos realizada en 2019 debía tomar en cuenta que la denuncia efectuada en 2012 fue resultado de un contexto de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos.

Así, y reiterando la citada Opinión Consultiva 26/20, la Corte recordó que la denuncia de la Convención, de acuerdo con el principio de buena fe, no puede realizarse en circunstancias en las cuales la denuncia pueda repercutir, adversamente, en los derechos humanos (párrafo 59). En concreto, cuando la denuncia se realiza en un “contexto de erosión o ruptura del orden democrático o de graves afectaciones al principio de separación de poderes conforme a la Carta Democrática Interamericana y a los estándares desarrollados por esta Corte en su jurisprudencia”, la legitimidad de la denuncia queda comprometida (párrafo 61). La democracia representativa es un principio rector para alcanzar los derechos reconocidos en el Sistema Interamericano, no solo con fundamento en la Convención sino, en general, en la propia Carta de la OEA (párrafo 63).

Precisamente, la denuncia de la Convención por Venezuela, para la Corte, se efectuó en condiciones que reflejaban el “deterioro sostenido de las condiciones institucionales propias de un Estado Democrático de Derecho” (párrafo 66). Citando la sentencia de 10 de octubre de 2024 en el caso Capriles vs. Venezuela, la Corte recordó las condiciones de grave deterioro democrático bajo las cuales la denuncia surtió efectos en 2013 (párrafo 67), todo lo cual reforzó la interpretación que respalda los plenos efectos jurídicos de la ratificación y depósito de la Convención realizada en 2019 por el presidente encargado, con efectos retroactivos (párrafo 68).