Disponer de un sistema de justicia electoral eficaz es clave para el Estado de derecho y es una garantía fundamental para asegurar que las elecciones sean libres, justas y auténticas, conforme al principio democrático. La justicia electoral en Latinoamérica enfrenta desafíos complejos y multifacéticos en un contexto caracterizado por la diversidad sociopolítica y una alta polarización. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres sufren de manera diferenciada las afectaciones de la violencia política? ¿Qué sucede cuando esas agresiones las saca de la arena pública y las reduce a estereotipos de género?

El aumento de la violencia política en los procesos electorales de la región es cada vez más evidente, manifestándose en intimidaciones, agresiones físicas y simbólicas, e incluso asesinatos de candidatas y candidatos. Las elecciones en México 2023-2024 han sido las más violentas en su historia y se ha visto violencia electoral en otros países de la región como Colombia, Ecuador y Brasil. Es fundamental implementar medidas de seguridad adicionales para prevenir la violencia política, proteger a las candidatas y los candidatos y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

La perspectiva de género saca a la superficie la gravedad de esta violencia política para las sociedades democráticas. Aunque se puede notar un aumento de la representación de las mujeres en la política, se han evidenciado más casos de violencia contra ellas.

La violencia política de género en contextos electorales se manifiesta de diferentes maneras, entre las que se incluyen la alteración o el retraso del proceso de votación, la intimidación coercitiva y las amenazas de daño físico, psicológico o sexual. Esta violencia se emplea con el objetivo de lograr fines políticos específicos y puede ocurrir en cualquier fase del ciclo electoral, desde el registro de votantes, la campaña política, la jornada electoral, hasta el anuncio de los resultados y la formación del gobierno.

La violencia política de género es cualquier acción que busca obstaculizar o anular la participación política de las mujeres por su condición de género. Se diferencia de la violencia que enfrentan los hombres porque está basada en prejuicios de género que buscan perpetuar las desigualdades.

Mujeres que participan en la política muchas veces son víctimas de discriminación, por medio de comentarios sexistas y ridiculización de sus propuestas. Muchos partidos en Latinoamérica aún se resisten a proponer mujeres como candidatas presidenciales, relegándolas a roles de apoyo. Esto agrava las desigualdades sociales perjudicando a la democracia, porque afecta el derecho de igualdad de las mujeres y previene que ellas y otros grupos históricamente discriminados se sientan representados.

Es importante analizar la violencia política contra mujeres desde la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, faltan mecanismos o instancias de protección, investigación y sanción de las agresiones que ellas pueden enfrentar en la política, lo que invisibiliza el problema que existe a gran escala. Esta violencia no solo socava los derechos humanos fundamentales de las mujeres, sino también debilita la democracia y la integridad de los procesos electorales.

Aunque existen varios instrumentos internacionales y en los países de la región se ha logrado un avance considerable en la creación de marcos normativos que definen y sancionan la violencia política de género desde un enfoque administrativo, sigue siendo necesario garantizar que estos actos sean sancionados de manera que se reconozca su impacto directo en la validez de los procesos electorales.

Por ejemplo, un fallo reciente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló la validez de la elección en la alcaldía de Cuauhtémoc. La candidata de la alianza Va X la CDMX (PAN, PRI y PRD), Alessandra Rojo de la Vega, ganó la votación el pasado 2 de junio. Pero, en su sentencia del 31 de agosto de 2024, el pleno de la instancia electoral acreditó actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, cometidos por Rojo de la Vega contra la candidata del partido Morena, Catalina Monreal.

Monreal afirma que, durante la campaña, Rojo de la Vega la invisibilizó y anuló al centrarse exclusivamente en su padre, Ricardo Monreal, exsenador de Morena, en lugar de hablar de ella como candidata.

El TECMDMX, en voto dividido, determinó que hubo “una violencia simbólica, invisibilización y familismo, ejercida a través de diversas manifestaciones, efectuadas sistemáticamente, con base en un nexo familiar y utilizando estereotipos negativos de género, negó la individualidad de la entonces candidata Catalina Monreal y con ella el reconocimiento de sus derechos político-electorales”. La decisión se refirió al artículo 114, X de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que establece como una causa de nulidad de una elección cuando hay una existencia de violencia política de género.

La decisión ha sido objeto de críticas, más que por la sustancia de esta, por la posible influencia indebida de actores políticos del entorno de la familia Monreal, que ha sido históricamente influyente en la Ciudad de México. Esto destaca la necesidad de analizar cuidadosamente las dinámicas de poder involucradas.

Rojo de la Vega presentó una impugnación, que será revisada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y, si procede, por la Sala Superior. Si ésta, en última instancia, anula la elección, se convocarán elecciones extraordinarias sin su participación.

Antes del 1 de octubre, debe aclararse este asunto que ha sido uno de los casos de violencia política de género más debatidos en México y podría crear un precedente importante en materia de sanciones en para este tipo de violencia, no solo para México, sino para toda América Latina.

Cabe destacar que no es un caso aislado: Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la oposición, alegó que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género en su contra, lo que fue confirmado por el TEPJF. Sin embargo, la ley impide que el presidente sea sancionado por infracciones de índole electoral por lo que sólo se reconoció su responsabilidad, sin que afectó los resultados electorales. Además, Rojo de la Vega misma fue víctima de un intento de homicidio semanas antes de la elección, subrayando la gravedad de la violencia en este proceso electoral.

Estos casos resaltan la dificultad de la complejidad de identificar y sancionar adecuadamente la violencia política de género en un ambiente electoral tenso.

De forma reciente, ha habido un aumento en la jurisprudencia sobre paridad de género en la política en países como México y Colombia. A pesar de las cuotas para impulsar la participación de mujeres en la política, la Corte Constitucional de Colombia reconoce que la paridad no se ha logrado por prejuicios persistentes y la desigualdad en el trabajo de cuidado. La Corte está revisando el Código Electoral y un proyecto de ley para prevenir la violencia política de género. En Bolivia, la Ley N° 243 de 2012 es la única en la región que sanciona la violencia política contra las mujeres, pero sigue habiendo impunidad en muchos casos, reflejando la falta de sanciones efectivas.

Aunque hay avances, es evidente que se necesita una mayor producción jurisprudencial por los tribunales electorales y constitucionales latinoamericanos para enfrentar de manera efectiva la violencia política contra mujeres en contextos electorales y asegurar una participación política equitativa y segura para todas las personas, especialmente con un enfoque en las sanciones de estos actos de violencia y en posibles medidas de reparación. Solo así se podrán garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente los de las mujeres, porque su nula participación en política trae efectos nocivos para toda la sociedad. Es imprescindible que ellas participen en las tomas de decisiones, para así concebir mejores democracias y democratizar los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales.