Cabildo Abierto es un sector político ubicado a la derecha nacionalista del espectro político e integra la coalición de gobierno. Sus legisladores exigieron agregar al proyecto de nueva ley de medios, un artículo que establece que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa y equilibrada entre los actores políticos”.

Se trata de un dispositivo que impone obligaciones de contenido a los medios de comunicación, bajo el reclamo de que buena parte de los medios realizan coberturas sesgadas, no son equilibrados, plurales y abiertos a la opinión de todos los actores políticos.

Si bien el pluralismo y la rigurosidad son principios deseables en el ejercicio periodístico, imponer a los medios y a periodistas requisitos previos, tales como difundir información “seria”, “completa”, “imparcial”, “rigurosa”, “plural” y “equilibrada”, supone condicionamientos que forzosamente el órgano regulador debería evaluar.

El texto en cuestión no es claro respecto a qué tipo de sanciones se aplicarán a quienes no cumplan estas exigencias, ni cómo se va a controlar el cumplimiento de las mismas. Algunos legisladores adelantaron que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), como organismo de aplicación de la ley, debería asumir la supervisión de estos requisitos y, en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones de carácter general que incluye la ley.

Otros de los legisladores que apoyaron el proyecto trataron de explicar que el artículo era una suerte de norma ético-programática, sin una sanción específica y, por tanto, no se aplicarían sanciones en caso de incumplimiento. Finalmente, hubo legisladores de partidos afiliados históricamente a posturas liberales que votaron la ley y llamaron al presidente a vetar este artículo con posterioridad a su aprobación.

Por supuesto que el texto no tardó en recibir críticas no solo a nivel local, sino también de los propios organismos internacionales. Desde el punto de vista de los estándares internacionales, condicionamientos de este tipo constituyen limitaciones que violentan per se el derecho a la libertad de expresión. El Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es claro al respecto: “Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Esto debe ser leído también a la luz del Principio 7 de la misma Declaración, que expresamente aborda limitaciones como la que analizamos: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al declarar que la colegiación obligatoria es incompatible con el artículo 13 de la Convención, estimó que la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar. En los términos de la Convención Americana, las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las «necesarias para asegurar» la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil para la obtención de ese fin, sino que debe ser necesaria, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención.

Al cierre de la presente reseña, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a comienzos de agosto la ley finalmente aprobada por el Parlamento, pero comunicó a la población y al Parlamento que vetaba el artículo 72 de la nueva ley. De manera correcta, el mandatario argumentó que, “sin perjuicio de vulnerar la libertad de industria”, el texto en cuestión supone “una obligación incompatible con la libertad de expresión”, dado que, “no sólo obliga a los medios a cómo deben comunicar”, sino que además define “qué tipos de contenidos deben comunicarse”.