La Corte IDH tiene una amplia jurisprudencia sobre reparaciones. Dedica al tema un apartado específico en sus sentencias y es un asunto que forma parte del contradictorio entre las partes. Es decir, la Comisión Interamericana, el Estado y las víctimas no sólo debaten ante la Corte IDH los hechos y las violaciones de derechos humanos, sino también las maneras en las que deben remediarse.

La Corte IDH organiza las reparaciones en diferentes categorías:

i. Medidas de restitución: se dirigen a restituir las cosas, en la medida de lo posible, al estado en el que se encontraban antes de la violación de derechos humanos. La Corte IDH incluye aquí medidas de muy distinto tenor, como dejar sin efecto sentencias judiciales adoptadas en procesos que violaron derechos, reincorporar a trabajadores o funcionarios removidos de sus empleos, restituir tierras a poblaciones desplazadas o posibilitar su regreso a ellas, restituir el goce de ciertos bienes materiales e inmateriales, entre otras.

ii. Medidas de satisfacción: se dirigen a reconocer a las víctimas en el plano subjetivo y a crear conciencia social sobre la violación de derechos. Pueden mencionarse la publicación de las sentencias de la Corte IDH, los pedidos de disculpas a las víctimas y a sus familiares, los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional, el diseño de distintos tipos de homenajes (memoriales, placas recordatorias), la provisión de subsidios, becas laborales o de estudio, entre otras.

iii. Medidas de rehabilitación: exigen a los Estados proveer servicios de atención médica, psicológica o psiquiátrica a las víctimas y familiares. Es fácil advertir que las violaciones de derechos humanos generan daños importantes en esa dimensión y por ello la Corte Interamericana contempla esta medida cuando existe voluntad de los beneficiarios.

iv. Medidas de indemnización: exigen a los Estados compensar el daño “material” e “inmaterial” ocasionado a las víctimas. Las sumas de dinero de las indemnizaciones dependen de cada caso, según las violaciones de derechos declaradas y su impacto en los damnificados. La Corte utiliza con frecuencia un criterio de compensación “en equidad” y no se rige por los mecanismos de cuantificación de los sistemas locales.

v. Medidas de investigación y de sanción: se disponen frente a violaciones a los deberes de debida diligencia estatal (art. 8 y 25, CADH). Exigen a los Estados la investigación adecuada de sucesos impunes en el ámbito interno y la eventual sanción de sus responsables.

vi. Garantías de no repetición: exigen a los Estados implementar una amplia gama de medidas para que los hechos juzgados no vuelvan a repetirse. Tienen como objetivo abordar dimensiones estructurales y pueden involucrar modificaciones legislativas o reglamentarias, el diseño y la ejecución de políticas públicas, la capacitación de funcionarios y agentes del Estado, el diseño de protocolos de actuación, la creación de registros estadísticos o la elaboración de planes de acción y de actividades de difusión, entre otras. Aspiran a revertir las condiciones subyacentes que permitieron la violación de derechos humanos.