La sentencia del OLG Hamm deja un mensaje inequívoco: los grandes emisores pueden ser jurídicamente responsabilizados en principio. Pero también subraya que tan difícil resulta trasladar la lógica difusa, acumulativa y global del cambio climático al marco jurídico de la responsabilidad individual.

Desde esa perspectiva, la sentencia de rechazo evitó una posible avalancha de demandas contra empresas alemanas, que habría generado distorsiones competitivas frente a actores económicos de países como China o Estados Unidos. Los propios demandantes sabían que presentar una acción similar en esos países habría sido jurídicamente inviable. ¿Por qué, entonces, debería recaer la responsabilidad precisamente en una empresa alemana, que además ha cumplido con todas las normativas vigentes? Una condena habría sentado un precedente riesgoso para la seguridad jurídica del sector empresarial alemán, sin resolver la dimensión estructural del problema.

La justicia se enfrenta aquí a un dilema: cada vez más, organizaciones de la sociedad civil intentan judicializar metas climáticas que no han logrado imponer en la arena política. Pero es función de los jueces aplicar e interpretar el derecho, no sustituir al legislador. Es tarea de los gobiernos democráticamente legitimados que deben diseñar una política climática eficaz y justa a escala global. La solución al cambio climático no vendrá solamente por decisiones judiciales aisladas, sino sobre todo por voluntad política multilateral.

Y sin embargo, para América Latina –una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático–, esta sentencia tiene una relevancia simbólica y práctica considerable. Muestra que es posible interpelar a actores del Norte Global desde el Sur y que la exigencia de justicia climática puede hacerse oír incluso en tribunales europeos.

En definitiva, el fallo del OLG Hamm envía una doble señal. Por un lado, marca los límites jurídicos actuales de la responsabilidad empresarial frente al cambio climático. Por otro, hace visible algo que en Alemania a menudo se ignora: que el modelo económico del Norte tiene consecuencias muy concretas y a menudo devastadoras en el Sur Global. El caso de Lliuya no logró una victoria jurídica, pero sí una victoria moral. Tal vez haya sido una negativa judicial, pero fue sin duda una advertencia en términos políticos. Una advertencia de la lucha del Sur Global por una justicia climática transnacional adquiere creciente legitimidad, de que las fronteras estatales ya no constituyen una barrera infranqueable para la atribución de responsabilidades —y de que los tribunales, gradualmente, comienzan a reconocer la dimensión global de las afectaciones climáticas.